CRIMINALIDAD EN URUGUAY

Siete de cada diez homicidios registrados en el país fue cometido con un arma de fuego.

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El 71,4% de los homicidios fue consumado mediante un arma de fuego. Un dato que, históricamente, se ha repetido en las estadísticas de criminalidad uruguaya. Existe la percepción de que en el país hay una proliferación de armas de fuego. Una cifra largamente manejada es que hay unas 600.000 armas registradas y un número aproximadamente similar de armas ilegales. Este dato, empero, es rebatido por algunos expertos en la materia. Lo cierto es que las armas, incluso las de alto poder de fuego, sí proliferan entre grupos de delincuentes.

"Las armas de fuego no tienen relación directa con los homicidios, debido a que el resultado de la acción delictiva no depende del arma de fuego, sino de la intención del agresor-delincuente", sostiene el consultor en seguridad Edward Holfman. "La mecánica criminal es: primero piensa cómo cometer el homicidio y después busca el arma", razona el consultor.

La idea de que esta supuesta proliferación de armas puede ser enfrentada con una campaña de desarme civil es esgrimida por algunos dirigentes políticos, como el precandidato frenteamplista Mario Bergara, quien abogó por ella. Cabe recordar que el Ejecutivo impulsó esta iniciativa hace un par de años y consiguió que varios miles de civiles entregaran sus armas para destrucción, sin embargo la medida no logró prosperar.

La delincuencia armada se provee de distintas maneras ilícitas. El robo es una de las principales, pero también y sobre todo entre los grupos de narcotraficantes, circula como moneda de pago de cargamentos de droga. Hurtos en armerías, funcionarios policiales asaltados en la vía pública, guardias privados desarmados en rapiñas, o incluso se ha dado el caso de stocks de armas pertenecientes a empresas de seguridad que dejaron de funcionar y el armamento pasó a manos de delincuentes. También, señalaron distintas fuentes consultadas, el trasiego de armas en la frontera con Brasil es frecuente.

Según el relevamiento de datos hecho por el consultor Holfman, tomando como base la información proporcionada por el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército Nacional, la verdadera proporción de armas en el país es notoriamente inferior a los 3,5 que habitualmente se maneja.

Holfman sostiene, incluso, que el número de armas registrado ha ido disminuyendo en las últimas dos décadas.

"Entrando en datos de Uruguay para hacer una comparación, en el año 1995 se registraron unas 23.289 armas nuevas, ese mismo año se registraron unos 191 homicidios. En el año 2014 se registraron unas 7.684 armas de fuego nuevas y se registraron en nuestro país unos 268 homicidios. ¿Realmente se piensa que el problema son las armas?", reflexiona Holfman.

Según pudo establecer en los registros depurados del SMA, en Uruguay hay 322.551 armas registradas por civiles, de las que 25.528 pertenecen a coleccionistas.

La organización Small Arms Survey, con sede en Washington DC, realizó un estudio para Uruguay hace algunos años y, según sus conclusiones, en el país existen unas 592.687 armas ilegales. La estimación proviene de un complejo cálculo hecho a partir de la cifra conocida de armas registradas legalmente y la presunción de una existencia similar fuera de los registros oficiales. "Sin embargo, toman una cantidad que es el acumulado en los registros del Servicio de Material y Armamento desde la década de 1940, lo cual es irreal, porque muchas de esas armas o ya no están, o fueron destruidas o no están operativas", señala el consultor.

"Hoy los delincuentes se hacen de sus armas en el mercado legal e ilegal. Para ellos las armas de fuego son un botín muy codiciado para seguir con sus ilícitos, pero también le ofrecen una seguridad en caso de ser atacados en los llamados conflictos criminales", argumenta.

Otro aspecto que ha llevado a la delincuencia a armarse más es la capacidad de respuesta de la Policía. En promedio la fuerza policial puede responder a una emergencia en unos tres a siete minutos, lo cual ha derivado en varias ocasiones en enfrentamientos armados cuando los maleantes son sorprendidos durante la ejecución de un atraco, por ejemplo.

El 64,7% de las víctimas de homicidios consumados el año pasado fueron personas cuyas edades van de los 18 a los 38 años. El porcentaje alcanza los 70 si se considera a las víctimas cuyas edades van de los 13 a los 17 años (un 4,1% de los homicidios).

Policías que viven en zonas de la periferia consultados para esta nota indicaron que han visto a chicos muy jóvenes con armas. "Son gurisitos y se los ve cargando tremendas armas, es complicado intervenir para nosotros", confió uno de ellos.

Las investigaciones criminales han demostrado que la mayoría de las armas utilizadas en enfrentamientos son robadas.

"La mayoría son armas hurtadas, un número menor de armas que no tienen antecedentes, ni en el Servicio de Material y Armamento, ni denuncias de hurto o extravío, y otras son armas que los autores eventuales de un homicidio tienen de largo tiempo, sobre todo en altercados o en problemas de orden familiar, o de vecindad, en una cantidad menor. La mayoría de las armas, normalmente, son de origen ilícito", dijo a El País el fiscal de Homicidios, Juan Gómez.

Según la copiosa experiencia del fiscal especializado se ha verificado un aumento de los grupos delictivos armados, no solamente de narcotraficantes, sino grupos criminales dedicados también a las rapiñas y otros delitos, como la extorsión.

"No soy un experto, pero me parece que evidentemente el manejo y el dominio de armas se ha extendido en algunos sectores, fundamentalmente en aquellos que están para cometer delitos, narcotraficantes, vendedores de drogas, rapiñeros, individuos que integran a veces grupos criminales, que algunos hay", señaló Gómez.

Pero tal vez uno de los aspectos más preocupantes del problema es la edad de los integrantes de estos grupos. "Es una constante, son en realidad muy jóvenes, en su gran mayoría, le diría que con escuela primaria terminada, pero no más de eso", apuntó el magistrado.

Sin embargo, al hacérsele notar la edad de víctimas y victimarios, Gómez hace una precisión. "Sí, aunque las cabezas no son tan jóvenes, pero sí los ejecutores son en su mayoría jóvenes", afirmó.

Una "guerra" joven dirigida por algunas cabezas adultas ha alimentado la inflación de las estadísticas criminales. Muchas de estas "batallas" comienzan dentro de las cárceles.

De un año a otro se incrementó en 74% uso de armas de fuego

El uso de armas de fuego se incrementó en 74% de 2017 a 2018, según los datos oficiales. De los 414 casos, la Policía y el sistema de Justicia logró esclarecer el 51%, un porcentaje que se aproxima al histórico de esclarecimiento policial: durante años este índice rondó el 60 por ciento, con picos más altos de eficiencia.

Según reconocen los propios operadores, los más difíciles de esclarecer son, precisamente, aquellos enmarcados en conflictos entre delincuentes.

Pese a la juventud de la mayoría de las víctimas y la percepción de los operadores en el terreno, los números advierten que la participación de adolescentes en dichos crímenes es muy baja. Según las estadísticas, de los casos aclarados se detectó una participación del 8%.

Por franjas etarias las víctimas de entre 18 y 28 años conforman la mayor porción con un 38,9%; en tanto las de 29 a 38 años conforman el 25,8%, según datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.