Investigación

Fiscal de Artigas pide procesar a 11 exjerarcas por fraude y contrabando.

Estuvo once años a cargo de la Jefatura de Policía de Artigas. Ingresó al puesto en el año 2005 y lo abandonó recién a fines de mayo del año 2016. Se trata del Inspector Principal (R) Hugo Ferreira Martínez, una figura muy fuerte en la frontera norte.

El pasado 1° de febrero la fiscal de Artigas Carolina Dean le imputó los delitos de peculado, fraude y contrabando. Además, solicitó su procesamiento con prisión. Junto a Ferreira Martínez fueron imputados otros nueve exjerarcas policiales por su participación en los delitos.

Además, se pide el procesamiento sin prisión de dos profesionales, un contador público y una escribana que trabajaba para la Jefatura de Policía de Artigas, por un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar todos los delitos mencionados.

La investigación comenzó cuando el entonces subcomisario Roy González presentó una serie de denuncias en el año 2010. Por ese motivo, el proceso se maneja por el viejo Código del Proceso Penal.

“A mí el Ministerio (del Interior) me dio la baja por esas denuncias. Agoté toda la vía administrativa dentro de la institución y después salí afuera. Yo presenté denuncias hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasé por el Ministerio de Trabajo y el Juzgado del Crimen Organizado con el doctor Gustavo Salle. A raíz de esas denuncias me persiguieron hasta que me dieron la baja porque en Artigas todo es una mafia”, señaló González.

Dentro de sus denuncias hay casos de maniobras con predios productivos pertenecientes a la Jefatura, usos de vales de combustible para que jerarcas vacacionaran en el este del país y la expedición de un certificado de buena conducta a una traficante, a la que la detuvieron con un fardo de 50 kilos de marihuana.

González también denunció que el entonces jefe de Policía sacaba de la cárcel a delincuentes para que trabajaran en la refacción de las viviendas de integrantes de su comando.

Según el denunciante, esas salidas no tenían ningún tipo de autorización judicial. También denunció que había policías que figuraban como que trabajaban en las seccionales y que los tenía a su cargo haciendo trabajos de albañil.

El contador que está imputado autorizó compras en el exterior y en un free shop con fondos de la Jefatura de Artigas, algo que está especialmente prohibido por el Tocaf.

Por otro lado, González puso en conocimiento de la Justicia que la panadería de la Jefatura funcionaba de manera irregular. “Vendían al público en general y a los policías; ese dinero iba a parar a una caja chica. Ellos hacían uso libre de ese dinero que debería haber terminado, como corresponde, en Rentas Generales”, dijo.

La fiscal Dean conformó que un horno industrial, una amasadora y otros elementos de la panadería, pertenecientes al Estado, fueron vendidos a un funcionario policial.

El caso más grave, según González, refiere al cierre de tres destacamentos policiales en la zona de la seccional 10a, un lugar donde los abigeatos son cosa de todos los días, tras lo que arrendó a particulares los predios abandonados. Como si fuera poco, otros predios de la Jefatura fueron arrendados a terceros que no tenían suficiente ganado y los subarrendaron a otros productores.

“En determinado momento la Jefatura de Artigas llegó a tener 900 lanares (ovejas) y la majada se vio reducida. El jefe tenía un grupo que todas las semanas comía un cordero”, recordó el denunciante.

La lana producida por los animales no aparece en los registros contables.

En el expediente dirigido al juez de Artigas, la fiscal Dean solicita que los imputados sean remitidos a prisión como medida cautelar.

En ese sentido, advierte que hay un riesgo de fuga de todos los involucrados. Por otro lado, la fiscal solicitó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que se le informe si dos de los imputados se enriquecieron de manera irregular o lavado de activos.

El juez titular del Juzgado de Artigas estuvo de licencia médica hasta el pasado miércoles. Ahora el magistrado dará vista a las respectivas defensas que tienen 30 días para responder. Posteriormente, el juez contará con 90 días para dar a conocer su veredicto.