OPINIÓN

Los resultados recientes sobre la evolución del PIB confirman que el estancamiento dijo presente, con el aditamento preocupante de que no aparecen señales de su reversión en lo que resta del año. 

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La formación bruta de capital sigue cayendo, ubicándose en niveles similares a los inmediatamente posteriores a la gran crisis de principios de este siglo.

El gobierno actual y su partido argumentan erróneamente que esto se explica por un marco externo desfavorable, principalmente el regional, cuando en realidad lo que hay es un cierto enfriamiento pero no el cierre de mercados relevantes ni episodios de contagio financiero, como los que soportamos en el pasado. El grueso de las exportaciones se coloca sin trabas y a precios superiores a los del promedio histórico de varias décadas atrás. Argentina es un caso especial que pega por el lado de los servicios, pero de impacto acotado para explicar el estancamiento del PIB.

Además, las tasas de interés son y continuarán bajas dados los anuncios recientes del Banco Central Europeo de inyectar liquidez comprando bonos y el correlato de la Reserva Federal, manteniendo o incluso bajando sus tasas de referencia. Con ello, el financiamiento continuará siendo abundante y a tasas inferiores a la media histórica de las últimas cuatro décadas.

Por tanto, el problema tiene causas internas prohijadas por politicas erróneas, cuya consecuencia es la falta de rentabilidad de las actividades productivas del sector privado, lo cual frena el proceso de inversión y por tanto, la tasa de crecimiento.

Como la relación causa-efecto entre la caída de la inversión y el crecimiento no es instantánea, el gobierno hizo una lectura equivocada o interesada del comportamiento del crecimiento de los últimos años, al ignorar que éste se explicaba mayoritariamente por el aumento del consumo apalancado por un aumento del gasto publico financiado por endeudamiento externo. Con ello se abarató artificialmente el dólar (atraso cambiario) lo que potenció el consumo de bienes importados, el aumento de la recaudación del gobierno y alimentó la autocomplacencia de que “todo iba bien”. Al mismo tiempo, ese desequilibrio fue erosionando la competitividad de los sectores exportadores y de la industria nacional dedicada al mercado doméstico, fenómeno que se constata con la caída de la rentabilidad empresarial y el descenso de la inversión.

A la larga, el aumento del desempleo es otra consecuencia de un modelo que se agota por desequilibrios propios, donde los avatares de la coyuntura externa, en este caso leves, solo precipitaron los resultados. Junto a su dimensión social adversa, se agrega su efecto contractivo sobre el consumo y por ende en la recaudación, todo lo cual agrava el problema.

Haber llegado a esta situación es responsabilidad absoluta de este gobierno, que le traslada a la próxima administración el costo político y el desafío técnico de un achique del déficit fiscal, en el marco de una economía estancada, consecuencia de una excesiva carga fiscal, tarifas públicas fuera del rango internacional y una moneda apreciada que eleva el costo país medido en dólares.

El gobierno y los candidatos que compiten por su reelección, corren la arruga con vaguedades sobre el qué hacer, sea por conveniencia o porque no entienden la real dimensión de lo que está ocurriendo. Presentan aun la idea de que no hay urgencias, que con algún retoque impositivo, cierta racionalización del gasto y un poco de la misma suerte que le brindó el esplendor de la coyuntura internacional pasada, es posible recuperar el crecimiento perdido y la sostenibilidad fiscal.

En realidad se trata de corregir un desequilibrio estructural que abarca políticas que van desde el reacomodamiento de nuestros precios relativos hacia el nivel promedio regional (tipo de cambio real), fijar pautas de aumento del gasto público menores que las del crecimiento del PIB, eliminar gastos innecesarios (desperdicio), implementar la convergencia de las tarifas públicas hacia niveles similares a los de América Latina y un aumento temporario de tributos (preferentemente IVA) para acelerar el cierre fiscal.

Obviamente que aumentar impuestos, aunque sea temporalmente, va a contramano de convicciones propias. Pero la realidad es la que manda y dado como se presentan las cosas, no hay otra alternativa plausible. La experiencia muestra que tiene costos menores adelantar medidas reversibles para corregir desvíos, en lugar de andar corriendo los hechos desde atrás, pues una vez desbocados son más costosos de lidiar.

Sin duda que sobrarán quienes descalificarán esta visión de las cosas, poniéndole el mote de política de shock. En realidad, el shock ya está instalado cuando, después de una década gloriosa de crecimiento y una coyuntura externa en términos generales aun favorable, el país se encuentra estancado, con atraso cambiario, déficit fiscal alto y creciente y niveles de endeudamiento externo elevados. Corregir esos desequilibrios con premura es un hecho forzado por las circunstancias y no de quien responsablemente asuma el destino del país. El debate electoral de los próximos meses deberá incluir estos tópicos para que la población sepa dónde estamos y lo que deberá esperar de un nuevo gobierno responsable.