La primera cosa a hacer es un esfuerzo por cortar los gastos. Se puede hacerlo en tres áreas: personal, costos e inversiones.

El gobierno Temer precisa demostrar inmediatamente que está empeñado en buscar el equilibrio de las cuentas públicas. No anunciar un programa de reformas de mediano y largo plazo incluyendo la de la seguridad social aunque esto sea necesario. La nueva administración debe mostrar una acción prácticamente inmediata en el combate del déficit que va a heredar del gobierno Dilma.

Tiene como hacerlo. De hecho, hace una semana, el economista jefe de Itaú, Ilan Goldfajn, divulgó un informe con propuestas y cálculos interesantes y viables. Como Goldfajn es candidato a ocupar la presidencia del Banco Central, conviene darle una mirada.

Para no incomodar al lector con cifras, quedémonos con los conceptos.

La primera cosa que debe hacerse es un esfuerzo por cortar los gastos del gobierno federal. Se puede hacerlo en tres áreas: personal, costos e inversiones.

Es imposible despedir funcionarios ingresados por concurso, peo desde el gobierno Lula, la administración federal viene siendo invadida por militantes y compinches. Son los pases en comisión, los cargos de libre provisión, las asesorías, que engrosaron la máquina federal en todos los niveles.

Ahí hay margen para cortar. Según las cuentas de Goldfajn, se puede llegar a una economía de hasta R $ 9.000 millones, en el Presupuesto de 2017. Es una buena suma y, sobre todo, una buena demostración de austeridad.

La barra que está en el gobierno siempre dice que no es posible cortar los costos gastos que van desde el mantenimiento de hospitales y escuelas hasta el café del personal. Es lo contrario. Siempre se puede cortar. Pero es preciso tener cuidado. El sector público acostumbra ser engordado donde no precisa y enflaquecido en lo que respecta a la atención al público.

También será preciso cortar inversiones, incluso porque la gestión Lula-Dilma deja un inventario de obras inconclusas, más caras de lo que se previó y trabadas de algún modo, ya sea por el Lava-Jato, ya sea por mala gestión. Conviene detenerse, evaluar todo y destrabar lo menos.

De ahí la importancia crucial de las concesiones y privatizaciones de obras de infraestructura donde está el segundo conjunto de medidas que pueden dar dinero ya en 2017. La concesión de aeropuertos, carreteras, puertos, etc. Puede rendir en torno a los R$ 50.000 millones a los cofres federales. Además de eso, la inversión privada en las obras sustituiría a la pública con mucha más eficiencia.

También ahí hay muchas cosas trabadas. A decir verdad, parece que todas las concesiones —las ya hechas y las en ejecución— tienen algún tipo de lío. O falta el financiamiento prometido por el BNDES (el banco de inversión del Estado), o el gobierno no hace su parte de la obra, o simplemente no paga.

Es preciso un nuevo modelo de concesiones y privatizaciones, que estimule la competencia, tenga menos dineros públicos y permita que las empresas ganadoras tengan ganancias de verdad. En resumen, terminar con las privatizaciones vergonzantes de la era petista.

Hay como hacerlo. Existe experiencia brasileña e internacional en el sector. Y ya hay bastantes cosas encaminadas, como la privatización de otros cuatro aeropuertos, programa que puede salir con un poco más de mejor gestión.

La tercera medida que puede dar resultado inmediato es la cancelación de las exoneraciones de impuestos sobre el pago de salarios. La idea de abaratar la contratación, hasta era buena, pero fue mal aplicada. Además de eso, la reforma tributaria que el país precisa es para aliviar la carga de impuestos para todos y no para algunos sectores y empresas amigas del poder.

Es un buen menú inicial. La nueva administración necesita mostrar austeridad y eficiencia. No es fácil, sobre todo cuando se ve que se integran a los ministerios políticos que ya estuvieron allí más de una vez.

De todos modos, la parte principal del juego estará en manos del área económica. Y comienza con una aparente contradicción. Habiendo anunciado un compromiso con el equilibrio de las cuentas, el nuevo gobierno tiene que aprobar este mismo mes un cambio en el presupuesto, para prever… un déficit enorme.

El déficit heredado de Dilma, sin embargo, no puede ser pagado en uno o dos años. Pero el nuevo gobierno puede, y necesita, mostrar y practicar una política que invierta la curva actual e indique una reducción del déficit futuro.

Además de aquel menú inicial, eso exige también el anuncio de reformas de largo plazo, especialmente de la seguridad social.

De nuevo, no tiene nada de fácil. Pero todo es posible. Son políticas ya aplicadas aquí mismo y que ya fueron exitosas en varios países.

LA RESPUESTA DEL EXPERTO