MÁS MUERTES EN CÁRCELES

Eduardo Ramírez murió a los 35 años solo, aislado en una celda de Punta de Rieles. Su corazón dejó de latir el lunes 5 de julio de 2021. Los operadores penitenciarios notaron su cuerpo inerte a eso de las 14 horas. Murió envuelto en una sábana ensangrentada, sobre una frazada sucia que usaba de colchón. En un rincón quedó el almuerzo que le habían llevado y que no alcanzó a tocar.

Eduardo murió sin atención. Pasó una semana sintiéndose mal, mientras sus compañeros pedían por un médico para él. El sábado 3 de julio, en la mañana, su pareja fue a verlo como cada semana y le dijeron que él no bajaría porque andaba “jodido de la panza”. Ese mismo sábado por la tarde Eduardo empezó a vomitar sangre y perdió el control de sus esfínteres. Los compañeros lo llevaron a rastras hasta la enfermería, envuelto en su sábana ensangrentada. Allí lo consideraron un posible caso decovid-19 y lo dejaron en una celda conyugal, anunciando que sería hisopado. Si eso ocurrió, nunca nadie supo el resultado. No le hicieron placa de tórax. A sus compañeros no los aislaron del resto ni los hisoparon.

“Gorda, lo siento. ¿No te enteraste? Falleció tu marido”.

Lourdes pensó que era una broma, pero no. Fue la esposa de un compañero de celda de Eduardo la que ese lunes la llamó para consolarla por una noticia que nadie le había dado.

Los hermanos de Eduardo, Julio y Mabel, consiguieron que un amigo los llevara hasta Punta de Rieles. Llegaron de nochecita y les dijeron que el encargado los recibiría. Al cabo de 40 minutos esperando afuera, salió un hombre que les dio una explicación ahí mismo, en la calle.

“Nos relató que el viernes se sintió mal, que el sábado se lo aisló por presunto covid, que el lunes lo iban a hisopar. Que supuestamente lo monitorearon dos veces de mañana. Que al mediodía le llevaron la comida y que dijo que se sentía mejor, que quizás la comiera. Que a las dos horas volvieron a pasar y ya estaba muerto”.

Mabel aporta otros detalles.

“Él nos dijo que había sido por infarto. Que habían ido a las 9 de la mañana del lunes, que lo habían visto, le habían llevado la comida y puesto suero. (El encargado) se contradijo: primero dijo que iban cada media hora, y después dijo cada dos horas”.

Les entregaron un papel dirigido al Instituto Técnico Forense que decía que, por disposición del fiscal, se entregara el cuerpo del difunto a su hermana.

En la morgue, sin embargo, no les permitieron ni reconocerlo. Así lo cuenta Julio:

“El hombre que nos atendió nos dijo que ya lo habían reconocido, y nos dio un papel para hacer los trámites y seguir los resultados de la autopsia. Hasta el día de hoy nos estamos preguntando quién lo vio”.

Con la autopsia también hubo vueltas, relata Mabel.

“Nos dijeron que la autopsia iba a estar en dos días. Llamamos y nos dijeron que todavía no (estaba). Llamaba todos los jueves y siempre me decían que todavía no. Al final me dieron fecha para el 14 de diciembre. Demoraron cinco meses”.

La pericia arrojó que Eduardo tenía los pulmones “hepatizados al tacto”. Se describe: “Pulmón con edema e importantes elementos de congestión pulmonar con áreas de hemorragia intraalveolar”. El forense advierte que no hay signos de violencia, que la muerte de Eduardo fue “natural”. Y agrega que los hallazgos “permiten determinar que el Sr. Ramírez falleció por una insuficiencia respiratoria aguda dada por una neumonía bilateral”.

Según supo El País, en la cárcel se dijo que Eduardo había muerto por covid. A la familia le dijeron que fue por un infarto. Al equipo del comisionado penitenciario le dijeron que tenía “síntomas digestivos importantes” y que “sospechaban” de covid. Hasta ahora, los técnicos que trabajan con Juan Miguel Petit no han podido acceder a la historia clínica.

El comisionado confirmó a El País que esta es una de las nueve muertes naturales catalogadas por ellos como “dudosas” en 2021. “Están a estudio las causas y el proceso asistencial recibido”, afirmó Petit.

Su investigación está enfocada en dilucidar si hubo violación a los derechos humanos. Por otro carril va la investigación administrativa, que compete al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para determinar irregularidades. Y un tercer andarivel es el de la Fiscalía, que indaga un eventual delito en esta y todas las muertes en custodia.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, afirmó que hubo una investigación administrativa en torno a la muerte de Eduardo y se elevó al fiscal que asumió el caso, Leonardo Morales. Maciel no reveló la conclusión de la investigación. En tanto, fuentes de Fiscalía dijeron a El País que Morales archivó la causa.

La población carcelaria entre 2020 y 2021 aumentó más de 10%. Sin embargo, según las cifras del comisionado parlamentario para cárceles a las que accedió El País, las muertes por causas naturales aumentaron en ese lapso 169%, es decir, más que se duplicaron.

Si se observan las cifras de muertes no violentas (por enfermedad), y de muertes violentas (homicidios, suicidios, accidentes), y se contempla el crecimiento de reclusos del último año, se ve que en ambos casos hubo un aumento. Sin embargo, al remontar las estadísticas hasta 2016 se ve que la tasa de muertes violentas no se despegó sustancialmente de otros años.

En cambio, en las muertes no violentas sí hubo un salto notorio. En 2021 fallecieron en cárceles 35 personas por enfermedades, mientras que en 2020 fueron 13. Expresado en tasa poblacional, el año pasado fallecieron 26 reclusos enfermos por cada 10.000, mientras que en 2020 murieron 10.

También hubo, según las cifras del comisionado, un crecimiento objetivo de las llamadas “muertes dudosas”, como la de Eduardo, que murió enfermo pero en circunstancias difusas. En esta categoría se pasó de cero a nueve muertes en 2021.

Para Petit, es pronto para determinar el porqué del crecimiento, pero hay algunos elementos “bastante evidentes” que parecen haber incidido. “El aumento de la cantidad de presos, por un lado. Y también un factor covid, en el sentido de caída de actividades, caída de visitas, mayor encierro, menor interacción con el mundo exterior, con todas las consecuencias médicas y de salud mental que eso tiene, dijo el comisionado a El País.

Desde el Ministerio del Interior, Maciel reconoció el aumento de las muertes naturales pero hizo varias salvedades. Por un lado, aseguró que antes de 2015 hubo años en los que se registraron cantidades similares a 2021. Por otro, destacó que de los 41 fallecidos que el ministerio tiene contabilizados (difiere un poco de las cifras de la oficina de Petit), solo 11 fallecieron en unidades penitenciarias (el resto, en centros asistenciales). A eso se le agregan tres muertes que el ministerio investiga para esclarecer sus causas.

Maciel disiente con las hipótesis de Petit: “La gente se muere, es una regla de la vida. Por causas naturales y por patologías. ¿Por qué se mueren más un año que otro? Es imposible saberlo. No soy médico y no conozco las historias clínicas”.

El jerarca no cree que la atención se haya visto resentida por el crecimiento de la población carcelaria. “Descarto esa posibilidad en la medida que el Ministerio del Interior ha hecho los máximos esfuerzos en brindar la atención que se requiere”, agregó. Destacó que los reclusos fueron de los primeros en vacunarse y que el 90% se dio las dos primeras dosis.

También mencionó que junto con ASSE se hizo por primera vez un relevamiento para conocer el estado de salud de los presos. En muchos casos, dijo, jamás habían visto un médico. Las conclusiones aún no se conocen. En el prestador de salud estatal no respondieron las consultas.

La pandemia tampoco incidió, para Maciel. “Se intentó que no estuvieran encerrados, sino lo contrario. En 2020 con el Plan Dignidad se buscó que trabajaran en plantaciones al aire libre. La parte educativa prácticamente no cesó, incluso se inauguraron aulas virtuales para combatir ocio y hacinamiento”, afirmó.

En definitiva, el aumento de las muertes no violentas “pudo haber sido aleatorio”, concluyó Maciel, aunque aclaró que es “un tema para especialistas”.

El informe del comisionado y el Departamento de Medicina Legal relativo a las muertes de 2021 se terminará entre febrero y marzo. El de 2020 establece que las muertes naturales en cárceles se debieron principalmente a patologías oncológicas, aunque advierte la necesidad de “auditar la incidencia que pudieron tener eventuales fallas en la prevención secundaria (diagnóstico precoz) de estas enfermedades crónicas, generando tiempo y oportunidades perdidas”.

Por otra parte, se describen “preocupantes situaciones verificadas”, como la muerte de una persona joven tras una crisis asmática que desde hace un año reclamaba cumplir prisión domiciliaria por su enfermedad; o la de un hombre que se encontró sin vida en su celda, tras haber recibido un traumatismo de cráneo la noche anterior.

“Resulta particularmente significativo que el 23% de las muertes no pudieran ser razonablemente aclaradas o explicadas con los datos conseguidos”, se plantea. En cinco de 48 casos detectaron elementos sugerentes de negligencias institucionales o asistenciales. En otras seis, la falta de información impidió determinar la causa del desenlace.

El informe contiene seis recomendaciones que no requieren de presupuesto adicional y que apuntan a mejorar el acceso a la información. Ninguna de ellas fue tomada en cuenta, dijo a El País el médico Hugo Rodríguez Almada, que dirige el Departamento de Medicina Legal.

“Es un problema que tenemos con casi todos los muertos: tenemos información nula o casi nula. No hay un mecanismo que obligue a ASSE o al INR o a quien sea a darle la información a la oficina del comisionado, amparándose en las cosas más increíbles, como la confidencialidad. Es perverso; hay que tener un mínimo de voluntad política”, planteó en diálogo con El País.

Y agregó: “La muerte en custodia es potencialmente ilícita: si estás privado de tu libertad no sos dueño de nada, no podés llamar al médico cuando se te ocurre. Por supuesto que te podés morir de cualquier cosa como cualquier persona. Pero para investigar, lo fundamental es la información clínica. Si no te la dan, seguís con esa presunción”.

Dicen en el ambiente penitenciario que, sin una familia detrás, es probable que la investigación por eventuales responsabilidades penales naufrague. Tras recibir el resultado de la autopsia, ahora la familia de Eduardo se está asesorando para presentar una demanda.

“Desde el día uno pensamos en negligencia médica. Nadie muere de un día para el otro de neumonía”, dijo Marianela Larzábal, su hermana de crianza en La Huella (ver más en página A12). “Queremos que este grito se escuche. No nos van a devolver a Eduardo, pero tenemos la responsabilidad de que no se vuelva a repetir. Esto está pasando con otros presos. No tienen asistencia mínima en sus derechos más básicos”, consideró.

Julio, el hermano, está convencido de que al menos deberían haberle hecho una radiografía. “La responsabilidad es de todos: de ASSE y de los guardias que están ahí, que supongo que deberían haberlo hecho atender. Pero he escuchado que esto es normal. Que un perro vale más que ellos”, expresa.

“Siento mucha bronca, dolor, impotencia”, dice Mabel, la hermana. “Es algo que se podría haber evitado si le hubieran prestado atención. Si lo hubieran atendido a tiempo. Si no lo hubieran dejado morir como a un perro. A mi hermano lo mataron”, dice.

Lourdes, la pareja de Eduardo, cuenta que los compañeros de celda escribieron cartas relatando su versión del fallecimiento, pero que nadie alcanzó a leerlas. Según sus familiares, los guardias se las sacaron en una requisa. También contaron que protestaron por la muerte de Eduardo: que rompieron sillas y escobillones, y quedaron todos sancionados. Durante un mes y medio no hubo visitas para ellos.

Ella, que quedó sola con una bebé que no llegó a conocer a su papá, solloza que a Eduardo “lo dejaron morir” y “adentro se están lavando las manos”.

“Queremos justicia. Queremos saber por qué”.

(Producción: Tomer Urwicz)