Tendrán que pagar US$ 276.035 y US$ 88.934 por no haber alertado al BCU de la operación sospechosa

El Ministerio de Economía sancionó a los profesionales que intervinieron en la venta de la estancia El Entrevero, operación que la Justicia de Crimen Organizado investiga en el marco de una causa de lavado que involucra en Argentina a empresarios vinculados al kirchnerismo.

El escribano que intervino en la compraventa y el operador inmobiliario que participaron del negocio deberán pagar una multa de US$ 276.035 y US$ 88.934 respectivamente, por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley de lavado de reportar las operaciones sospechosas.

La venta de ese campo de 150 hectáreas ubicado en la ruta 10 cerca de José Ignacio en US$ 14 millones no fue reportada al Banco Central, como lo establece la ley. El comprador de ese campo es Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien la Justicia investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner, según detectó una investigación de El Observador.

La resolución del MEF establece que incumplieron los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar a efectos del debido cobocimeinto de sus clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empelados en la transacción”.

“Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de ls clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares interacionales”, señala el documento.

La Justicia de Crimen Organizado en tanto, no ha podido avanzar en la investigación por falta de cooperación de la cancillería argentina y a la demora con que se han tramitado los exhortos con pedidos de información.

En 2013 Lorenzo dijo en el Parlamento que “habría indicios de que ni el escribano ni el agente inmobiliario cumplieron con sus obligaciones".

Frente a esto, afirmó que la información fue enviada a la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que es quien tiene a su cargo supervisar la acción de esos actores inmobiliarios, y que si se constatara se actuará "con todo el rigor sancionatorio", porque el incumplimiento de esas normas "las sanciones deben ser bien claras y contundentes".

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