OPINIÓN

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En los doce meses hasta agosto, el déficit del sector público global ha llegado a 6,1% del PIB, un monto de más de 3050 millones de dólares ajustado por el fideicomiso de la seguridad social. El resultado financiero negativo de las cuentas públicas ha venido en aumento desde varios años antes, a pesar de los ineficaces ajustes que se realizaran hace un tiempo.

Al asumir la nueva administración, la intención de reducirlo con mejor manejo del gasto público, choca con el problema del coronavirus que llevó al aislamiento social, redujo la recaudación impositiva por baja de actividad, y aumentó el gasto por mantenimiento del fijo y alza del vinculado a la pandemia.

Demandas y resistencia

La nueva administración de gobierno se ha resistido a cambiar su promesa de campaña de no aumentar impuestos para financiar el mayor gasto que se reclama desde varios sectores de la oposición. Hasta algunos analistas dudan que la postura de la conducción económica se pueda mantener. La discusión del proyecto de ley de Presupuesto Nacional reafirma un reclamo que ya se había dado, cuando grupos políticos y sindicales demandaran elevar el gasto bastante más allá de 0,9% del PIB como se hiciera para enfrentar consecuencias del COVID-19.

Es tradicional que durante los primeros meses de un nuevo gobierno se discutan las características del Presupuesto Nacional de ingresos y gastos que regirá durante los años de la administración. Es además tradicional, que en ese lapso se presenten demandas de aumentos salariales y de otros gastos por parte de los potenciales beneficiarios de los incrementos presupuestales y también por parte de otros —políticos y sindicales—, por imaginables motivos.

En algunos casos los pedidos pueden ser valederos y necesarios y, en otros, se considera que no lo son y que con los ahorros derivados del mejor manejo de los egresos, se pueda cumplir con los necesarios. Es la forma eficiente de administrar los fondos públicos pero también de respetar a los contribuyentes y protegerlos de transferencias innecesarias, distorsivas de la actividad productiva y con fines espurios.

La evidencia disponible muestra que la postura de la oposición al gobierno actual, es encarar los problemas por la situación sanitaria y la presupuestal, aumentando el gasto público financiándolo con aumentos tributarios, impositivos. Se apela a la justicia social y a otras cosas similares. No se mencionan los resultados poco satisfactorios y deteriorándose progresivamente, con los que se culmina por toma de decisiones similares a las ejecutadas en el pasado.

Efectos

Una política fiscal de ese tipo, expansiva por el lado del gasto y contractiva de la actividad por el aumento tributario, generalmente castiga a quienes se grava impositivamente, a quienes soportan una presión tributaria alta, excesiva e injustificadamente creciente. Las transferencias son mal diseñadas, se desconoce el peso que imponen sobre quienes transfieren y la ineficacia para lograr los objetivos para los que ellas ocurren, lleva a que se vuelvan a aumentar incrementando la presión tributaria. Su aumento requiere de la incorporación de nuevos contribuyentes. Es por ello que, al disminuir el ingreso disponible privado, baja el ahorro y se tienen efectos negativos cada vez mayores sobre la inversión, la producción y el empleo.

Las transferencias de ingresos de sectores gravados a sectores de ingresos menores solo aparentan tener efectos definitivos sobre el mejoramiento de la desigualdad distributiva. La realidad es que cada vez más, el que es gravado debe ser más gravado para solo disimular la pobreza, para financiar innecesarios contingentes de trabajadores en el sector público y para mantener otros gastos injustificables socialmente.

El aumento de funcionarios públicos de más de 70 mil personas en una década —casi 30% de la plantilla—, en un lapso de revolución digital que sustituye mano de obra, como se verifica más aún durante la época de aislamiento social total o parcial, refleja esa ineficiencia.

Para justificar el mayor gasto se debe conocer el monto de las transferencias tributarias al fisco que llegan a los beneficiarios objetivo, cuánto cumple con el verdadero objetivo social o de ayuda temporal para lograr ir sacando a los beneficiarios de sus problemas y transformarlos para que, más adelante, ellos también contribuyan a financiar a los que tengan sus necesidades insatisfechas.

Costo social

Si bien es conveniente financiar con tributos las funciones básicas de la población, no lo es gravar para financiar otras actividades que solo generan costos para la sociedad. Pero tanto en uno como en otro caso, lo que se observa es que el efecto multiplicador en la economía que tiene el gasto público es menor que el que se lograría por el sector privado si el gravamen no redujera su ahorro y por ello, su inversión y consumo. En la intermediación entre tributantes y beneficiarios quedan muchos ingresos que pierden ambos y que “ganan” quienes constituyen, en el análisis microeconómico tradicional, el verdadero costo social de la tributación.

Hoy es común leer en la prensa y sobre todo escuchar en radio y en informativos de televisión, los reclamos por aumentos de partidas presupuestales y, además, incrementos en la dotación de personal en el sector público. Pocos son los que defienden que para alcanzar los objetivos que se reclaman, es mejor el camino alternativo: hacer más eficiente el gasto y eventualmente hasta —aunque más no sea más adelante—, bajar la presión tributaria.