La jueza de concurso Teresita Rodríguez Mascardi nombró a la Liga de Defensa Comercial como interventora de la empresa constructora Calpusa, que emplea a más de 800 personas, luego de aceptar el concurso que había pedido la firma por US$ 12,5 millones.

El concurso implica que la Liga está cogestionando a la empresa, y que esta tendrá que presentar una propuesta a sus acreedores a más tardar el 22 de agosto, 60 días antes de la fecha fijada para su junta de acreedores (22 de octubre).

Fuentes cercanas a la intervención dijeron a El País que se trata de un concurso "importante y complicado", que se busca manejar con mucha cautela. Hasta el momento la empresa ha podido cumplir con los salarios, que fueron pagados ayer, y con sus obligaciones con el BPS y la DGI.

Calpusa fue la encargada de construir las viviendas para los trabajadores que edificaron la planta de elaboración de celulosa de Montes del Plata, que luego fueron donadas al Plan Juntos. Y tuvo a su cargo la construcción y refacción de centros educativos, como la UTU de la ciudad de Maldonado.

En 2011 su propietario, Alejandro Chertkoff, dijo que quería facturar US$ 24 millones en 2012 y que había pasado de ingresar US$ 5 millones anuales a US$ 18 millones.

Ahora está corriendo un plazo de 60 días para que los acreedores presenten los créditos y luego se abrirá una etapa de verificación de los mismos. En paralelo, se estudiará la posibilidad de rescindir algunos contratos de obras.

Fuentes cercanas a la empresa dijeron que se pondrán a la venta tres o cuatro inmuebles para poder cumplir con los pasivos.

Calpusa surgió cuando Chertkoff compró la española Calpu y creció prácticamente 400% en cinco años, durante los cuales hizo varias obras para el Estado,algunas de ellas por adjudicación directa.

La empresa tiene adeudos con Cementos Artigas (que tiene su planta en el departamento de Lavalleja) y con varios bancos. De acuerdo con datos del Banco Central del Uruguay, debe US$ 10 millones a los bancos Bandes, Itaú, Scotiabank, HSBC, BBVA, Santander y República.

La empresa constructora está embarcada en un cruce de reclamos de deudas con la ecuatoriana Santos CMI para la que realizaba trabajos de hormigonado en la central de ciclo combinado que UTE construye en San José. Sostiene que le adeuda US$ 2,1 millones y que esta deuda motivó el pedido de concurso.

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