TRAGEDIA EN TOLEDO

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El 25 de octubre de 2016 ocurrió una explosión y un posterior incendio en el galpón de depósito de fuegos artificiales de una fábrica de Toledo. En el siniestro perecieron los trabajadores Víctor Cándido, Johon Rodríguez Machado y Damián Fagián. Y días más tarde falleció Adrián Yanibelli.

Los trabajadores estaban dentro del galpón reparando fuegos artificiales cuando sucedió la explosión y el local se incendió totalmente.

La puerta de emergencia de la fábrica estaba cerrada con candados. La puerta principal era corrediza y de metal. Como quedó abollada del lado de afuera fue imposible abrirla desde adentro. Los primeros que llegaron al lugar se enfrentaron ante ella y con todas sus fuerzas tampoco pudieron destrabarla. Lo hicieron luego, sí, cuando tomaron una columna de hormigón, la cual la utilizaron para hacer una palanca.

Al abrirla, pudieron sacar solo a un trabajador que era Adrián Yanibelli, que salió con vida pero totalmente quemado. Fue trasladado a una mutualista y luego al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) donde falleció el 28 de octubre de 2016.

El galpón no contaba con la habilitación de bomberos ni la autorización de la Intendencia de Canelones para funcionar como fábrica.

La planta carecía de plan de evacuación y los elementos de combate de incendios no estaban en condiciones ni funcionaban.

Además, la actividad que se desarrollaba en la empresa era prohibida por el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército.

En 2016, la Justicia Penal dispuso el procesamiento con prisión de los dos propietarios de la fábrica de fuegos artificiales por el delito de homicidio culpable calificado por el resultado de muerte de varias personas. Cinco años después, la Justicia Civil se expidió.

El lunes 9, la jueza de dicha materia, Soledad Nin Zaffaroni, condenó a los dos dueños de la fábrica y a la Intendencia de Canelones a pagar una indemnización equivalente a US$ 700.000, más intereses y reajustes desde la fecha del accidente, por daño moral y lucro cesante. La compensación se dirigirá a 22 personas, familiares de las víctimas.

La sentencia de la jueza Nin Zaffaroni dictaminó que el 80% de la reparación será afrontada por la fábrica de fuegos artificiales dadas las violaciones que incurrió a normativas ambientales y laborales, y el 20% restante lo deberá pagar la Intendencia de Canelones por no haber cerrado la fábrica pese a que carecía de habilitación de Bomberos y de que los técnicos municipales habían planteado su clausura, según sostiene el fallo al que accedió El País.

La sentencia incluye un elemento inusual: la indemnización por daño mortal. Ello obliga a la fábrica de fuegos artificiales y a la Intendencia de Canelones a resarcir el daño que sufrió la persona instantes previos a su fallecimiento y la muerte misma. La jueza consideró que el pago de ese daño deberá ser heredado por los familiares de las víctimas.

La tesis de daño moral fue desarrollada por el abogado Oscar López Goldaracena en la demanda y en el alegato oral.

Los familiares directos de las cuatro víctimas, representados por los abogados López Goldaracena, Daniela Della Valle, Enrique Viana -hoy fallecido-, Gustavo Salle, Noelia García y Edwin Fontoura, iniciaron una demanda por daños y perjuicios.

Los asesores legales apuntaron en la demanda a varios elementos centrales: a que la actividad desarrollada en la fábrica de fuegos artificiales estaba prohibida por el Servicio de Material y Armamento (SMA), a que al no tener habilitación de Bomberos el local tampoco contaba con autorización municipal y a que un informe de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social concluyó que la planta no cumplía con normas de seguridad y prevención de accidentes.

El fallo señala que, durante el siniestro, la puerta de emergencia de la fábrica se encontraba cerrada con traba y reja metálica interior con candado y la cañería de la bomba de agua estaba cortada.

La fábrica era un recinto de almacenamiento donde las únicas operaciones permitidas eran las de ingreso y retiro de mercadería. Debía operar con puertas abiertas y un número limitado de personal. “No había evaluación de riesgos. No había plan de emergencia ni manual de procedimientos de trabajo. No se controlaban los elementos de prevención y contralor de incendios”, dice el fallo de la jueza. Y advierte que ese panorama negativo “no era una situación puntual” de cuando ocurrió el siniestro mortal, sino que “venía de años atrás”.