El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrirá en junio una licitación para instalar en Salto una nueva Ciudad Universitaria INJU, señaló a El País el director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Felipe Paullier, que lidera este programa.
El proyecto que se prevé inaugurar entre febrero y marzo de 2024 será financiado en partes iguales por la cartera que dirige Martín Lema y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cuya delegación uruguaya preside el también nacionalista y excandidato a intendente Carlos Albisu.
La idea es replicar, a menor escala, la Ciudad Universitaria INJU que se inauguró hace siete meses en pleno Centro de Montevideo, que hoy brinda de forma gratuita alojamiento y talleres a 180 estudiantes de educación terciaria y/o universitaria de entre 18 y 24 años de bajos ingresos, provenientes de todo el país menos la capital.
La elección de Salto, explicó Paullier, tiene que ver con que representa el “principal foco de desarrollo educativo” de la Universidad de la República, después de Montevideo. El Centro Universitario Regional Litoral Norte tiene una matrícula de casi 15.000 estudiantes.
El objetivo de esta segunda etapa es replicar el modelo para entre 40 y 60 jóvenes, no solo de Salto, con el fin de “dar respuesta a estudiantes del interior”. Estiman un costo anual total de $ 10 millones para esta iniciativa que se extendería por dos años y que se podría desarrollar en un hotel en desuso.
Consultado sobre los fondos que brindará la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Albisu dijo que hace unos siete años cada delegación recibe al año cerca de US$ 1 millón por el cobro de peajes a camiones de carga que circulan por el puente Salto-Concordia (Argentina).
Estos fondos se utilizan para diferentes colaboraciones bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, que van desde la compra de camisetas de baby fútbol a financiar el 50% de esta iniciativa. Cada inyección de dinero debe ser aprobada por las dos delegaciones.
Para este caso, hay un acuerdo de palabra con el equipo argentino para ratificar la financiación en un plenario de la comisión, explicó Albisu. “Sabemos que este tipo de proyectos, por lo general, no tienen ningún impedimento”, explicó.
El presidente de la comisión valoró como “muy necesario” este proyecto, que se enmarca en lo que consideró el cometido de “desarrollo regional” que tiene la comisión mixta. Esto, sin embargo, fue cuestionado por el frenteamplista Gabriel Rodríguez, extitular de dicha delegación uruguaya entre 2010 y 2020.
Rodríguez dijo a En Perspectiva, en junio pasado, que el cometido de “desarrollo regional” no está indicado en el convenio fundacional, pese a que consideró “razonable” y “necesario” que Salto Grande “quiera ser parte del desarrollo en la región”. Apunto que ese cometido termina siendo un “escudo” para ocultar “favoritismos” y “carreras políticas”.
Albisu dijo que el “desarrollo regional” es una “interpretación” de quienes viven en la zona y se trata de un “histórico” reclamo. “Lo que hacemos es abrazarnos al gobierno nacional para hacer más cosas por Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro”, afirmó.
Según supo El País, no hubo conversaciones con el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, para que participara de este proyecto de ciudad universitaria.
“Primer nivel”.
Paullier recibió a El País en un moderno living del Edificio Jorge Larrañaga, sede de la Ciudad Universitaria INJU, ubicada en 18 de Julio a pasos de la Plaza del Entrevero. En una torre de seis pisos se despliega un alojamiento remodelado al que solo pueden acceder los 180 becados, integrantes del equipo técnico del INJU y el personal de la empresa adjudicataria de todo el proyecto.
Tras hacer un llamado de contratación directa por excepción, el Mides firmó en agosto pasado un contrato a tres años con la firma Explotadora Gomensoro S.A.S., que brinda las instalaciones y gestiona la “propuesta de alojamiento y vida comunitaria” para 180 jóvenes. El costo para la cartera es de unos $ 37 millones al año, unos $ 16.000 por mes por cada becado. “Más allá de los números, lo que hay es un modelo eficiente y se ve en la práctica”, destacó Paullier.
La empresa debe brindar un mínimo de 40 horas anuales de cursos, actividades y talleres a los estudiantes, mientras que el INJU se comprometió al “seguimiento y supervisión del cumplimiento de objetivos y el acompañamiento técnico social de los jóvenes residentes”.
El edificio cuenta con modernas cocinas comunitarias, salas de estudio, patios internos y hasta máquinas de lavar que funcionan mediante una app. Los cuartos, para un máximo de cuatro personas del mismo género, están amueblados con escritorios y todos cuentan con baño.
El titular del INJU destacó que no solo se brinda alojamiento de “primer nivel” en un marco de “comunidad”, sino que hay un “acompañamiento social”. Esto en referencia a talleres de orientación laboral, de trabajo en habilidades personales y en salud mental para que los jóvenes “desarrollen herramientas”.
La beca es anual, pero se puede renovar por un segundo año y excepcionalmente hasta por un tercero. Paullier subrayó que el espíritu del programa es “dar un primer impulso” en la etapa estudiantil. “Nuestra intención es acompañar y abrir la puerta a que gurises que si no acceden a esto, no podrían venir a estudiar”, dijo.
Se podrán postular en cada intendencia aquellos cuya carrera elegida “no exista” en su departamento o que esta no pueda ser completada allí en su totalidad. Quienes estudian en centros públicos podrán ser beneficiarios si reciben una beca del Fondo de Solidaridad, de Bienestar Universitario o provengan de un hogar con un tope de ingreso per cápita de $ 22.640 o 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). También pueden acceder los jóvenes con becas de un mínimo de 85% en centros privados, que sean de hogares con el mismo tope de ingreso per cápita.
El Congreso de Intendentes es quien deriva las solicitudes de cada departamento al Mides, quien a su vez define qué jóvenes podrán acceder a la beca, que incluye el alojamiento pero no otros gastos como comida o ropa. De todos modos, la mayoría reciben una beca del Fondo de Solidaridad de $ 11.320 o 2 BPC al mes. Para renovar cada beca se aplica el mismo criterio de exigencia académica que el del Fondo de Solidaridad.
Un camino para poder viajar a estudiar
Una estudiante de Medicina de Florida y otro de Fonoaudiología de San José contaron a El País que se habían anotado el año pasado para alojarse en la residencia estudiantil respectiva en Montevideo, pero quedaron sin cupo.
Viajaban a diario a la capital, destinando más de $ 5.000 solo en pasajes al mes, más el tiempo del trayecto. En el caso del joven, no recibía en aquel entonces siquiera la beca del Fondo de Solidaridad para al menos costear los boletos.
No obstante, ambos quedaron en una lista preliminar para alojarse en la ciudad universitaria y tras una entrevista les confirmaron que estaban becados. Si bien señalaron que no es sencillo instalarse, valoraron de forma positiva la convivencia. “Somos todos muy compañeros”, subrayó la joven.
La Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga se inauguró en octubre. Cuando se hizo, el presidente Luis Lacalle Pou señaló: “Que esta ciudad universitaria tenga el nombre de Larrañaga se justifica por varias razones. Jorge es uno como cualquiera de ustedes, gurises. Porque él supo lo que era venirse de Paysandú a la capital, remarla, estudiar, hacer amigos, ser a veces sapo de otro pozo”.
