Abogados penalistas manifestaron preocupación por el retraso en el otorgamiento de libertades debido al conflicto en el Poder Judicial.

El abogado Víctor Della Valle dijo que esto genera tensión en las cárceles, y manifestó su preocupación de que eso derive en motines.

"Estuve en varias cárceles antes de fin de año y en algunas durante la feria judicial y noté gran intranquilidad en los presos. Preguntan y están preocupados porque las causas están paralizadas. Al no haber sentencias, no pueden acceder a la libertad anticipada que se puede pedir cuando cumplieron la mitad de la pena", dijo Della Valle a El País.

Señaló que "lo único que tramitan los jueces son libertades provisionales por delitos menores y excarcelables". El abogado afirmó que "ya hay movimientos raros en las cárceles, preguntas y reuniones de presos. Temo que si esto continua pueda haber algún estallido, cualquier chispa ahí puede provocar esto". Para Della Valle el panorama de futuro no es bueno, ya que es muy probable que el 2 de febrero —cuando se levante la feria judicial— las gremiales del Poder Judicial retomen las medidas.

"En enero no se habla del tema, el gobierno parece haberse olvidado del asunto, y en febrero es muy posible continúe el conflicto. Eso preocupa a los abogados porque complica nuestro trabajo", dijo. "Una cosa es demorar un divorcio o una compra-venta, pero cuando está en juego la libertad de la persona, es más delicado", sentenció.

Los gremios judiciales reclaman un aumento del 26% derivado del incremento para los ministros del Poder Ejecutivo resuelto en 2011. El gobierno había sido advertido que un aumento a los ministros generaría un incremento en cadena de los salarios de jueces, actuarios y funcionarios judiciales, debido a normas de enganche y equiparación, pero siguió adelante con la medida. A través de leyes, el Ejecutivo intentó revertir el aumento a los judiciales, pero fueron declaradas inconstitucionales.

El gobierno ofreció 8%, lo que los gremios consideran insuficiente, por lo que se prevé que la conflictividad se intensifique cuando se levante la feria judicial mayor.

En tanto, el abogado Juan Fagúndez dijo que el conflicto "complica en el sentido que los expedientes en el tracto normal están detenidos durante los paros, sin perjuicio que aquellos delitos que ameriten libertades provisionales, ese trámite se hace".

Fagúndez relató que debido al conflicto en los juzgados penales se trabaja solo en los delitos fragantes y el número de procesamientos en los turnos judiciales es muy menor al de cuando no había medidas gremiales. Hizo hincapié en que no atribuye responsabilidad a nadie sino que planteó la realidad que ve en los juzgados.

A su vez, el abogado Diego Durand coincidió en que muchas libertades quedaron sin resolución por el conflicto en el Poder Judicial. Sostuvo que hay un clima tenso en las cárceles por las demoras en decretar libertades y recordó que el dos de febrero los funcionarios judiciales decidirán en asamblea si continúan con medidas .

Para el abogado Gumer Pérez, "el nudo gordeano, el cuello de botella" es el "trámite extenso de la libertad anticipada" y el juzgado de ejecución que se creó "que vino a agilitar y terminó enlenteciendo porque le llegan muchas causas".

"Los presos en general no salen, de los casos que tengo es uno cada tanto, el trámite demora varios meses y es engorroso. Los privados de libertad te dicen que no puede ser tan complicado", añadió.

Para Pérez, el conflicto "perjudicó al usuario del sistema y el que está preso es el que más lo sufre. Pero también se da en otros ámbitos, como embargos y registros".

El artículo 328 del Código del Proceso Penal prevé el trámite de solicitud de libertad para las personas penadas que están presas. Deben haber cumplido la mitad de la pena impuesta y pedir la libertad en la dirección de la cárcel, la que se envía junto con un informe de la conducta del detenido al juez de la causa, que recaba un informe del Instituto de Criminología y luego emite su opinión. Posteriormente, se recaba la opinión del fiscal de Corte y el expediente se eleva a la Suprema Corte de Justicia, que toma una resolución.

No se dan libertades, lo cual “tensiona” interna carcelaria