La Corte Suprema de Brasil rechazó ayer apelaciones presentadas por aliados de la presidenta Dilma Rousseff para detener un proceso de impugnación en su contra iniciado esta semana en el Congreso, una decisión que agudizará la inestabilidad política en la mayor economía latinoamericana.

Los jueces Celso de Mello y Gilmar Mendes rechazaron dos apelaciones de legisladores de la coalición en el poder, incluyendo un recurso presentado por congresistas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

La oposición sostiene que Rousseff violó leyes presupuestarias para salvaguardar estímulos económicos durante su exitosa campaña de reelección el año pasado. Rousseff, que ocupa el cargo desde el 2011 y fue reelecta hace un año, niega haber incurrido en irregularidades.

El vicepresidente Michel Temer, que representaría a Rousseff de concretarse la impugnación y que ha evitado aparecer en público desde el inicio del proceso el miércoles, dijo al diario Folha de S. Paulo que espera que las deliberaciones "pacifiquen" el escenario político brasileño.

Rousseff, quiere acelerar el procedimiento de impeachment preocupada con la ingobernabilidad y la tormenta perfecta que atraviesa el país. "Por la salud de la democracia, debemos defenderla contra el golpe", dijo ayer la mandataria izquierdista expuesta a un juicio político avalado hace dos días por el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.

La presidenta habló en una ceremonia con funcionarios del sector de la salud que se convirtió en un acto político. "No al golpe" y "Fuera Cunha", gritaron los asistentes, algunos de los cuales desplegaron carteles y pancartas con la leyenda "Quédate Dilma".

"No tiene fundamento ese proceso de impeachment", les dijo Rousseff. "Voy a emprender la defensa de mi mandato con todos los instrumentos previstos en nuestro Estado de Derecho", afirmó la exguerrillera. Rousseff no ha sido involucrada directamente en actos de corrupción, pero un grupo de juristas pidió someterla a juicio político por autorizar gastos públicos adicionales sin permiso previo del Congreso.

El ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, dijo este viernes que es positivo para la economía que se haya desatado el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, porque eliminará incertidumbres. "Esa cuestión del impeachment, lo que va a hacer es dar más claridad. En vez de que quede como una amenaza colgada, la enfrentamos", dijo Levy al canal Globo News.

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