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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La posibilidad de que prosperara la millonaria propuesta de un inversor para transformar el ex Kibón era nula, informaron a El País autoridades municipales. La IMM quiere preservar, ante todo, el entorno natural y "democrático" de la costa.

"Hemos descartado ofertas de más de US$ 1.000 millones para la rambla", dijo a El País el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakof, tras la decisión de la empresa Fibesol S.A. de recurrir ante la Justicia luego que su proyecto para el exparador Kibón fuera rechazado por la vía de los hechos.

Desde la empresa se advierte que no existe un acto administrativo por el cual la IMM haya descartado su iniciativa, pero se acepta que el pliego licitatorio que aprobó la Junta Departamental recientemente -y que ya se encuentra a la venta-, por sus características, la excluye totalmente. El pliego aprobado es de una inversión cercana a US$ 750.000 (la propuesta de Fibesol es de US$ 70 millones) y no involucra el traslado, en principio, de la terminal de ómnibus que se encuentra junto al parador. En general, prioriza el paseo costero, sin introducir grandes modificaciones al local y el entorno.

LA DENUNCIA. Como diera cuenta El País, Fibesol denunció "procedimientos irregulares" y un tratamiento "groseramente contrario a Derecho y al sentido común que la Intendencia dispensa al proyecto". A su vez, la empresa sostuvo que "dos funcionarios municipales de alta jerarquía, en ánimo de descalificar el proyecto con desconocidas intenciones, faltaron a la verdad en algunos casos y ocultaron información a la Junta Departamental en otros".

En una carta entregada por el asesor de la empresa a la Presidencia de la Junta, se hace referencia a una comparecencia en la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta Departamental -de octubre de 2010- en la que estuvieron presentes el director de Desarrollo Económico e Integración regional de la Intendencia, Luis Polakof, y el coordinador de la recientemente inaugurada Oficina Municipal de Inversiones, Rafael Mendive.

Esta oficina se encuentra bajo de la égida de la Prosecretaría de la Intendencia, cuyo titular es Jorge Rodríguez. "Se podrá discutir la forma, pero sobre el fondo, no hay nada que discutir", dijo Rodríguez a El País. Según el jerarca, la inversión de Fibesol incluía "más de un centenar de locales comerciales sobre la rambla, lo cual provoca perjuicios de todo tipo, de tránsito, ambientales y de competencia con el Montevideo Shopping que está a unas cuadras del lugar".

Por su parte, el director del Departamento de Planificación de la Intendencia, Juan Pedro Urruzola, dijo a El País que la posición del gobierno sobre lo que se puede hacer y lo que no en la rambla de Montevideo está en línea con un informe realizado por el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura hace algunos años. Este informe refiere a la naturaleza morfológica, paisajística y espacial de la costa en términos de una perspectiva de trabajo a largo plazo. "La rambla es un espacio democrático, con naturaleza de espacio público reunitivo."

"Es un espacio representativo de todos", sintetizó Urruzola.

SIN DOCUMENTOS. Fibesol S.A. señala que el expediente con su propuesta de inversión de US$ 70 millones para el exparador Kibón y su entorno tuvo una enorme cantidad de traslados en oficinas municipales en los últimos años. Sin embargo, apunta que "no se realizaban informes, ni estudios, ni evaluaciones de forma documentada". "Según surge de las propias carátulas y trámites administrativos, se trasladó entre oficinas y dependencias comunales 277 veces", señala el documento. E inquiere: "¿Dónde están los informes relativos a la vasta información aportada por la actora en varios expedientes durante 60 meses de trámite administrativo?".

La empresa señala que un funcionario municipal expresó que parte de la documentación "era confidencial", lo cual representa "un claro incumplimiento" a la ley de acceso a la información (18.381).

A su vez informa que presentó un estudio de factibilidad técnica y económica del proyecto -en lo cual participaron técnicos y representantes de accionistas nacionales y extranjeros- que no fue debidamente considerado.

En el escrito de Fibesol se hacen varias referencias a las expresiones de los directores municipales Polakof y Mendive en la Junta Departamental.

La firma dice que "con evidente malicia", Mendive dijo que este proyecto de inversión privada requería "levantar la rambla", lo cual nunca estuvo planteado.

Al contrario de lo que sostiene la Intendencia de Montevideo, Fibesol afirma que su propuesta no modificaba sustantivamente la fisonomía de la costa. Y que contaba con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. En un documento de julio de 2008 al cual tuvo acceso El País, que lleva la firma de un arquitecto de la Comisión de Patrimonio, se señala que gran parte de la propuesta de Fibesol "se desarrolla bajo tierra, considerando la cubierta como una extensión del tapiz herbáceo en el que se realizan `perforaciones` para generar pequeños patios de aire y luz de los espacios subterráneos. Mantiene, en general, la configuración topográfica del área y su carácter transitable". El documento, firmado por el arquitecto Alejandro Veneziano y elevado a la directora del Departamento de Arquitectura de la Comisión de Patrimonio, Magela Terzano, añade que "se considera un aporte positivo a la ciudad la instalación de un acuario" y que se "incluye la remodelación de la estación de bombeo, cubriendo el `aliviadero`, canal a cielo abierto". A su vez, destaca que la propuesta de Fibesol "recupera como espacio calificado el área actualmente ocupada por la terminal de ómnibus".

El documento incluye un resumen de áreas por actividades en la propuesta, señalando la existencia de 16.638 metros cuadrados de locales comerciales y 1.784 m2 de oficinas, así como 11.414 m2 dedicados al acuario, salones de convenciones y un espacio para niños.