OPINIÓN

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Para países que participan de la Copa del Mundo de Qatar se dice que octubre es noviembre y noviembre es diciembre. Por lo tanto, los tiempos de planificar el próximo año se anticipan y los gobiernos, las empresas y las personas ya empiezan a presupuestar cómo vendrá la economía en 2023.

En el caso de Uruguay, 2022 aparece relativamente jugado, transcurridas tres cuartas partes del año. Más allá de algunas sorpresas en el último trimestre, la economía uruguaya promediará este año un desempeño mucho mejor al esperado para el crecimiento del PIB (al estar en 5-6%), con desaceleración en la creación de empleos pero menor desempleo (±8%), cierta recuperación en el margen de los salarios reales, rebote de la inflación al “rango de confort” de las últimas 2 décadas (8-10%), previsible apreciación real del peso y bajas en el déficit fiscal y el ratio de deuda pública.

De cara a 2023, tres desafiantes perspectivas se sumarán a la ya compleja situación regional. Primero, ya habrá quedado bien atrás el rebote de la actividad asociado a la salida de la pandemia y la normalización de la movilidad.

Segundo, el entorno extrarregional habrá definitivamente transitado desde el impulso hacia el desimpulso, con bajo crecimiento mundial, menores precios (márgenes) de exportación y condiciones financieras más restrictivas.

Tercero, quedará más explícita la realidad estructural del bajo crecimiento potencial de Uruguay que se estima en torno a 2%.

A su vez, desde la compleja situación actual, es más probable que la región empeore antes que mejore, aun cuando su incidencia sea menor en el último tiempo.

Dentro de los factores puntuales que afectan la actividad, habrá uno que jugará a favor y otro probablemente en contra. El inicio de la producción de la segunda planta de celulosa de UPM aportará algunas décimas al crecimiento del PIB, pero quizás sean compensadas por el impacto en el agro y la generación eléctrica de menores lluvias que en el último verano.

Así, con todos estos antecedentes, las perspectivas actuales apuntan a una desaceleración del crecimiento económico en los próximos trimestres hacia el entorno de 3% como promedio anual para la expansión del PIB en 2023.

Probablemente el primer semestre debería ser bastante más complejo que el segundo. En la primera mitad del año se explicitaría con mayor intensidad el impacto del deterioro internacional, con el riesgo habitual de que el ajuste monetario de los bancos centrales desencadene accidentes financieros no necesariamente en el radar. Por su parte, para la segunda parte de 2023, el entorno extrarregional podría ir mejorando, si se confirman las menores expectativas inflacionarias para Estados Unidos implícitas hoy en los precios de mercado y la Fed empieza a deshacer la restricción monetaria.

Junto con la desaceleración de la actividad, también es esperable en Uruguay una moderación de la inflación desde los máximos en torno a 9,5% observados en el trimestre recién finalizado. Estamos transitando desde presiones inflacionarias a desinflacionarias.

Durante los últimos dos años el país absorbió alta inflación externa debido al rebote de precios de materias primas asociado, por un lado, a la expansión monetaria global y el consiguiente debilitamiento mundial del dólar, y por otro, a las restricciones de oferta derivadas de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Pero desde mediados de 2022, el fortalecimiento global del dólar y la consiguiente caída de commodities, potenciada por la desaceleración mundial, implican importar deflación en dólares desde fuera y dentro de la región. A eso se sumarán algunos factores desinflacionarios internos, como la desaceleración del consumo privado, cierto deterioro adicional del mercado laboral y menores márgenes de comercialización.

Con todo, en el marco de expectativas desancladas e indexación salarial, se ve muy poco probable que la inflación reingrese al rango meta durante el próximo año (3-6%), sobre todo con el sesgo alcista para el tipo de cambio delineado en mi columna de hace un mes.

Todo este panorama tendría otras implicancias macro. En lo fiscal, si bien podría haber un leve rebote del déficit efectivo por deterioro cíclico, el foco debería seguir en la posición estructural y el respeto de metas prudentes de gasto y endeudamiento.

Afianzados estos pilares, cabe esperar para la política monetaria algunas alzas adicionales de la tasa referencial en este último trimestre del año y luego cierta pausa evaluatoria durante el primer semestre de 2023, antes de calibrar cómo seguir de ahí en más, en función de los desarrollos externos e internos (desaceleración y expectativas de inflación). Mucho de eso parece incorporado en las tasas actuales de mercado que descuentan un techo en torno a 12% para la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Por último, en lo salarial, la prudencia debería primar en el sector público (y privado) incorporando en los reajustes la mencionada moderación inflacionaria para acotar un gran deterioro del mercado laboral.

De este conjunto de perspectivas, podría calificarse 2023 como “un año bisagra” en relación al bienio previo. En futuras columnas intentaremos responder si se será una transición hacia un ciclo definitivamente adverso o un aterrizaje antes de un nuevo despegue.