PARLAMENTO

Diputados interpela a Arbeleche por exoneraciones a empresa de Alfie

La ministra considera que esta instancia se da "por haber aplicado la ley", mientras Gonzalo Civila, miembro interpelante afirma: "Salimos con muchas más dudas de las que entramos".

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es interpelada desde las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados a instancias de la bancada del Frente Amplio y del diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust. La decisión de interpelar a Arbeleche se tomó luego de que el Ministerio de Economía aprobara la exoneración de tributos a una empresa del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

Arbeleche dijo en sus respuestas que la resolución fue "legal", que el cargo de Alfie no tiene "incompatibilidad" con el acceso a los beneficios y que no dárselo sería hacerlo "renunciar a sus derechos". En tanto, la oposición, con el diputado frenteamplista Gonzalo Civila como miembro interpelante, criticó la falta de información y de "ética" y planteó que el caso Alfie es "pieza de evidencia de un crimen mayor".

"Para mí sería muy sencillo terminar la discusión presentando el expediente porque no tiene ningún misterio", dijo la secretaria de Estado, aunque aclaró que "no tiene normativa" para presentarlo.

Durante uno de los tantos cuartos intermedios que se vienen realizando para sanitizar la cámara, la ministra brindó esta noche una conferencia de prensa, acompañada por la bancada del oficialismo. Allí dijo: "Esta interpelación se está llevando a cabo por haber aplicado la ley" y destacó que "no hubo una situación ilegítima" en la exoneración concedida.

"Se actuó en todo caso adentro de la ley, en forma legítima", subrayando que el proceso es "muy objetivo".

Por su parte, Civila, también en conferencia de prensa, apuntó: "Salimos con muchas más dudas de las que entramos".

El miembro interpelante criticó que Arbeleche fue a "leer un informe jurídico, previamente elaborado, y después frente a la insistencia de responder preguntas se negó a contestarlas".

"Hemos reafirmado a lo largo de la interpelación es que evidentemente hay cosas que no se quieren revelar" subrayó. También apuntó al gobierno, que "beneficia a minorías, a la que pertenecen los propios gobernantes, en detrimento de las mayorías".

Bancada oficialista "ratifica" la "confianza" en Alfie y da "total" apoyo a Arbeleche

La moción que presentará la bancada de la coalición de gobierno, a la que tuvo acceso El País, manifiesta su "total y absoluto respaldo a lo expresado y actuado" por Arbeleche, habiendo "observado el estricto cumplimiento y apego" a las normas jurídicas vinculadas con este caso, así como que fueron "plenamente satisfactorias sus respuestas a todas las interrogantes planteadas en sala".

Por otro lado, el oficialismo "ratifica" la "confianza personal, profesional y política" en Isaac Alfie.

Moción del FA: explicaciones de Arbeleche "han resultado totalmente insatisfactorias" 

Por su parte, la bancada del Frente Amplio presentó a la mesa una moción en la que subraya que "las explicaciones brindadas por la ministra han resultado totalmente insatisfactorias y no ha respondido la mayoría de las preguntas que se le realizaron".

Según el texto, al que accedió El País, consideran que "ha quedado claro que la exoneración se concedió por la firma de la ministra y tras la evaluación de un proyecto con nombre y apellido, por lo que no existió ningún procedimiento automático como se ha invocado. La ministra reconoció saber que le estaba concediendo, por su firma, una exoneración al director general de la OPP", añade.

Consideran que Alfie "estaba en pleno conocimiento de que integraría el futuro equipo de gobierno al momento de presentar la solicitud de exoneración".

"La reafirmación por parte tanto de la ministra como del director general de la OPP de que su actuación ha sido correcta no se condice con la revocación posterior de la resolución, que aparenta haber sido motivada por cálculos de costos políticos derivados del conocimiento público del tema", añade el Frente Amplio.

"Denota una concepción de la ética pública por parte de los jerarcas que resulta peligrosa para el país", remata la moción.

Los planteos de la oposición

Civila inició la interpelación planteando que la instancia de hoy es la primera en que se llama a un ministro al Parlamento "después de 444 días que han trascurrido desde que asumió el 1° de marzo de 2020 el actual gobierno". "Hemos esperado bastante tiempo par que se generara un llamado a sala, una instancia de interpelación. Eso obedece a muchas razones, algunas que tendremos que conversar internamente, otras muy objetivas y muy pesadas, estamos viviendo una pandemia y una crisis económica y social profundísima", expresó. 

"Esto no es un duelo de honor (...) pero cuando hay mínimos éticos, algunos consagrados en las leyes, los debates no son sobre si es mala o buena una persona, no se trata de mancillar el honor de nadie. Nosotros no queremos individualizar. No queremos pegarle a nadie en el piso. No venimos a buscar equivalencias, venimos a buscar un debate democrático que permita esclarecer a la ciudadanía", dijo.

En la misma línea, expresó: "Esto no es un concurso, o carrera de pasaje de facturas. lo que queremos es que el gobierno se haga cargo, deje de ampararse de lo que hicieron otros para no hacerse responsable de sus propias decisiones. Que deje de ampararse en lo que mal o bien hizo nuestra fuerza política, incluso".

Antes de dar inicio, Civila, quien aseguró que les fue rechazado un pedido de acceso a la información pública que fue realizado por diputados del Frente Amplio sobre el caso Alfie, propuso que si algún integrante quisiera discutir sobre hechos ocurridos durante el gobierno del Frente Amplio o de gobiernos anteriores, presentara "un asunto político en cámara" para discutirlo "en una sesión especialmente destinada a eso". "Lo otro es una maniobra evitativa del que no tiene con qué afrontar su propio problema ni razones para defenderse", indicó el diputado.

Interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en Cámara de Diputados. Foto: Leonardo Mainé.
Interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en Cámara de Diputados. Foto: Leonardo Mainé.

Los argumentos de Arbeleche

A su turno, la ministra Arbeleche recordó que en Uruguay existe una política de Estado para la promoción de inversiones que se ha desarrollado en el país "durante al menos medio siglo". Por lo tanto cuando "se otorga una exoneración tributaria no se otorga un beneficio, un subsidio o una prebenda a exclusivo derecho del particular, lo que está otorgando es un incentivo o haciendo una política de fomento con el objetivo de obtener como contrapartida la inversión", aseguró.

"Como ministra firmé esa resolución y tenía absoluto conocimiento de la resolución que estaba firmando", dijo y afirmó: "Se actuó plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos y favorables. La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico". 

La ministra indicó además que el cargo de director de OPP "no tiene incompatibilidades específicas para el desarrollo de la actividad privada" y recordó que "beneficiario no integra el órgano resolutivo".

"Quién toma la decisión es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quién solicita la exoneración no integra el MEF. Debe quedar claro que no lo integra y tampoco integra el sistema orgánico Poder Ejecutivo. Él preside la OPP, que es dependiente de Presidencia de la República", remarcó.

En la misma línea aseguró que "jurídicamente en ninguna parte está establecido que por el hecho de devenir en gobernante o funcionario público deben negarse derechos sustanciales por la sola circunstancia de ser funcionario público o gobernante. Lo único que sí puede y debe exigirse es la abstención en el procedimiento resolutivo. Pero la pérdida de derechos sustanciales, el derecho de goce como es llamado, por el hecho de transformarse en gobernante o funcionario público, implicaría una causal inexistente de conculcación de derechos de cualquier ciudadanos", dijo.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es interpelada en la Cámara de Diputados. Foto: Leonardo Mainé.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es interpelada en la Cámara de Diputados. Foto: Leonardo Mainé.

"Ningún inversor está obligado a perder o renunciar a sus derechos sustanciales sí se cumplen los requisitos legales sea o no funcionario o gobernante. El economista Alfie, tampoco", dijo.

Para finalizar, Arbeleche expresó: "No hubo ninguna ilegalidad ni discrecionalidad mal ejercida, ni de parte del solicitante ni de la ministro de Economía y Finanzas en la resolución del expediente 84398 del año 2019. Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito". 

La ley de inversiones "beneficia a los poderosos", señala Cabildo que pide revisión

El diputado cabildante Álvaro Perrone señaló que para su partido que integra la coalición de gobierno, Alfie "no tuvo ningún delito", y "lamentó" que se utilice la interpelación para "temas minúsculos".

"Acá no hay delito, no hay temas éticos, no hay beneficios por atrás del mostrador", dijo.

En tanto, planteó "discutir el tema de la ley de inversiones y profundamente este tipo de exoneraciones", porque "la mayoría no logra acceder porque no los conoce o porque les sale caro al Estado, porque se sacrifica siete puntos del PBI".

"Se tiende a beneficiar a los grandes en detrimento de los pequeños. La reforma tributaria del FA debe ser revisada porque aumentan el gravamen sobre el trabajo y se exonera al capital. Insistimos en revisar esto", recalcó.

En esa línea, dijo que Cabildo Abierto "le ha hecho saber a la ministra este régimen fiscal que beneficia a los poderosos. Hay elementos de gasto fiscal y tributario que deben ser analizados en el marco de un diálogo nacional".

"Las políticas se promoción de inversiones han sido caras, regresivas y hasta arbitrarias. Se penalizan a los mico y pequeños empresarios", añadió.

Debate entre argumentos y disconformidad

El diputado Civila se mostró disconforme con las respuestas de la jerarca y lo resumió diciendo: "Sabemos lo mismo que sabíamos antes de ingresar a la sesión".

"Hay una respuesta concreta que me dio la señora ministra, que es que la solicitud de exoneración es del 13 de diciembre del año 2019", indicó el diputado y así hizo alusión a una nota con fecha del 3 de diciembre de ese año, en la que se informaba que a Alfie se le ofreció un cargo público.

"Estuvimos meses escuchando insinuaciones de parte de integrantes del gobierno, que pretendían hacer entrever que Alfie no sabía que iba a integrar el gobierno y presentó la solicitud sin tener ese elemento arriba de la mesa y eso es una absoluta falsedad, es mentira", dijo. "La presentó después de enterarse que iba a ser el director general de la OPP y nosotros tenemos que asumir que está todo bien hecho", dijo y agregó: "Es muy poco serio".

Diputado Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé.
Diputado Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé.

"Esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor, gobiernan para beneficiarse a si mismos y vienen a fundamentar en principios generales del derecho que no aplican normas de ética en la función pública para darse exoneraciones a sí mismos", agregó mientras diputados de otras bancadas reclamaban por sus dichos. 

En esa línea, agregó: "No entiendo, si esto está tan bien no entiendo por qué lo revocaron, por qué renunció, no se entiende. Y si tuvo que renunciar y tuvieron que revocarlo no se entiende por qué siguen en los cargos donde están. Hay una inconsistencia que creo que tienen que ver con esta tensión permanente entre la realidad y la apariencia".

Por su parte, Arbeleche reiteró que "la única alternativa era dar la exoneración tributaria" y expresó: "No me queda claro si la propuesta es que no se cumpliera la ley, no cumplir la ley no es una opción".

El asesor del Ministerio de Economía, Marcos Álvarez, quien también fue asesor durante la gestión de Danilo Astori, indicó que "lo que los funcionarios públicos, tanto ética como jurídica y penalmente tienen vedado, normalmente es la intervención, pero la conculcación de los derechos que están atrás, los derechos de fondo, tiene que haber una norma específica expresa y por lo menos de jerarquía legal que lo establezca".

"Lo voy a ilustrar con algunos ejemplos: yo soy funcionario del Ministerio de Economía hace más de 20 años y tengo subdelegada la firma en algunos temas por parte de los ministros que han actuado y uno de esos temas son los de otorgar exoneraciones tributarias para los vehículos hoy llamados de discapacitados. Yo firmo varias decenas de expedientes por semana ennombre del MEF. ¿Significa eso que si yo me incapacito no tengo derecho a un auto para discapacitados?", cuestionó. "Eso es lo que está en cuestión, esa es la diferencia que se tiene que tener presente de lo que la señora ministra intentó expresar", aclaró.

Por su parte, Janet Cukier, directora de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) informó que "los beneficios fiscales no implican una erogación monetaria para el Estado. El Estado no está entregando un cheque en el momento en que promueve, solo indica la posibilidad de que la empresa pueda exonerar algunos impuestos en el futuro".

Llamado al orden

Luego del intermedio que se realizó en las primeras horas de la tarde, la presidenta de la Cámara de Diputados, Elsa Capillera, debió realizar un llamado al orden debido a un cruce entre el diputado blanco Juan Rodríguez y Gonzalo Civila, miembro interpelante. 

"Es una muestra de soberbia, de falta de respecto, de irresponsabilidad", consideró Rodríguez respecto a los dichos de Civila y opinó que se subestimó la capacidad de autonomía técnica de los integrantes del MEF. "El meollo en esta sala es que las leyes no se tienen que aplicar, sino que las leyes se tienen que aplicar según si le gusta al miembro interpelante o no", agregó.

"Manejar conceptos, manejar afirmaciones con esa liviandad no hace más que erosionar el sistema jurídico, porque no se trata de decir que uno comparte o no, se trata de atacar las bases de nuestro Estado. Se ha dicho claramente que todo lo vinculado con este caso no es objeto de la discrecionalidad, sino que son actos reglados y es así", indicó. 

"Yo me permito sugerirle al señor miembro interpelante, que por su profesión, por su vocación, es un ávido lector, que lea un poquito de libros de jurídica. Yo acá tengo algunos, pero puede pedirlos en la Biblioteca, que amablemente se los dan", agregó.

Al finalizar, expresó: "Hemos fracasado en un debate por lo alto. No se puede esperar del burro más que una patada. Tener que escuchar agravios no hace más que permitirle responder que existe un orden jurídico y también las normas se aplican de forma armónica".

Por su parte, Civila indicó: "El diputado me acusa de pretender que se viole la ley, es una acusación gravísima".

"La invitación a leer la acepto con mucho gusto, me gusta leer, el diputado sabe que soy profesor de filosofía", expresó Civila y agregó: "No soy un filosofo destacado, como usted no es ningún jurista destacado. Pero me invita a leer libros de derecho y yo lo invito a leer algunos libros de filosofía, de ética en realidad". 

En la misma línea expresó: "No sé qué puedo recomendarle que pueda ayudarlo a manejar las redes sociales con un criterio que no sea enchastrar a los demás. Porque el señor diputado que acaba de hablar en estos días previos se dedicó a subir un video editado en el que aprezco, donde se me corta una frase a la mitad y tras eso se sube un documento. Hablando de invitaciones a leer -no sé si eso se arregla con lectura- estamos complicados", finalizó.

Tensión entre Fratti y Schipani por situación "análoga" con importación del Frente Amplio en 2019

Se generó tensión en la noche de este miércoles luego de que diputado colorado Felipe Schipani subrayara que "se aplica la ética de modo dispar para situaciones análogas". Comenzó a leer un papel indicando que era una resolución del 20 de mayo de 2019 (año electoral), en la cual el ministro de Economía de aquél entonces, Danilo Astori "exoneró al Frente Amplio".

En ese momento, Fratti remarcó que estaba "fuera de tema" y que por tanto tenía que "restringirse al tema, porque si no lo volveremos a cortar todas las veces que sea necesario", expresó.

Schipani retrucó que el Frente Amplio "para la campaña electoral importó 7.000 camisetas", hasta que nuevamente Fratti lo volvió a interrumpir. El colorado aseguró que estaba "en su derecho". Luego mocionó a la mesa para que se le permita seguir con su "línea argumental".

Una vez que retomó la palabra, el colorado lanzó a Frattii: "Espero que me tome en consideración los minutos perdidos", y retomó el tema. Puntualizó que el Frente Amplio importó de China 7.000 gorros, 1.400 camperas, 4.000 gorros y 1.200 banners "sacándole trabajo a quienes fabrican banderas y todo eso", lanzó.

Fratti nuevamente interrumpió y enfatizó: "Esto no va más. Si quiere cuestione a la mesa, pero esto no corre más...". Posteriormente se leyó el artículo 75 por el cual se le prohíbe hablar el resto de la sesión.

Tras un intercambio con Schipani, Fratti pidió un cuarto intermedio de varios minutos. A la vuelta, Schipani retomó la palabra y afirmó "con el mayor de los respetos" que se estaba "refiriendo a situaciones análogas para comparar criterios que han tenido los distintos gobiernos para resolver exoneraciones".

Pedido de acceso a la información

Además, Mauricio di Lorenzo, también asesor del MEF hizo referencia a los pedidos de acceso a la información realizada por los diputados frenteamplistas. "Al recurrir a este mecanismo nosotros lo valoramos como una solicitud a la cual tiene acceso cualquier ciudadano, inclusive extranjeros (...) En el año 2013, en posición que este ministerio comparte, el entonces ministro Fernando Lorenzo declaró confidenciales no solo los temas de Comap, sino temas de enorme sensibilidad", explicó. 

"Al recurrir a este estatuto que prevé el acceso a la información pública, los senadores para nosotros devienen en ciudadanos como cualquier ciudadano que anda por la calle y nosotros en ese sentido le aplicamos al resolución que declara confidencial la información que solicitaban. No toda, hubo información que le fue otorgada", indicó.

La diputada Ana Olivera consideró que hubiera sido necesario levantar la confidencialidad frente al pedido de los legisladores. "No comparto el criterio de que esto abriría una canilla, porque es una resolución de un ministro en el año 2013, por lo tanto frente a una alarma pública real, creo que hubiera correspondido el levantamiento de la confidencialidad de ese expediente. No lo obtuvimos y hoy tampoco aquí en sala estamos obteniendo respuestas a las preguntas", expresó.

"¿Si esto no está reñido con la corrección política, la conducta, la transparencia y la ética, por qué el propio presidente hizo que se presente una renuncia a este beneficio?", subrayó la diputada opositora Bettiana Díaz.

"Estamos discutiendo por US$ 8.000 de una inversión promovida que al final no fue, en un universo de US$ 400 millones de exoneración que el Estado da para promover la promoción y el empleo", destacó el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano.

"Hay una clara e intensa y manifiesta voluntad política de intentar quebrarle una pata al gobierno, y nosotros no lo vamos a permitir", destacó el diputado blanco.

El diputado opositor Daniel Gerhard, destacó: "Seguimos convencidos que al estar subordinados de (Isaac) Alfie en la Comap este proceso ya quedó dudoso, viciado".

Sobre la exposición de la ministra Arbeleche, dijo: "Que no nos responda es una suerte de atropello del Poder Ejecutivo, y no es el primero. Habernos obligado a esta cámara, al Poder Legislativo a discutir 500 artículos en 90 días, que ninguno era urgente, fue el primer atropello de esta legislatura".

Las 11 preguntas de Civila a Arbeleche

1) Cuál es la fecha exacta de solicitud de las exoneraciones fiscales que realizó Alfie al amparo de la Ley de Inversiones y si sabía el economista sabía que integraría el futuro equipo de gobierno.

2) Si al momento de firmar la resolución en febrero fue consciente de que estaba exonerando a una empresa perteneciente al director de la OPP y si consultó sobre los actos antecedentes del acto administrativo. En caso de haber consultado si la obtuvo y la analizó.

3) Si luego de asumir como jerarca de gobierno Alfie se comunicó con la ministra para informarle que tenía este trámite en curso y si fue así en qué momento lo hizo. Además si la ministra sabe si Alfie hizo una declaración jurada de implicancias de acuerdo a la ley 19.823 informando al presidente de la República.

4) Si la ministra le informó al presidente respecto a esa exoneración, cuándo en qué términos y si no lo hizo los motivos.

5) Si más allá de cualquier otra consideración legal, ética o general, "en un contexto de crisis social económica y dado que el propio gobierno han decidido implementar restricciones de gasto", le parece adecuado conceder exoneraciones a un jerarca de gobierno "con responsabilidad directa" en el manejo de los recursos del Estado.

6) Si coincide con el presidente sobre la inconveniencia de la resolución que firmó y por qué motivo. Además por qué no relevó esa inconveniencia al momento de firmar.

7) Cuál debió ser la conducta asumida por los funcionarios de la OPP que integran la Comap, conforme normas de ética en la función pública, al momento en que la comisión resuelve elevar la recomendación de conceder un beneficio a la actividad privada del director de su propia oficina y si se asesoró al respecto.

8) ¿Cuál fue efectivamente la conducta de dichos funcionarios? ¿Sabe si declararon implicancias y se abstuvieron de participar?

9) Si no le pareció reñido con la ética pública o por lo menos dudoso el otorgarle los beneficios a Alfie. 

10) Cómo y cuándo fue notificada de que el director de la OPP renunció a los beneficios fiscales y si le pareció conveniente que así lo hiciera, incluso después de que fue ella quien firmó la resolución.

11) ¿Pudo normativamente, y atendiendo al equilibrio entre la protección de datos personales e información sensible y la relevancia pública de la información, revocar la confidencialidad de la documentación solicitada en el pedido de acceso a la información pública que sobre este tema cursaron varios senadores del Frente Amplio? Y en tal caso ¿por qué no lo hizo?

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