España

PSOE quiere sacar a Franco del Valle de los Caídos

Gobierno de Sánchez pretende que el lugar sea de reconciliación.

Francisco Franco ordenó la construcción del mausoleo y está enterrado allí. Foto: AFP
Francisco Franco ordenó la construcción del mausoleo y está enterrado allí. Foto: AFP

El gobierno socialista de Pedro Sánchez en España quiere retirar los restos del dictador Francisco Franco de su mausoleo en el Valle de los Caídos, para convertirlo en un lugar de "reconciliación".

"Hay ya un acuerdo en el Congreso de los Diputados", declaró ayer lunes la vicepresidenta Carmen Calvo, en referencia a la amplia mayoría de diputados (198 sobre 350) que lo reclamaron en vano en 2017 al entonces gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo es convertir el mausoleo en "un lugar de reconciliación, en memoria de todos los españoles y no de exaltación de una dictadura", señaló por su parte el portavoz del partido socialista (PSOE), Óscar Puente.

Vencedor de la Guerra Civil (1936-1939) provocada por el levantamiento militar contra la Segunda República, Franco está enterrado en el Valle de los Caídos, un complejo monumental que él mismo ordenó construir a 50 km de Madrid, en plena sierra de Guadarrama.

Sus restos reposan cerca del altar de la basílica coronada por una cruz de 150 metros de altura y, su tumba, siempre florida, se ubica junto a la del fundador del partido fascista de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. En nombre de una pretendida "reconciliación" nacional, Franco también ordenó trasladar los restos de más de 33.000 víctimas —del bando nacional y el bando republicano— de la guerra civil, sin avisar a sus familias. El complejo fue construido entre 1941 y 1959 en parte por el trabajo forzado de presos republicanos, algunos fallecidos durante su confinación.

En abril, un grupo de expertos inspeccionó el mausoleo para preparar las exhumaciones de dos víctimas de la guerra enterradas allí, ordenadas por primera vez por la justicia.

El traslado de los restos de Franco, así como los de Primo de Rivera, fue solicitado en un proyecto de ley presentado en diciembre por el PSOE, cuando todavía estaba en la oposición.

La medida sería la última de una serie del nuevo gobierno del presidente Pedro Sánchez con las que busca atraer a votantes de izquierda cuando faltan dos años para las elecciones generales.

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