El presidente electo, Tabaré Vázquez, limitará la participación de la oposición en el próximo gobierno. Le otorgará un solo cargo por ente y los dejará fuera de los organismos con representación social como el Consejo Directivo Central (Codicen), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Banco de Previsión Social (BPS).

La decisión de excluir a la oposición de la gestión de organismos en los que el presidente saliente, José Mujica, les había dado lugar fue tomada ayer en un cónclave que se realizó desde las 9.30 en la residencia de Suárez y Reyes. Del encuentro participaron Vázquez, Mujica, la presidenta del Frente Mónica Xavier, el vicepresidente Danilo Astori y el futuro vice, Raúl Sendic. Lo que más irritó a los partidos opositores fue la exclusión del gobierno de la educación (ver nota en página A7).

Pese a ello, Vázquez iniciará una ronda con la oposición para invitarla a participar en la dirección de entes. Aunque el criterio será el de integrar a un solo representante de la oposición en los diferentes organismos, dijeron a El País fuentes del gobierno electo. Durante la administración de Mujica organismos de cinco miembros como el Banco República, Ancap y UTE llegaron a tener dos delegados de la oposición.

"Donde no está la representación social va la definición partidaria y la misma se ejercerá a través de un representante que la propia oposición definirá quién es", dijo Xavier a El País.

Este criterio se adoptó luego de más de dos horas de discusión, donde se revisó la participación de la oposición en el nuevo gobierno. Tras la reunión, Sendic anunció en conferencia de prensa que "en aquellos organismos e instituciones que tienen contralor y participación social, esa representación es suficiente para ejercer el sistema de control". Además dijo que el rol de contralor ya está asegurado en organismos como el Tribunal de Cuentas, el Parlamento y "la propia población a través de la ley que garantiza el acceso a la información pública".

Justificó la decisión afirmando que contribuye a "facilitar" la gestión. "Nos parece que es suficiente la representación social y creemos que el gobierno tiene que tener peso en la gestión de estos organismos como para ejecutar con velocidad y eficiencia", acotó.

En tanto, Xavier se apoyó en declaraciones de Mujica. Aludió a dichos del mandatario cuando calificó como de "inmadurez" la vinculación que la oposición y el gobierno entablaron cuando participaron de ámbitos comunes en la gestión de gobierno.

De todos los delegados de la oposición que participaron en organismos con representación social, el consejero Daniel Corbo (Alianza Nacional) fue el de perfil más alto.

Es el creador del plan Promejora —programa que brinda mayor autonomía para centros educativos— que fue resistido por los gremios docentes.

Hace dos meses, Corbo volvió a jugar un rol importante cuando alertó a los demás consejeros del Codicen sobre la guía de educación y diversidad sexual redactada por el Mides para estudiantes. Luego de su intervención, el resto del Codicen decidió frenar la guía que iba a ser distribuida en centros de enseñanza.

En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) había dificultades para la toma de decisiones, ya que el gobierno quedaba en minoría con dos delegados frente a dos representantes sociales y uno del Partido Nacional. Sin embargo, hace dos semanas el Parlamento aprobó el doble voto al presidente de ASSE, lo que aseguró la mayoría al gobierno.

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Cuando Alejandro Draper era representante del Partido Nacional en ASSE, el propio Mujica cuestionó su papel al afirmar que la oposición en el organismo "miraba para el costado". El primer mandatario hizo estos comentarios cuando se anunció la remoción de dos gerentes de ASSE por desvío de fondos que estaban destinados para cubrir vacantes.

Como representante de la oposición en ASSE, Draper votó en contra de la adjudicación del servicio de limpieza a Buena Estrella. Según consta en el acta con fecha del 16 de febrero de 2011, los que apoyaron la contratación fueron el expresidente de ASSE, Mario Córdoba, y los representantes sociales, Alfredo Silva (procesado sin prisión por este caso) y Wilfredo López.

Draper se negó a dar su voto, debido a que la contratación ya había sido observada por el Tribunal de Cuentas. Además, entendió que el pago de 18.000 horas mensuales para la limpieza del Maciel era "excesivo", ya que las necesidades reales del centro asistencial rondan las 14.000. Tras la renuncia de Draper, asumió el cargo Marcelo Sosa (Partido Nacional) quien ha tenido un perfil bajo como director en el organismo.

En el Banco de Previsión Social (BPS) hay siete directores, de los cuales cuatro son representantes políticos, tres del oficialismo y uno del Partido Nacional, cargo que fue ejercido en los primeros años de este gobierno por Hugo Odizzio y ahora es ocupado por Jorge Eduardo Maeso.

Fuentes del organismo indicaron a El País que si bien el gobierno no tenía mayorías, en la práctica no se generaban problemas para la toma de decisiones porque el delegado de los jubilados vota en general con los representantes del gobierno. También aclararon que la búsqueda de acuerdos —aunque supone más trabajo para lograr consensos— no demora las decisiones debido a que siempre se pone una fecha límite para resolver los temas.

Los antecedentes de negociación con la oposición para su integración a entes y servicios descentralizados no son buenos para el presidente electo Tabaré Vázquez. En su primera administración (2005-2010) fracasó al chocar por la integración del Codicen y el Banco República. Las diferencias con colorados estuvieron centradas en el gobierno de la educación.

En tanto, las discrepancias con el Partido Nacional se generaron por la composición del directorio del Banco República. Luego de varias negociaciones, Vázquez cerró la puerta a cualquier acuerdo cuando el senador nacionalista Jorge Larrañaga le reclamó tres delegados en el República, en lugar de dos.

Blancos y colorados excluidos de organismos con representación social