ISAAC ALFIE

La manifestación del pasado martes 23 mostró a las claras que variados y amplios sectores del país están en aprietos. 

De otra manera, no se concibe esa multitud en un lugar tan distante, bajo el sofocante sol del verano; menos se concibe de personas muy poco movilizadas, no acostumbradas a esa "gimnasia", que valoran mucho el esfuerzo personal como motor de su bienestar.

En mi opinión, la señal de alerta es muy clara, algo grande detrás de las cifras macroeconómicas está sucediendo. Desde este espacio he insistido en los últimos tiempos respecto a la caída de la inversión, tanto en capital físico como humano, la no creación de empleo, la desmedida presión fiscal fruto de un gasto público que supera el 37% del PIB, el costo oculto que implica la acumulación de regulación —la mayoría carente de sentido—, etc. La consecuencia es la que vemos, la economía se va paralizando en "dosis homeopáticas", pero cuando nos acordamos estamos estaqueados.

El discurso se dio en tono muy respetuoso y amable, pero los pedidos concretos y de efecto inmediato de los sectores autoconvocados, lamentablemente no son posibles de cumplir por el gobierno, al menos en una escala cuyo efecto "se sienta". Dedicaré este espacio a explicar el por qué y cuál es la real salida.

Lo que sucede es bien claro, los precios internacionales, que no son malos, no son lo que fueron. El atraso o adelanto cambiario no se mide por el índice Big Mac, sino en función de la relación de precio de venta sobre costos en una moneda común. Si los precios internacionales bajaron para luego estancarse y los costos internos, medidos en dólares (la moneda común), subieron, la relación entre ambos se estrecha. Si esto sucede de manera dinámica, período a período, en algún momento la ecuación no cierra y las empresas comienzan a cerrar. Antes que ello, ajustan sus gastos, despiden o no contratan personal, etc. Si además de lo anterior los impuestos aumentan, el proceso se acelera. Los cambios impositivos fueron de tal magnitud que muchas empresas pagan impuestos a las ganancias teniendo pérdidas reales.

Los manifestantes básicamente pidieron dos cosas. A mediano y largo plazo, una reducción de los gastos del Estado que permita aliviar la insostenible presión fiscal para nuestro nivel de ingresos y los pocos servicios que se entregan en contrapartida y, a corto plazo, lo que se conoce como una "devaluación fiscal", es decir abaratar los costos medidos en moneda de intercambio. Este segundo aspecto es el que el gobierno no está en condiciones de otorgar y tampoco pensamos que sea la solución real al problema de fondo. No está en condiciones de otorgarlo porque con un déficit fiscal de 3,5% del PIB no puede agrandar el agujero; no es la solución de fondo porque, aun cuando se otorgaran reducciones impositivas y de los precios de la energía y los combustibles —esto debería ser así aunque no existieran problemas—, no alcanzarían para restablecer condiciones razonables de rentabilidad. Un ejemplo es notorio: las cifras que mostraron los arroceros nos dicen que, para apenas empatar, necesitan una reducción del precio del gasoil a la mitad. Por otra parte, si el Estado redujera los precios e impuestos, aumentaría el déficit fiscal; para financiarlo, sin recurrir a la inflación, necesita endeudarse y, cuando esto pasa lo que suele suceder es que ingresan más dólares desde el exterior a la economía. Más oferta de dólares, presiona el precio a la baja, luego el BC sale a comprar para que no caiga su precio, pero como cuando compra emite dinero, trascartón se da vuelta y coloca instrumentos de regulación monetaria (las letras), por lo que paga intereses, cerrando un círculo perverso. Por tanto, en la medida que exista financiamiento, la devaluación fiscal sólo agravará las cosas y, si no lo existe, sobrevendrá la inestabilidad y la devaluación forzada.

El problema se llama atraso cambiario y su real solución, siempre evitando el descalabro, es ajustar las cuentas del Estado y hacer lo que la literatura llama política de contracción y desvío de demanda. En buen romance, el gasto público debe reducirse(*) y conjuntamente dejar que nuestra moneda se deprecie. Una política de ese tipo, en una economía indexada como la nuestra, requiere además de desindexar las variables nominales a efectos de evitar entrar en un espiral de devaluacióninflación salarios.

Dada nuestra particular situación internacional, donde no tenemos acceso libre de impuestos de aduana a casi ningún mercado en el mundo, lograr acuerdos comerciales que nos lo posibilite tendría para nuestros productores el mismo efecto que una depreciación de nuestra moneda, ya que recibirán más dinero por cada unidad entregada. Una tercera alternativa sería el fortuito hecho que los precios internacionales suban sin que afectar costos locales.

Como se advertirá, el gobierno debe hacer dos cosas y ninguna es de corto plazo: reducir las erogaciones en relación al PIB y firmar acuerdos de libre comercio. Puede no gustar, pero es lo que la teoría demuestra y la realidad comprueba. Cualquier otra cosa seguramente juegue en contra, al menos en un plazo medio, salvo un hecho fortuito.

Dado lo anterior, mucho me temo que seguiremos así porque devaluación fiscal no es lo indicado y no creo que el equipo económico la avale, pero tampoco habrá acuerdos comerciales ni reducciones de gastos, porque la conformación de poderes en el partido de gobierno lo impide. Así las cosas, nos sentamos a esperar el regalo del cielo, la próxima crisis o que los tiempos sean lo suficientemente largos como para que el próximo gobierno tome el toro por las astas y encare.

(*) Al menos es términos del PIB, lo que puede hacerse congelando el gasto real por un período de tiempo.