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Las nuevas autoridades anunciaron que revisarán el actual mecanismo del corralito mutual, para eso, conformaron una comisión con representantes del mutualismo, economistas y un equipo jurídico.

En el último período de movilidad regulada que tuvo lugar en febrero de 2017, 1.621.581 personas estaban habilitadas a cambiarse de prestador, 69% de la población total cubierta por el Seguro Nacional de Salud. De este total, los resultados indican que 54.921 usuarios optaron por el cambio, lo que representa un 3,4% del total habilitado. Esta vez lo hizo el 4,35% que es lo que se esperaba.

Minutos antes de la rueda de prensa, González mantuvo una reunión con los representantes de las mutualistas. Dos gerentes de instituciones médicas informaron a El País al salir del encuentro que quedaron muy satisfechos con la información otorgada por la Junasa y que durante el encuentro no se habló sobre la denuncia que las anteriores autoridades presentaron ante la Fiscalía por delitos de intermediación lucrativa.

Al respecto, González dijo que desconoce si hay una denuncia ante la Justicia por casos de intermediación lucrativa: u201cEstamos en el tercer día de asunción del cargo y verificamos que a nivel de la Junta no consta ningún tipo de denunciau201d, explicó el jerarca.

En febrero El País informó que las autoridades denunciaron casos en los que personas pagaban a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por inscribirlos a una u otra institución médica, confirmaron tres fuentes de la secretaría de Estado a El País.

A partir de denuncias de los usuarios de la salud y de las propias recorridas del personal del MSP, las autoridades constataron que en determinados puntos de Montevideo, había personas que u201cte ofrecen ser de cualquier mutualistau201d a cambio de sumas de dinero comprendidas entre los $ 800 y los $ 1.500.

Una de las fuentes confirmó a El País que los promotores que se ubicaban sobre todo en las cercanías de las mutualistas, ofrecían cambios de prestador a viva voz. Incluso, comentó que u201cllevanu201d al usuario a la institución y una vez realizado el trámite le pagan lo previamente acordado.

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Diversas investigaciones policiales y judiciales determinaron que empleados de mutualistas participaron de una trama de corrupción que realizaba afiliaciones u201ctruchasu201d mediante empresas promotoras y testaferros. En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus u201cempleadosu201d, expresa un documento judicial al que tuvo acceso en su momento El País.

Por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500. Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran.

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Fuentes de la salud cuestionaron que Luis González Machado sea el titular de la Junasa cuando hasta hace meses representaba a las mutualistas ante la misma repartición. Consultado por El País en rueda de prensa, el jerarca señaló que es un u201cprofesional con larga actuación en el sectoru201d y que el viernes pasado presentó su renuncia a la Cámara de Instituciones y Empresas de la Salud (CIES).

Por otro lado, explicó que hoy no tiene ningún vínculo con el mutualismo.

La Junasa es un órgano colegiado creado por la Ley 18.211, encargado de administrar el Seguro Nacional de Salud y tiene potestad sobre todo lo relacionado al Seguro Nacional de Salud.

Está integrada por representantes del Poder Ejecutivo (dos por el Ministerio de Salud Pública y uno por el Ministerio de Economía y Finanzas), otro del Banco de Previsión Social, así como un representante de los prestadores integrales de salud -instituciones de asistencia médica colectiva y seguros integrales-, otro de los trabajadores de dichos prestadores y uno por los usuarios de la salud pública y privada.