OPINIÓN

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Hace dos lunes me referí a los riesgos de deterioro fiscal que existen en torno al proceso de aprobación de la próxima Ley de Rendición de Cuentas.

Más allá de si es necesario aumentar las dotaciones presupuestales, transitoria o permanentemente, de si existen posibilidades fiscales de hacerlo, o si no las hay, de si es conveniente subir impuestos y en tal caso cuáles, hay un eje de la discusión planteada que considero muy relevante: si lo que se vaya a hacer se hará bien o se hará mal. Me explico.

Una forma de hacer mal las cosas, consiste en tomar medidas permanentes para enfrentar problemas transitorios. El problema un buen día pasa, pero la medida queda. Temo que pueda terminar siendo el caso, por ejemplo, de los “jornales solidarios”, un pésimo instrumento sólo aceptable en una coyuntura muy compleja para salir del apuro. Pero, aun así, debió hacerse mejor, pues cuando estas becas cesen, los beneficiarios estarán en la misma mala situación que al inicio. Se podría haber aprovechado para capacitarlos para que puedan reinsertarse debidamente en el mercado de trabajo. Lo peor puede llegar a suceder si estas personas terminan siendo incorporadas permanentemente a las plantillas de funcionarios públicos como ya se ha planteado.

Otra forma de hacer mal las cosas, consiste en hacer llegar un determinado beneficio tanto a quienes lo necesitan como a quienes no. Todo lo contrario, a focalizar el gasto público en la verdadera población objetivo. En este caso, el ejemplo más claro es el del super gas, cuyo precio está subsidiado de manera considerable, lo que genera pérdidas a Ancap por decenas de millones de dólares cada año, que deben ser enfrentadas con ganancias extraordinarias (impuestos implícitos) en otras líneas de negocios. Este beneficio lo recibe hoy tanto el rico como el pobre y esto no tiene sentido alguno, máxime cuando existe la posibilidad de segmentar al mercado en función del poder adquisitivo u otorgar a la población objetivo (que también es fácil de identificar) un voucher por el monto del subsidio que se le quiera dar.

Una tercera forma de proceder de manera inapropiada en términos económicos consiste en procurar redistribuir ingresos con cuanta decisión se adopte en materia de políticas públicas. Es claro que nuestra sociedad, desde tiempo inmemorial, tiene un profundo sentido de solidaridad, pero ello no debe llevar a querer redistribuir ingresos a troche y moche. Hay instrumentos que son más idóneos que otros para hacerlo y que no generan distorsiones. Por ejemplo, el gasto público es mucho mejor instrumento redistributivo que los ingresos públicos. Si bien es aceptable que el sistema tributario incluya elementos que coadyuven en ese sentido, como es aquí y ahora el caso del tándem IRPF-IASS, a los impuestos hay que pedirles que recauden lo más posible y con el menor costo (administrativo y de eficiencia económica) que sea posible. Es en el gasto público, mediante su correcta focalización en la población que lo necesite, donde se debe poner el esfuerzo redistributivo.

Ahora vayamos al tema de fondo. ¿Es necesario aumentar el presupuesto en la actual coyuntura? Posiblemente lo sea. ¿Existen posibilidades de aumentar el déficit fiscal? En mi opinión no, todo lo contrario, debe perseverarse en su reducción. ¿Conviene subir impuestos? Creo que tampoco, pero, más aún, no es recomendable hacerlo a las apuradas y por fuera de una consideración global del sistema tributario. Procediendo de ese modo, se han deteriorado nuestros sistemas tributarios salidos de buenas reformas como las de mediados de los ´70 y 2007. Máxime cuando, quizá, la necesidad de nuevos recursos pueda ser transitoria y propia de una coyuntura extraordinaria como la que se vive actualmente tras una pandemia y durante una guerra.

¿Dónde identifico la necesidad de aplicar nuevos recursos y de manera transitoria (aunque no breve)? En intentar recuperar para el mercado formal de trabajo a las decenas de miles de nuevos inactivos surgidos en los últimos dos años y pico. El buen dato de desempleo que hoy tenemos no es tan bueno si se tiene en cuenta que la oferta de trabajo casi no ha crecido en los últimos años.

Aquellas personas deben ser reincorporadas mediante entrenamiento y capacitación porque, de lo contrario, quedarán al costado del camino de manera permanente. Y, además de ellos, los “ocupados sui generis”, perceptores de los jornales solidarios ya mencionados. Con esa población, numerosa, el Mides y la enseñanza pública deberían tener mucho para hacer.

¿De dónde sacar los recursos necesarios para ello? De otras áreas del sector público que hayan perdido prioridad o que, por ser menos prioritarias en la coyuntura, cedan sus créditos presupuestales a las que sí los necesitan hoy día.

Porque de eso se debería tratar la “gestión presupuestal”: establecer metas y objetivos, para cada renglón del presupuesto, verificar su cumplimiento y evaluar la necesidad de mantenerlo, incrementarlo, reducirlo o eliminarlo. Justo lo que no se hace, ya que al fin y al cabo siempre se asignan nuevos recursos (producto del crecimiento de la economía o del aumento de impuestos o del endeudamiento) y se eleva el presupuesto. Porque los créditos presupuestales dan poder a los funcionarios de toda jerarquía que se vinculan con ellos y nadie quiere ceder una fracción de “lo que es suyo”.

En definitiva, hay necesidades y habría cómo satisfacerlas. Pero le apuesto, apreciado lector, que las decisiones no habrán de transitar por esos trillos.