CONFLICTO

Para la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la movilización del miércoles en el piso 9 de la sede ministerial por parte de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura fue una “asonada”. Los sindicalizados llegaron al lugar en momentos que se estaba desarrollando un acto público. La ministra dijo a los movilizados que no dialogaría con “patotas” y ordenó que se llamara a la Policía.

“Fue una asonada al grito de ‘Es ahora’, que es una consigna política partidaria. Espero no vuelva a repetirse”, declaró ayer Muñoz, y publicó el sitio web de las radios públicas. “No hemos tratado así a los gremios en ningún momento y esas conductas nos parecen muy reprobables”, dijo la jerarca.

El artículo 145 del Código Penal prevé con tres a nueve meses de prisión para los que cometen el delito de asonada. El texto indica que cometen ese delito “los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”.

Durante décadas la interpretación corriente del Poder Judicial era que el delito de asonada era inconstitucional. Sin embargo, tras una ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013, en contra del traslado de la jueza Mariana Motta de una sede penal a otra civil, el entonces fiscal Gustavo Zubía y la jueza Gabriela Merialdo procesaron sin prisión a siete activistas por asonada. Los imputados presentaron un recurso ante la SCJ y un tribunal especial mantuvo el procesamiento.