El gobierno ya sabe que tener un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China -como se ha intentado hasta ahora-, o acuerdos de similar dimensión con otros bloques o países, es más una utopía que un objetivo alcanzable. Al menos al mediano plazo, porque la tesis del presidente Luis Lacalle Pou es que se debe “empujar” todo lo que se pueda en pos de estos objetivos, que implican intentar “abrir” a Uruguay al mundo mucho más de lo que lo está hoy, y que en todo caso la “herencia” de esta administración sea haberse acercado en algo a la meta.

Ese es un pragmatismo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzaron a asumir de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de los mensajes que ha dado China en los últimos meses, luego de culminado los estudios de factibilidad, etapa previa al inicio de las negociaciones por el ansiado TLC con Uruguay, pero sobre lo cual al momento no hay ni habrá novedades.

Por eso en el Poder Ejecutivo han visto con optimismo la noticia dada a conocer ayer por El País, acerca de la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de Washington por parte de senadores de los partidos Demócrata y Republicano que plantea la eliminación aranceles de todos los productos uruguayos que no tengan limitación de cuotas.

La iniciativa, que pertenece a los senadores demócratas Robert Menéndez y Tim Kaine, y al republicano Bil Hagerty, llega luego de que estos legisladores norteamericanos se reunieran semanas atrás con Lacalle Pou en la residencia de Anchorena, y en momentos en que el mandatario uruguayo se encuentra en Estados Unidos para recibir un galardón de la organización Americas Society.

De aprobarse este plan -algo que primero deberá ser refrendado por el Congreso estadounidense- se le permitiría a Uruguay ingresar al vasto mercado de Estados Unidos sin necesidad de pagar aranceles. Si esto se concreta el beneficio abarcaría prácticamente toda la oferta exportable del país hacia los Estados Unidos (como, por ejemplo, productos cítricos, miel, madera, vino, caviar, cordero, lanas y cueros) pero quedarán exceptuados aquellos bienes que ya están limitados por cuotas, como es el caso de la carne y los quesos.

“Esto muestra la proactividad que ha tenido el gobierno y sigue teniendo con todos los países”, indicaron las fuentes de gobierno consultadas.

El comunicado de los estadounidenses -que también se mostraron entusiastas con el camino iniciado (ver recuadro)- asegura que es “el primer proyecto de ley enfocado exclusivamente en fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Uruguay”, y destaca especialmente la “innovadora legislación bipartidista (que) hace que Uruguay sea elegible para preferencias comerciales en virtud de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe”.

El texto de los norteamericanos tiene, además, otro foco: sacar el requerimiento de visa para los empresarios y empezar a analizar que se deje de exigir este documento a cualquier ciudadano de Uruguay.

La iniciativa ahora plantea que la Casa Blanca lleve a cabo una “reopinión sobre Uruguay (acerca de si) cumple con los criterios de elegibilidad para la designación como país del programa de exención de visa bajo la sección 217 de la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad”.

El proyecto prevé un plazo de 90 días desde la promulgación de esta ley, período en que el secretario de Seguridad Nacional, “en consulta con el secretario de Estado, presentará al Congreso un informe” que incluirá la “evaluación” correspondiente que definirá si Uruguay “cumple los criterios de elegibilidad” para entrar en el programa de exención de visas.

En caso contrario, si Uruguay no queda dentro del programa, el informe deberá contar con una “descripción” de las acciones requeridas de Uruguay para cumplir con tales criterios.

Más allá de esto, se plantea incluir de inmediato a Uruguay entre los países que pueden acceder a los tipos de visa E1 y E2. El primero se refiere específicamente para personas que mantienen algún tipo de actividad comercial con Estados Unidos. Y el segundo, es una categoría de visas que puede ser utilizada por inversionistas.

Este es, entonces, un ejemplo de lo que en Cancillería vienen insistiendo a Presidencia: apuntar a acuerdos de más fácil “concreción” que a priori pueden resultar “menos ambiciosos” que un TLC con China o que el ingreso al Acuerdo Transpacífico -para el cual Uruguay formuló su solicitud de ingreso en diciembre pasado-, pero que en los hechos arrojen “resultados” de impacto y que puedan mostrarse con facilidad a la opinión pública.

Porque la realidad ya la describió el canciller Francisco Bustillo, en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Internacionales del Senado la semana pasada: lo que el vicepresidente y el canciller de China le transmitieron en su visita a ese país a mediados de abril es que la respuesta “no fue un sí o un no a un TLC”, sino que “habían tomado nota” sobre la intención del presidente brasileño Inácio Lula Da Silva de que ese acuerdo se haga con el Mercosur y no solo con Uruguay. Al mismo tiempo, Bustillo lamentó ante los senadores “el problema” de que “el Mercosur no avanza” en ninguna negociación para abrir el bloque.