Visión oficial

El ministro destacó que la cantidad de empresas de industria y comercio ha seguido creciendo.

JUAN PABLO CORREA

A poco de comenzar el año electoral, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro salió al cruce de lo que denominó "ciertos actores sociales y políticos" y relativizó el impacto real de la pérdida de empleos, destacó que sigue creciendo la cantidad de empresas de la industria y el comercio y subrayó que la pérdida de unidades productivas rurales no es tan grave.

Murro llamó a conferencia de prensa y entregó a los medios cifras de la Asesoría Tributaria y Recaudación (Atyr) sobre la cantidad de personas que aportan al Banco de Previsión Social o a otros organismos previsionales que son relevadas todos los meses de abril, agosto y diciembre. Los últimos datos disponibles de agosto del año pasado indican que esa cantidad era de 1,344806 millones y que en el mismo mes de 2017 eran 1,354447 millones, aproximadamente 10.000 más, explicó Murro. El ministro dijo a El País que no niega que se hayan perdido unos 45.000 trabajos desde el pico de ocupación pero sostiene que algunos eran informales y otros eran de personas que tenían otro empleo. Murro dijo también que le "duele" cada empleo que se pierde pero que la situación no es tan dramática. Y deslizó que "hay gente interesada en exagerar cosas". Los datos abarcan a los trabajadores de la industria, del comercio, públicos, rurales, de la construcción, aportantes a las Cajas Notarial y Bancaria, profesionales independientes y trabajadores del sector doméstico.

El ministro también quiso destacar que la cantidad de contribuyentes por Industria y Comercio, creció entre 2008 y 2018 en todos los departamentos y en todos los años. Estos contribuyentes pasaron de ser 101.418 en 2006 a 156.305 al cierre de 2018. Sí hubo una baja en el número de contribuyentes cuya principal aportación es rural que pasó de 51.109 en 2006 a 45.071 en 2018. Tras llegar a un pico de 52.731 en 2008 vienen cayendo ininterrumpidamente desde ese año. De todas formas, Murro sostuvo que estas cifras "no tienen nada que ver" con las más preocupantes que actores sociales y políticos han presentado. Según el ministro, esos actores, a los que prefirió no identificar, han dicho "exageraciones" y "en algunos casos, barbaridades". El ministro argumentó que "no creemos que ninguna empresa esté pagando si no tiene actividad". Según Murro, "se le hizo creer a la sociedad" que han cerrado miles de empresas.

Si se analizan, las cifras se ve que en Canelones, donde predominan las pequeñas propiedades rurales, hubo una caída fuerte de 8.959 a 6.911. Cuando se le consultó respecto al panorama del empleo, Murro se detuvo a destacar que este mes comenzó a regir una ley para fomentar el empleo que destina US$ 15 millones a subsidiar hasta el 40% del salario de nuevos contratados.

También pasó otro mensaje a quienes, como algunos referentes de "Un Solo Uruguay", han cuestionado las cifras oficiales de empleo. En Uruguay, enfatizó, hay "respeto" por la información oficial y "ninguno" debería cuestionarla porque, además, es elaborada por técnicos de las más diversas filiaciones partidarias, argumentó.

Pero Murro fue más allá y, en una aparente respuesta a los planteos que ha hecho "Un solo Uruguay" presentó un documento con su firma en el que señala que "por cada peso del sector rural que se paga al Banco de Previsión Social y al Fonasa salen en beneficios $ 3,68". "O sea, entra $ 1 y salen $ 3,68. La diferencia la paga toda la sociedad. Y eso es necesario para que trabajadores y productores y sus familias tengan derecho a la salud, a las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de paro, maternidad, etcétera. Un almacenero, un panadero, un barraquero o una unipersonal pagan bastante más que un productor rural. Y los productores rurales reciben los mismos e incluso algunos beneficios más", sostiene Murro. "Por ejemplo, en 2017 hubo que ayudar, o subsidiar o invertir (como quiera decirse) US$ 407 millones, casi $ 12.000 millones para ayudar a cubrir la diferencia entre lo que entra y lo que sale en el sector rural. Es mucha plata que pagamos todos. Y además viene aumentando. En 2014 eran US$ 364 millones, 386 en 2015, 389 en el 2016 y ahora 407 millones desde 2017", aseguró el ministro.

De esa cifra, casi US$ 350 millones van a cubrir el desfasaje solamente en el BPS. Con ese monto, a los que se suman US$ 150 millones que ingresan al organismo (para llegar así a casi US$ 500 millones) se pagan 74.000 jubilaciones rurales, 49.000 pensiones, 118.000 cuotas mutuales rurales para productores, trabajadores dependientes, o empleados y familiares, "Debería tenerse en cuenta y reconocerse", escribió Murro. Y agregó que los beneficios que recibe el sector rural "nunca son menores" y a veces son superiores a los que se destinan a empresarios y trabajadores de otros sectores como la industria y el comercio. La relación entre egresos e ingresos en el sector rural pasó de 3,56 a 3,68 entre 2012 y 2017, según los datos que presentó Murro.

Murro puso especial énfasis en destacar que por decimocuarto año consecutivo salarios y jubilaciones y pensiones subirán por sobre la inflación. El incremento de las prestaciones mencionadas será de 8,38%, por encima de la inflación que cerró 2018 en 7,96%. Y se mostró confiado en que la evolución de los precios al consumo permitirá que, tras la última ronda de Consejos de Salarios, no haya caída en términos reales de las remuneraciones.

De los 198 consejos que negociaron, en 195 hubo acuerdos. Pronto se cerrarían los restantes tres convenios.

Interés de grupo mexicano en la planta de Pili en Paysandú

Hay un empresario uruguayo radicado en México, Ruben Darío Gómez, que ha mostrado interés en la cerrada planta de la empresa láctea Pili, de Paysandú. Gómez es el titular de la empresa Prolac de México, informó el diario sanducero "El Telégrafo". La situación de Pili, inactiva desde el año pasado cuando debía dejar la actividad por no poder afrontar sus pasivos, fue analizada en una reunión entre el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, el de Ganadería, Enzo Benech y el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo. Murro dijo que, en paralelo, se analiza la posibilidad de que los trabajadores de Pili y los remitentes de la empresa conformen una cooperativa para reactivar la empresa.

La sindicatura de Pili y el Banco República, principal acreedor de la empresa, ya analizan la posibilidad de rematar la planta luego de que el año pasado un primer llamado a interesados fuese declarado desierto. Por el momento, los pequeños productores de Salto y Paysandú que remitían a Pili están enviando leche a la planta de la multinacional Lactalis, en Cardona, Soriano.

La planta de Pili es moderna y no está siendo mantenida. La pérdida del mercado de Venezuela perjudicó enormemente a Pili.