INMUNIZACIÓN

El personal de la salud, los adultos que viven en residenciales y los docentes de enseñanza obligatoria son la prioridad que estableció el gobierno uruguayo para la vacunación contra el COVID-19. Así lo dejó en claro el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el pasado sábado. Pero esta semana, distintas gremiales han manifestado su interés de sumarse a esa lista de prelación.

La Asociación Odontológica Uruguaya quiere que sus afiliados sean incluidos dentro de la primera fase vacunatoria. El justificativo sería que se trata del “profesional con mayor exposición al virus”. Los trabajadores del Poder Judicial también han expresado su deseo de ser prioridad: “el servicio de Justicia es imprescindible para el funcionamiento democrático”, dijeron. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay hizo lo mismo, con foco en el sector de construcción de viviendas.

Juan Salgado, del directorio de Cutcsa, le comunicó al Ejecutivo el interés de que los choferes de ómnibus sean prioridad. “Vinimos a plantearle al secretario de la Presidencia nuestra inquietud, nuestra preocupación de que los trabajadores del transporte también están expuestos”, dijo Salgado, quien explicó que en “todo el país circulan unas 500.000 personas en el transporte colectivo”. Según el dirigente, el secretario de Presidencia trasladará la inquietud al MSP.