Redacción El País
El estado general del sistema de la radioterapia en Uruguay ha sido desde el inicio de este gobierno una preocupación de las autoridades, sobre todo por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tiene en su órbita a la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR).

Un primer análisis, realizado en 2020 por el jerarca de esta dependencia, el físico Gabriel González, arrojó que había problemas de todo tipo en este sector, como fue informado en su momento. Por ejemplo, ninguna de las clínicas del ámbito público que irradian pacientes enfermos de cáncer estaban al 2020 habilitadas para hacerlo -es decir, no contaban con licencias expedidas por la ARNR-; en todos los casos, incluyendo a los centros privados, los servicios usaban equipos de alta antigüedad -todos superando los 12 años que los estándares internacionales marcan como recomendable- y era patente la falta de recursos humanos para hacer frente a la demanda de pacientes y operar en forma adecuada los aceleradores lineales.

A las mismas conclusiones llegó la evaluación ImPACT que hicieron expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica, la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, quienes observaron básicamente que Uruguay estaba atrasado en tecnología y en la cantidad aceptable de personal (ver recuadro), todo lo cual llevaba a definir que en Uruguay no hay “servicios de radioterapia adecuados”.

Con este escenario, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, definió en los últimos días la creación de una “Comisión para el seguimiento y desarrollo del Plan Nacional de Radioterapia”, un programa que tampoco existía hasta el momento, de acuerdo a una resolución firmada el 20 de julio de este año, a la que accedió El País.

De acuerdo al documento, esta comisión estará conformada por representantes del Programa Nacional de Control del Cáncer, de la ARNR, de la Universidad de la República, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de los prestadores privados pertenecientes al sector.

“El cometido de esta Comisión -dice la resolución- es hacer llegar sugerencias a las autoridades respecto de las oportunidades, políticas y planificación necesarias para elevar la calidad del área”.

El exministro Daniel Salinas había dicho que el diagnóstico en este tema era “catastrófico”, aunque Rando, días atrás, señaló a El País que ya hay cambios en camino, como la renovación tecnológica de los equipos en el sector público.