Rechaza las acusaciones

Cristina en el centro del escándalo

Cada día una revelación de sobornos estremece a Argentina; ella lo niega

Firme: Cristina Fernández sale de la sede judicial tras recusar al juez y al fiscal y negar las acusaciones. Foto: Reuters
Cristina sale de la sede judicial tras recusar al juez y al fiscal y negar las acusaciones. Foto: Reuters

Argentina continúa estremecida. Los Cuadernos de las Coimas, revelados por el diario La Nación abrieron el cauce para conocer la historia secreta de una supuesta red para recaudar dinero de empresarios que tenían contratos de obras y servicios con los gobiernos kirchneristas. A partir de las detalladas anotaciones de Óscar Centeno, el chofer del ex viceministro de Planificación, Roberto Baratta, sobre los cobros, movimientos y traslados de dinero, surgieron los capítulos de lo que parece una novela apasionante, pero todos los indicios apuntan a que es un relato de una asombrosa realidad. Cada día se suma la declaración de un empresario que, a cambio de acogerse al programa de arrepentidos y testigos protegidos, aporta al fiscal Oscar Stornelli y al juez Claudio Bonadio nuevas denuncias de pagos de sobornos a cambio de la obtención de cuantiosos contratos con el Estado.

Las denuncias apuntan, en gran medida, contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y actual senadora, que rechaza las acusaciones por falsas y señala la existencia de una conspiración política entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y la Justicia para perseguirla. Cristina fue citada a declarar por Bonadio, pero se negó a responder las preguntas y entregó un escrito en el que recusó al juez y al fiscal y expuso el plan con fines políticos para dañarla.

Cristina pudo ganarle una batalla a la Justicia. El miércoles, el Senado no tuvo quórum para considerar el pedido judicial de allanar sus domicilios particulares y su despacho en el edificio del Congreso. Debido a que Cristina tiene fueros que impiden su detención y el acceso a sus propiedades inmuebles, el juez necesita la autorización del Senado para buscar las pruebas de una supuesta asociación ilícita que sospecha fue encabezada por el matrimonio Kirchner.

Cuantioso.

El jueves, surgió la primera conexión entre las anotaciones que están en los cuadernos y la cúpula del poder. El empresario Gabriel Romero, de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del Río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional.

El 20% del transporte de cargas del país circula por esa vía.

Asimismo, Romero declaró que le entregaba al secretario de Trasporte Ricardo Jaime un retorno del 10 al 15% de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y una cuota anual de 500 mil dólares para asegurarse el control de los negocios ligados al Transporte.

Romero sostuvo ante el fiscal Stornelli que realizó dos pagos de 300.000 dólares cada uno para que el gobierno firmara el decreto que le aseguró la continuidad del millonario negocio.

Por su parte, el empresario Aldo Roggio admitió ante la Justicia que Techint tenía que pagarle a Jaime el 5% de los subsidios que recibía Metrovías, la empresa concesionaria del subte.

Hombre de los bolsos.

Pero no solo hay testimonios de empresarios, sino también de miembros de los gobiernos kirchneristas. Por ejemplo, José López, el ex secretario de Obras Públicas que se encuentra en prisión desde el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido in fraganti en un convento de General Rodríguez con bolsos que contenían US$ 9 millones, 153.000 euros y relojes Rolex, confesó su participación en el esquema de pagos ilegales que ya atravesó distintas áreas del gobierno kirchnerista y dejó salpicados a una decena de empresarios. López apuntó contra Julio De Vido y la familia Kirchner en su declaración ante el fiscal Stornelli, informaron fuentes oficiales. Después de declarar, pidió ingresar en el programa de testigos protegidos, ya que pudo haber complicado también a otros funcionarios que hasta anoche compartían con él el penal de Ezeiza.

"Hizo aportes sustanciales para la causa", afirmó el fiscal Stornelli en el canal TN. Según pudo reconstruir La Nación de fuentes oficiales, López apuntó hacia "arriba" en la escala jerárquica, que solo completan el entonces ministro De Vido y el matrimonio Kirchner.

López estuvo más de cinco horas junto a su abogado Gustavo Kollmann frente al fiscal Stornelli. Distintos funcionarios judiciales y del gobierno realizaron gestiones frenéticas para acelerar el ingreso al programa de protección a testigos.

El primer beneficio que recibirá López será una mejora en sus condiciones de detención, aunque no será excarcelado, informó Stornelli.

"Tuvimos una conversación sincera. Fue una larga charla donde tocamos todos los tópicos en los que podía hacer aportes. Llegamos a un acuerdo y esto se presentará en el juzgado para homologarse", dijo el fiscal Stornelli a Todo Noticias.

López está acusado de ser partícipe de una asociación ilícita liderada por De Vido y Cristina Kirchner. López había sido citado a indagatoria por esta causa, pero se había negado a declarar ante el juez Bonadio. FUENTE: LA NACIÓN-GDA

La declaración clave de quien reconoce ser un intermediario

La investigación sobre los Cuadernos de las Coimas ingresó en una fase en la que comienzan a surgir cada vez más detalles que involucran de manera directa a los Kirchner. El financista Ernesto Clarens, de estrecha relación con la exfamilia presidencial desde sus tiempos en Santa Cruz, explicó su rol como intermediario y "cambista". Confesó ante el fiscal Carlos Stornelli que ofició de intermediario en la recaudación de los sobornos y que actuó de "cambista". Así surge de las pruebas que reunieron los investigadores del caso y de lo que estaría dispuesto a confesar oficialmente el propio Clarens como imputado arrepentido.

El acuerdo para ser reconocido como arrepentido ya está cerrado de palabra con el fiscal y se descuenta que será homologado por el juez Claudio Bonadio después del fin de semana largo, informaron fuentes judiciales.

Clarens estaría vinculado a operaciones financieras para hacer ingresar al mercado el dinero proveniente de pagos ilegales, entre otras operaciones realizadas a pedido de empresarios y funcionarios durante la última década. No aparece en los cuadernos que escribió Oscar Centeno. Sin embargo, "al menos tres testimonios dan cuenta de su rol en este caso", dijo un funcionario que trabaja en la causa.

Vinculado a Néstor y Cristina Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz, Clarens es un hombre clave para revelar la faceta menos conocida de la trama que intenta desentrañar la Justicia: el destino del dinero de la corrupción. FUENTE: LA NACIÓN-GDA

Otro pedido contra la presidenta

Los Cuadernos de las Coimas ya reactivan otros expedientes judiciales que investigan hechos de corrupción.

El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara un pedido de indagatoria contra la expresidenta Cristina Kirchner en una causa que investiga específicamente la ampliación de la concesión de la hidrovía del río Paraná. Pollicita decidió pedir la citación después de que trascendió la declaración de Gabriel Romero del grupo Emepa, que anteayer confesó haber pagado US$ 600.000 para que Cristina Kirchner le renovara por decreto, en 2010, la concesión de la explotación de la hidrovía del río Paraná (ver nota central). El decreto en cuestión es el 113/2010, que prorrogó la licitación hasta 2021. Además de la expresidenta, fue firmado por su vice Amado Boudou, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Planificación Julio De Vido.

A todos ellos planea pedirles la indagatoria Pollicita por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con sus cargos de funcionarios y cohecho (sobornos).

Denuncia un manejo extorsivo

Cristina Fernández de Kirchner sale a despegarse de la acusación que hizo el empresario Gabriel Romero. En un texto en Facebook acusa al fiscal Stornelli y al juez Bonadio por "el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido". y a la cúpula del Poder Judicial por dar su beneplácito" a una situación "escandalosa". Sostiene que la firma del decreto que extendió hasta 2021 la concesión para el Grupo Emepa de la hidrovía, fue el resultado de un proceso con intervenciones de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, la Procuración del Tesoro, la Cancillería y el Congreso. Afirma que por ese proceso, estaba "obligada" a firmar el decreto. "Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos", sotiene, y eleva la apuesta: "Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos".

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