La justicia de Estados Unidos y la fiscalía colombiana están preocupadas por la posible suspensión de órdenes de captura a narcotraficantes con pedido de extradición que propone el presidente Gustavo Petro en su política de “paz total”, según dijo ayer el fiscal Francisco Barbosa.
En el marco de una “ley de sometimiento” que Petro envió al Congreso, y que se discutirá en las próximas semanas, el Ejecutivo solicitó suspender las órdenes de captura contra ciertos narcotraficantes, algunos del poderoso Clan del Golfo.
Barbosa se negó a acatar la recomendación alegando una posible obstrucción a la justicia de Estados Unidos, que pide a varios de ellos en extradición. El 28 de enero se reunió en Washington con su par estadounidense, Merrick Garland.
“Encontré un pleno respaldo del Departamento de Justicia, sobre todo por las decisiones que ha tomado la fiscalía en el último mes. En especial, el no levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición”, dijo en entrevista con El Espectador de Colombia.
Según Barbosa, a Estados Unidos le inquieta que se frustren arrestos de narcos debido a las iniciativas de Petro. “Tenemos unas preocupaciones de que siga funcionando la cooperación judicial”, añadió.
Como parte de su iniciativa de “paz total”, Petro se sentó a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país, y planea hacerlo con rebeldes de las FARC que no dejaron las armas tras el pacto de 2016 y grupos dedicados al tráfico de cocaína.
Su propuesta avanza entre críticas por el tratamiento judicial que podría darle a los delincuentes, en negociaciones sin carácter político, a cambio de concederles beneficios legales.
El presidente del Senado, el oficialista Roy Barreras, ha reprobado los anuncios del gobierno al considerarlos demasiado generosos con los traficantes. El viernes anunció que uno de sus hijos abandonó el país por amenazas de muerte.
A falta de que se conozca el texto de la “ley de sometimiento”, crecen las denuncias sobre intereses oscuros a su alrededor. Según el consejero presidencial para la paz, Danilo Rueda, “abogados faltos de ética” están pidiendo dinero a narcos con la falsa promesa de “traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”.
