PALACIO DE MIRAFLORES

Ratifica necesidad de libertad para presos por motivos políticos.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación de opositores presos en Venezuela, país cuya situación humanitaria consideró “grave”, y designó a dos delegados para vigilar el respeto de las garantías fundamentales.

Previamente, tras reunirse con Bachelet en el palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a “tomar con toda la seriedad” las “sugerencias, recomendaciones y propuestas” de la comisaria.

“Hago un llamado a las autoridades de liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles de forma pacífica”, dijo Bachelet al leer una declaración que puso fin a su visita de tres días por invitación de Maduro.

Según la ONG Foro Penal, en el país hay unos 687 “presos políticos”, pero el mandatario, acusado por la oposición de sistemáticas violaciones de derechos humanos, rechaza considerarlos como tal.

Bachelet se reunió con familiares de esas personas, muchas acusadas de intentar derrocar al gobierno, así como con parientes de fallecidos -oficialistas y opositores- durante protestas en 2017.

Sostuvo que en Venezuela “la situación humanitaria es grave” y “afecta a muchas personas”, por lo que la ONU trabaja en un plan con el gobierno y la sociedad civil para atender las áreas críticas.

De acuerdo con la ONU, un cuarto de la población venezolana -equivalente a siete millones de personas- requiere atención humanitaria urgente, mientras cuatro millones emigraron desde 2015 debido a la peor crisis económica del país con las mayores reservas petroleras. La debacle se caracteriza por una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10.000.000% para 2019 y escasez de bienes básicos, incluidos medicamentos e insumos hospitalarios.

Bachelet designó un equipo para vigilar la situación en el terreno, después de que sus contactos diplomáticos en Caracas le informaran que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”.

“Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante, continuar monitoreando toda la situación de derechos humanos”, dijo ante la prensa.

No está previsto la apertura de una oficina permanente.

Según Naciones Unidas, el 22% de los menores de cinco años en Venezuela sufren desnutrición, mientras 300.000 pacientes crónicos están en riesgo por falta de medicinas y tratamientos.

Bachelet aseguró que el gobierno se comprometió a evaluar el trabajo de un comité de prevención de la tortura -ya existente- y a permitir que sus delegados entrevisten a detenidos.

Bachelet también se reunió con el jefe del Parlamento de mayoría opositora Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países liderados por Estados Unidos.