ARGENTINA

El juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015) abrió ayer lunes la etapa de alegatos, en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla para ejercer cargos públicos e incluso llevarla a la cárcel.

La fiscalía acusa a Cristina Kirchner de integrar “una asociación ilícita” para defraudar al Estado durante su gobierno, en presuntos delitos que comenzaron en la presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner (2003-07), fallecido en 2010.

El Ministerio Público “tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo el fiscal Diego Luciani.

Cristina Kirchner asistió a la audiencia en forma remota desde su despacho en el Congreso.

En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.

El fiscal Luciani adelantó que a lo largo de las siguientes audiencias se propone “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

Según el fiscal, “hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados” para la realización de las obras que, aseguró, generaron “inconmensurables pérdidas para el Estado” y “siguen sin terminarse”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

El fiscal manifestó su descontento con la decisión de UIF, a la que acusó de “tergiversar de manera grosera el sentido de la prueba”.

“Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara por qué descartó la cantidad de prueba”, afirmó.

El fiscal dijo que se ha probado que Néstor y Cristina Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria que, lamentablemente y tristemente, se haya desarrollado en el país”.

Lo extraordinario se refiere a la “capacidad de acción”, la “perpetuación en el tiempo” y a “la ausencia de controles” por parte de los funcionarios.

Y que en su gestión se “creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” en paralelo a las funciones de la administración.

Luciani indicó que para ello “se escogió intencionalmente la contratación de obra pública vial en Santa Cruz” como medida para desviar fondos y se “creó un oferente”, es decir, la empresa constructora de Lázaro Báez, para favorecerlo en las licitaciones.

En este caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en la provincia de Santa Cruz.

En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.

El fiscal recordó que el matrimonio Kirchner y Báez eran socios comerciales y que el empresario era amigo íntimo del fallecido presidente.

El presidente Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que “no hubo nunca reparto arbitrario de fondos”.

La fiscalía expondrá los alegatos en nueve audiencias programadas para las próximas tres semanas y luego será el turno de la defensa.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Kirchner anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año, que acabaron ganando.

Más de un centenar de testigos declararon y el juicio debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de covid-19.

Si llega a ser condenada, Cristina Kirchner quedará inhabilitada políticamente.

Se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.

Ayer después de que el fiscal Luciani expusiera el inicio de un durísimo alegato contra Cristina Kirchner, que presagia que pedirá para ella una pena de prisión de cumplimiento efectivo, la dirigencia y militancia kirchnerista reaccionó con una campaña en las redes con la consigna “Todos con Cristina”. El escritor Marcelo Figueras, quien acompañó a Cristina Kirchner durante la presentación del libro Sinceramente en la Universidad Nacional de La Matanza, se sumó a la convocatoria digital. “Todos con Cristina”, tuiteó el novelista, y acompañó su mensaje con una foto de la vicepresidenta.

Al sentarse por primera vez en el banquillo, 8 días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, la viuda de Kirchner reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o “lawfare” ideada por el Gobierno de Mauricio Macri.

El fiscal dijo que también se referirá al “lawfare” en sus futuras intervenciones.

La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.

En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos. (AFP, EFE, La Nación/GDA)