Durante los años 2017 y 2018 ocurrió una ola de desalojos en el barrio 40 Semanas (Lavalleja) y algunas partes de Casavalle a manos de la banda de “Los Chingas”, ahora desintegrada. Según informaron varios medios de prensa en su momento, en un solo año este grupo criminal expulsó a 110 personas del barrio con la finalidad de apoderarse de sus casas y así reforzar su poder. Los delincuentes ingresaban a la fuerza y, a través de amenazas con armas de fuego, obligaban a las personas a dejar su hogar y entregar todas sus pertenencias.

La situación crítica derivó en una megainvestigación en la que participaron tres fiscales, el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez -hoy al frente de la Fiscalía de Lavado de Activos-, el fiscal de Homicidios Juan Gómez -en la actualidad fiscal de Corte- y la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero. Además, el Ministerio del Interior desplegó a más de 600 policías en la zona.

Hoy parecería que los desalojos no están ocurrieron con tanta frecuencia, pero un estudio titulado “En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo”, realizado a través del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana, demuestra que los residentes de la zona periférica de Montevideo lo siguen padeciendo. La investigación estuvo compuesta por una encuesta extensa y 66 entrevistas en profundidad a organizaciones de la sociedad civil, políticos locales y residentes de dos barrios con un alto índice criminal.

Un 33% de los entrevistados indicaron que conocen a alguien que fue víctima de desalojo o ellos mismos lo sufrieron. Según una fuente policial, el barrio que tiene más desalojos hoy en día es Cerro Norte pero, a diferencia de lo que sucedió en el 40 Semanas o Casavalle, hoy no existe una banda que domine todo el barrio.

“Ahora lo que pasa es que son varios grupos que imitan la conducta del otro. Veo que tal banda le sacó la casa a una anciana y le fue bien y hago lo mismo con mi grupo”, indicó la fuente.

Lo que sucede, paradójicamente, es que la represión del delito por parte de la Policía (operativos, allanamientos y capturas) produce más violencia y esa violencia termina afectando a vecinos alejados del delito. Cuando se da un allanamiento y se incauta droga y armas, además de detener a algunos criminales, la banda a la que pertenecen irá en busca de “el que habló”, señaló otra fuente policial, y es por eso que luego de operativos policiales se registran homicidios.

Eso es lo que explican las investigadoras Inés Fynn, Verónica Pérez Bentancur y Lucía Tiscornia: “Las políticas de seguridad orientadas a la represión de las organizaciones criminales impiden su consolidación, llevando a mayor fragmentación y competencia entre grupos en un territorio”.

Es así que los grupos comienzan a implementar estrategias violentas con el fin de tener el control territorial y ganarles a las demás bandas y, para eso, recurren a las amenazas, extorsiones y desalojos, entre otros métodos violentos. “De nuestras entrevistas surge que cuando el Estado interviene de manera violenta, se produce mayor violencia entre grupos”, destacaron las investigadoras.

De todos modos, en el informe también se indica que “si bien la alta presencia estatal (a partir de instituciones como comisarías, escuelas o policlínicas) no impide el surgimiento de grupos criminales, sí limita sus posibilidades de intrusión”. En otras palabras, la presencia del Estado impide que lleguen a dominar el territorio, como se ha visto en años anteriores.

Si bien en otros países de Latinoamérica, como México o Colombia, las organizaciones criminales buscan influir en el espectro político y social -por ejemplo financiando campañas políticas o haciendo desaparecer a líderes sociales- esto no se ha detectado en Uruguay. El único objetivos de las bandas criminales de la periferia es incrementar su lucro a partir de la venta de drogas.

“Ese tipo de estrategias de control (en el ámbito político o social) por el momento no se ven en Montevideo o no hay evidencia que surja a partir de nuestra investigación”, explicó la doctora en Ciencias Políticas, Inés Fynn. Sin embargo, aclaró que eso no quiere decir que no pueda darse en un futuro ni que no esté sucediendo a nivel del narcotráfico, con grandes líderes, porque la investigación académica solo se centró en el fenómeno del microtráfico.

En el Día de la Madre de 2021, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) -una de las bandas de narcotráfico más poderosas del mundo- repartió licuadoras, microondas, batidoras, planchas y comida en una camioneta con un cartel en donde se leía: “El señor Mencho (su líder) y el CJNG les desea Feliz día a todas las Madres”. Los miembros de la organización fueron regalando los artículos para el hogar en diversas comunidades del estado mexicano de Michoacán con el rostro cubierto y metralletas al hombro.

Este tipo de accionar hoy también está ocurriendo en los barrios periféricos de Montevideo, aunque de manera más disimulada. Cuando se festeja el Día del Niño, algunas bandas criminales deciden comprarles regalos a los niños del barrio, o también aportan dinero para comprar las pelotas de los equipos del baby fútbol o apoyan a las ollas populares, como informó El Observador el 3 de junio.

“Pasan a ser los buenos del barrio”, apuntó un policía de investigación, pero, en el fondo, por más buenas que parezcan, se trata de extorsiones, dijo. Están comprando el silencio del barrio y les quedan “debiendo un favor” en caso de que la banda necesite la ayuda de alguno de los vecinos.

De las 66 entrevistas que se realizaron para el informe de “Gobernanza Criminal en Montevideo”, el 31% mencionaron que entre las estrategias de las bandas está la “ayuda a los vecinos”, el 8% indicó que hacían donaciones y el 7% dijo que ofrecen empleos (en los negocios fachada, donde atrás están las bocas o como “perros” que cuidan las bocas).

En la zona de Cerro Norte, la banda de Los Suárez “daban una mano a la gente, acomodó el barrio y pagó servicios que no llegan”, dijo otra fuente policial y añadió que de esa forma “los involucran” en el crimen.

La Policía también ha visto que las bandas ofrecen a los vecinos pagarles la luz y el agua o un surtido mensual para guardar droga, armas o autos robados en el fondo de sus casas. Los delincuentes también le han pedido a algunos comerciantes del Cerro que en determinado día apaguen su cámara de seguridad o que le digan al sereno de su comercio que ese día no vaya, a cambio de apoyo económico. Las personas aceptan y no dicen nada porque saben que si no los criminales aplicarán métodos violentos.

La gobernanza criminal “hasta hace unos años era más frecuente observarla en lugares donde el Estado no estaba presente (zonas remotas en México y Colombia), pero ahora lo vemos en contextos donde el Estado sí está presente en el territorio y por eso es importante estudiarlo en Montevideo”, concluyó Fynn.