PARLAMENTO

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es interpelada desde las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados a instancias de la bancada del Frente Amplio y del diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust. La decisión de interpelar a Arbeleche se tomó luego de que el Ministerio de Economía aprobara la exoneración de tributos a una empresa del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

Arbeleche dijo en sus respuestas que la resolución fue "legal", que el cargo de Alfie no tiene "incompatibilidad" con el acceso a los beneficios y que no dárselo sería hacerlo "renunciar a sus derechos". En tanto, la oposición, con el diputado frenteamplista Gonzalo Civila como miembro interpelante, criticó la falta de información y de "ética" y planteó que el caso Alfie es "pieza de evidencia de un crimen mayor".

"Para mí sería muy sencillo terminar la discusión presentando el expediente porque no tiene ningún misterio", dijo la secretaria de Estado, aunque aclaró que "no tiene normativa" para presentarlo.

Durante uno de los tantos cuartos intermedios que se vienen realizando para sanitizar la cámara, la ministra brindó esta noche una conferencia de prensa, acompañada por la bancada del oficialismo. Allí dijo: "Esta interpelación se está llevando a cabo por haber aplicado la ley" y destacó que "no hubo una situación ilegítima" en la exoneración concedida.

"Se actuó en todo caso adentro de la ley, en forma legítima", subrayando que el proceso es "muy objetivo".

Por su parte, Civila, también en conferencia de prensa, apuntó: "Salimos con muchas más dudas de las que entramos".

El miembro interpelante criticó que Arbeleche fue a "leer un informe jurídico, previamente elaborado, y después frente a la insistencia de responder preguntas se negó a contestarlas".

"Hemos reafirmado a lo largo de la interpelación es que evidentemente hay cosas que no se quieren revelar" subrayó. También apuntó al gobierno, que "beneficia a minorías, a la que pertenecen los propios gobernantes, en detrimento de las mayorías".

Civila inició la interpelación planteando que la instancia de hoy es la primera en que se llama a un ministro al Parlamento "después de 444 días que han trascurrido desde que asumió el 1° de marzo de 2020 el actual gobierno". "Hemos esperado bastante tiempo par que se generara un llamado a sala, una instancia de interpelación. Eso obedece a muchas razones, algunas que tendremos que conversar internamente, otras muy objetivas y muy pesadas, estamos viviendo una pandemia y una crisis económica y social profundísima", expresó. 

"Esto no es un duelo de honor (...) pero cuando hay mínimos éticos, algunos consagrados en las leyes, los debates no son sobre si es mala o buena una persona, no se trata de mancillar el honor de nadie. Nosotros no queremos individualizar. No queremos pegarle a nadie en el piso. No venimos a buscar equivalencias, venimos a buscar un debate democrático que permita esclarecer a la ciudadanía", dijo.

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En la misma línea, expresó: "Esto no es un concurso, o carrera de pasaje de facturas. lo que queremos es que el gobierno se haga cargo, deje de ampararse de lo que hicieron otros para no hacerse responsable de sus propias decisiones. Que deje de ampararse en lo que mal o bien hizo nuestra fuerza política, incluso".

Antes de dar inicio, Civila, quien aseguró que les fue rechazado un pedido de acceso a la información pública que fue realizado por diputados del Frente Amplio sobre el caso Alfie, propuso que si algún integrante quisiera discutir sobre hechos ocurridos durante el gobierno del Frente Amplio o de gobiernos anteriores, presentara "un asunto político en cámara" para discutirlo "en una sesión especialmente destinada a eso". "Lo otro es una maniobra evitativa del que no tiene con qué afrontar su propio problema ni razones para defenderse", indicó el diputado.

A su turno, la ministra Arbeleche recordó que en Uruguay existe una política de Estado para la promoción de inversiones que se ha desarrollado en el país "durante al menos medio siglo". Por lo tanto cuando "se otorga una exoneración tributaria no se otorga un beneficio, un subsidio o una prebenda a exclusivo derecho del particular, lo que está otorgando es un incentivo o haciendo una política de fomento con el objetivo de obtener como contrapartida la inversión", aseguró.

"Como ministra firmé esa resolución y tenía absoluto conocimiento de la resolución que estaba firmando", dijo y afirmó: "Se actuó plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos y favorables. La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico". 

La ministra indicó además que el cargo de director de OPP "no tiene incompatibilidades específicas para el desarrollo de la actividad privada" y recordó que "beneficiario no integra el órgano resolutivo".

"Quién toma la decisión es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quién solicita la exoneración no integra el MEF. Debe quedar claro que no lo integra y tampoco integra el sistema orgánico Poder Ejecutivo. Él preside la OPP, que es dependiente de Presidencia de la República", remarcó.

En la misma línea aseguró que "jurídicamente en ninguna parte está establecido que por el hecho de devenir en gobernante o funcionario público deben negarse derechos sustanciales por la sola circunstancia de ser funcionario público o gobernante. Lo único que sí puede y debe exigirse es la abstención en el procedimiento resolutivo. Pero la pérdida de derechos sustanciales, el derecho de goce como es llamado, por el hecho de transformarse en gobernante o funcionario público, implicaría una causal inexistente de conculcación de derechos de cualquier ciudadanos", dijo.

"Ningún inversor está obligado a perder o renunciar a sus derechos sustanciales sí se cumplen los requisitos legales sea o no funcionario o gobernante. El economista Alfie, tampoco", dijo.

Para finalizar, Arbeleche expresó: "No hubo ninguna ilegalidad ni discrecionalidad mal ejercida, ni de parte del solicitante ni de la ministro de Economía y Finanzas en la resolución del expediente 84398 del año 2019. Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito". 

El diputado Civila se mostró disconforme con las respuestas de la jerarca y lo resumió diciendo: "Sabemos lo mismo que sabíamos antes de ingresar a la sesión".

"Hay una respuesta concreta que me dio la señora ministra, que es que la solicitud de exoneración es del 13 de diciembre del año 2019", indicó el diputado y así hizo alusión a una nota con fecha del 3 de diciembre de ese año, en la que se informaba que a Alfie se le ofreció un cargo público.

"Estuvimos meses escuchando insinuaciones de parte de integrantes del gobierno, que pretendían hacer entrever que Alfie no sabía que iba a integrar el gobierno y presentó la solicitud sin tener ese elemento arriba de la mesa y eso es una absoluta falsedad, es mentira", dijo. "La presentó después de enterarse que iba a ser el director general de la OPP y nosotros tenemos que asumir que está todo bien hecho", dijo y agregó: "Es muy poco serio".

"Esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor, gobiernan para beneficiarse a si mismos y vienen a fundamentar en principios generales del derecho que no aplican normas de ética en la función pública para darse exoneraciones a sí mismos", agregó mientras diputados de otras bancadas reclamaban por sus dichos. 

En esa línea, agregó: "No entiendo, si esto está tan bien no entiendo por qué lo revocaron, por qué renunció, no se entiende. Y si tuvo que renunciar y tuvieron que revocarlo no se entiende por qué siguen en los cargos donde están. Hay una inconsistencia que creo que tienen que ver con esta tensión permanente entre la realidad y la apariencia".

Por su parte, Arbeleche reiteró que "la única alternativa era dar la exoneración tributaria" y expresó: "No me queda claro si la propuesta es que no se cumpliera la ley, no cumplir la ley no es una opción".

El asesor del Ministerio de Economía, Marcos Álvarez, quien también fue asesor durante la gestión de Danilo Astori, indicó que "lo que los funcionarios públicos, tanto ética como jurídica y penalmente tienen vedado, normalmente es la intervención, pero la conculcación de los derechos que están atrás, los derechos de fondo, tiene que haber una norma específica expresa y por lo menos de jerarquía legal que lo establezca".

"Lo voy a ilustrar con algunos ejemplos: yo soy funcionario del Ministerio de Economía hace más de 20 años y tengo subdelegada la firma en algunos temas por parte de los ministros que han actuado y uno de esos temas son los de otorgar exoneraciones tributarias para los vehículos hoy llamados de discapacitados. Yo firmo varias decenas de expedientes por semana ennombre del MEF. ¿Significa eso que si yo me incapacito no tengo derecho a un auto para discapacitados?", cuestionó. "Eso es lo que está en cuestión, esa es la diferencia que se tiene que tener presente de lo que la señora ministra intentó expresar", aclaró.

Por su parte, Janet Cukier, directora de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) informó que "los beneficios fiscales no implican una erogación monetaria para el Estado. El Estado no está entregando un cheque en el momento en que promueve, solo indica la posibilidad de que la empresa pueda exonerar algunos impuestos en el futuro".

Además, Mauricio di Lorenzo, también asesor del MEF hizo referencia a los pedidos de acceso a la información realizada por los diputados frenteamplistas. "Al recurrir a este mecanismo nosotros lo valoramos como una solicitud a la cual tiene acceso cualquier ciudadano, inclusive extranjeros (...) En el año 2013, en posición que este ministerio comparte, el entonces ministro Fernando Lorenzo declaró confidenciales no solo los temas de Comap, sino temas de enorme sensibilidad", explicó. 

"Al recurrir a este estatuto que prevé el acceso a la información pública, los senadores para nosotros devienen en ciudadanos como cualquier ciudadano que anda por la calle y nosotros en ese sentido le aplicamos al resolución que declara confidencial la información que solicitaban. No toda, hubo información que le fue otorgada", indicó.

La diputada Ana Olivera consideró que hubiera sido necesario levantar la confidencialidad frente al pedido de los legisladores. "No comparto el criterio de que esto abriría una canilla, porque es una resolución de un ministro en el año 2013, por lo tanto frente a una alarma pública real, creo que hubiera correspondido el levantamiento de la confidencialidad de ese expediente. No lo obtuvimos y hoy tampoco aquí en sala estamos obteniendo respuestas a las preguntas", expresó.

"¿Si esto no está reñido con la corrección política, la conducta, la transparencia y la ética, por qué el propio presidente hizo que se presente una renuncia a este beneficio?", subrayó la diputada opositora Bettiana Díaz.

"Estamos discutiendo por US$ 8.000 de una inversión promovida que al final no fue, en un universo de US$ 400 millones de exoneración que el Estado da para promover la promoción y el empleo", destacó el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano.

"Hay una clara e intensa y manifiesta voluntad política de intentar quebrarle una pata al gobierno, y nosotros no lo vamos a permitir", destacó el diputado blanco.

El diputado opositor Daniel Gerhard, destacó: "Seguimos convencidos que al estar subordinados de (Isaac) Alfie en la Comap este proceso ya quedó dudoso, viciado".

Sobre la exposición de la ministra Arbeleche, dijo: "Que no nos responda es una suerte de atropello del Poder Ejecutivo, y no es el primero. Habernos obligado a esta cámara, al Poder Legislativo a discutir 500 artículos en 90 días, que ninguno era urgente, fue el primer atropello de esta legislatura".