CONVIVIR BAJO UN NUEVO PARADIGMA

La locura llegó al barrio: un hogar que despertó lo peor del vecindario

En una casa de Malvín se instaló un hogar para la atención de 24 pacientes con patologías psiquiátricas. El intento de inclusión resultó en un inusitado conflicto en el barrio cuando los gritos de los internos agitaron las noches de algunos vecinos. La tensión terminó en denuncias, inspecciones y filmaciones, como en un zoológico.

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El proyecto de ley de Salud Mental prevé el fin de las colonias psiquiátricas. Foto: Pixabay

Los gritos despertaron a los vecinos a las 6:45 del domingo pasado. Provenían de la casona de ladrillos que está a mitad de cuadra, por la calle Aceguá y Concepción del Uruguay, en pleno Malvín costero. Eran gritos desgarradores, constantes, como suplicios con voz aguda que clamaban por auxilio y que, poco a poco, iban atravesando las paredes y ocasionando malestar en el vecindario. Otra vez la tensión se adueñó del barrio.

Todo comenzó cuando se escapó una de los 24 internos que alberga el hogar El Hornero, un centro de atención a personas con discapacidad y trastornos psiquiátricos asociados. La educadora de turno fue en busca de la joven, mientras los otros pacientes comenzaban a gritar —simple vociferación de sus patologías.

Los vecinos más comprensivos contuvieron la angustia alimentada por aquella realidad intramuros. El resto, los que estaban hartos, comenzaron a tocar timbre, a grabar audios, a sacar fotos —"cual zoológico", se quejó la directora— y terminaron por radicar una denuncia en la seccional policial de la zona.

"Queremos dejar constancia que no se trata de una situación excepcional, sino que es de lamentable cotidianidad". Palabras más, palabras menos, los denunciantes explicaron a los uniformados que la escena viene repitiéndose desde hace un año, cuando lo que era una casa de familia se transformó en este residencial que atiende la asociación civil Sundberg, tercerizada por el INAU.

Según uno de los vecinos, quien prefirió no ser identificado, la intención es que estos pacientes "se vayan" de allí. Este hombre, que tiene hijos, dice que le es "muy difícil" explicarles a sus niños qué sucede cuando "algún interno se pone a gritar en la noche que quiere cortarse las venas o que no le peguen".

No solo eso: al segundo día de haberse instalado el hogar, recuerda, fue a colgar la ropa a la terraza y vio que por el patio del residencial paseaba un joven con los pantalones bajos. Otro vez, dice, "había una adolescente (la única menor de edad) tirada en el piso durante horas y luego unos educadores poniéndole la rodilla en la espalda para incorporarla".

Aunque parezca desmedido, los psiquiatras consultados por El País explican que los gritos a veces son manifestaciones propias de las "conductas disruptivas", y que para contener a un paciente descompensado puede parecer una agresión a la vista del lego en la materia. Incluso el sobreabrigo que algunos internos visten en estos días de calor, o el caminar descalzos por el patio en invierno, es parte de un disfrute propio de la patología, dice la directora del centro, la maestra Blanca Gigirey.

La falla, en todo caso, puede deberse a que no se esté dando la contención adecuada, indica el psiquiatra Javier Orrego. "Cuando un vecino se queja por el ruido molesto de un boliche, tiene que haber un DJ que baje la perilla del volumen". Llevado al trabajo con pacientes, "ante un descontrol tiene que haber un equipo terapéutico entrenado para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

Pero los vecinos denunciantes dicen que es "imposible" que la casa se ponga en orden cuando el domingo, el día en que la gota derramó del vaso, solo había una educadora para 24. Cuando llegó la policía, ya había un segundo educador. En uno u otro caso, se está lejos de una persona cada cinco internos, como aconseja el protocolo para este tipo de pacientes.

Pacientes, sí. Son 17 mujeres y siete hombres que toman medicación —bien controlada y con las historias clínicas al día—, aunque "la habilitación ante el Ministerio de Salud no se encuentra en trámite", aclara una respuesta al informe que había solicitado en agosto la Institución Nacional de Derechos Humanos, ante sucesivas quejas de los vecinos.

La habilitación ante el MSP debe gestionarse luego de aprobada la de Bomberos, dice Teresa Blanco, directora de Internaciones Especializadas del INAU. Pero el trámite quedó trunco porque, por más que existe el visto bueno del INAU, la asociación civil quiere mudarse.

"Esa habilitación no la tendremos jamás, porque las condiciones no son la idóneas", reconoce la directora del centro. Toma una pausa —esa de la experiencia de quien trabaja hace 23 años en convenios con el INAU— y remata: "El error fue mío, pensé que esta casa era la apropiada, que era linda, lo más parecido a la vida en familia". Pero terminó siendo un "hueco", que llega al corazón de la manzana, sin aislamiento con los vecinos y, por tanto, permeable a alguna fuga o a la filtración de ruidos molestos.

Aun así, la directora dice que hay otro problema: "Los vecinos discriminan, filman como si estuvieran ante un circo, y piensan que su mundo termina ante el tipo de personas que ellos conocen". En eso coincide la jerarca del INAU, quien enfatiza: "Esto se trata de inclusión, por eso están en un barrio".

Zulma Fernández, una vecina que habita la casa de enfrente desde 2012, que se levanta temprano para trabajar y también tiene hijos a cargo —aclara por eso de que podría tener motivos para quejarse de los ruidos—, cuestiona la falta de aceptación al diferente. "Yo tuve un cuñado con una patología similar a estos internos y sé lo difícil que es". Ella, que alguna vez les alcanzó ropa y comida a los usuarios, dice que "uno debe hacer un esfuerzo para aceptar al diferente". El vecino que prefirió no ser identificado piensa que también hace su esfuerzo y que "suena muy lindo" la palabra inclusión. Y concluye: "Inclusión, sí, ¿pero a qué costo?".

Foto: Marcelo Bonjour
Foto: Marcelo Bonjour

Días después.

Viernes posterior al incidente, por la tarde. La calle Aceguá está en calma, apenas se escucha la marcha de una moto y el canto de una bandada de pájaros que escapa de uno de los árboles. De pronto, un hombre flaco y alargado empieza a gritar mientras se asoma a la reja blanca de la casona. Mueve los brazos con aleteos repetitivos, tendrá poco más de 30 años y un autito de juguete en cada mano. Pide por su hermana, su hermana. Un educador luego contará que su hermana no lo visita desde que este interno era un niño y estaba en otro hogar, de "peores condiciones", en el que fue "depositado" por tener autismo.

Solo cinco de los 24 internos tienen algún familiar que los visita, el resto quedó en el olvido desde que ingresaron al INAU siendo menores de 18 años. Por normativa, quienes no pueden independizarse una vez que cumplen la mayoría de edad, o no pueden ser derivados a centros de adultos, quedan bajo la tutela del Instituto especializado en infancia.

Si no fuera por el aviso de este interno que pide por su hermana, o porque uno conoce el número de puerta, es imposible distinguir a El Hornero entre las residencias de Malvín. No hay un cartel especial ni aislación alguna. Es una casa de 505 metros construidos, bastante más confortable que las colonias psiquiátricas, aunque carece de los cinco metros cuadrados por paciente en cada habitación, como sería el ideal, explica la directora Gigirey.

El diputado suplente José Luis Satdjian (Partido Nacional) visitó el centro en noviembre, luego de hacer un seguimiento a las denuncias, y dice que "entre las cuchetas no hay espacio para avanzar sin hacer un esfuerzo". La visita de este legislador al lugar no les cayó en gracia a los jerarcas del INAU, porque temieron que esta fuera una "jugada política-partidaria".

Pero los vecinos aclaran que no tienen ningún interés más que el "bienestar de los internos" y el "respeto a sus derechos de vivir tranquilos". Ellos se enteraron de que esta simple casa sería un hogar "especial" cuando el 30 de marzo del año pasado vieron bajar de una camioneta a algunas personas que, con paso lento, entraban con bolsas de basura y ropas.

"Nadie nos avisó, nadie nos explicó", dice otro de los vecinos anónimos. "Intentamos convivir hasta que en julio se escapó una joven de 22 años que apareció en el patio de la casa lindera". Según el relato, la "chica pedía a gritos que no quería volver al hogar, que por favor la sacaran de ahí". Llamaron a la policía y, tras una mediación, regresó al residencial.

Días después falleció un interno, aunque según lo que averiguó El País, se trató de una descompensación digestiva y una muerte que "nada tiene que ver con malos tratos o abusos".

Le siguieron denuncias ante distintos organismos, una reunión con el alcalde de la zona que les explicó que esa no era su competencia, y un encuentro del diputado Satdjian con autoridades del INAU, en noviembre, en el que se reconoce que "se había equivocado al elegir el lugar".

Cambio de enfoque.

Cuando se fundó el hospital Vilardebó, estaba rodeado de campo. También las colonias psiquiátricas están, por definición, en el ámbito rural. Es parte de un modelo en que "la locura era vista con miedo y debía ser aislada del resto de la sociedad", explica el psiquiatra Orrego. Pero ese viejo esquema, en que también se basa la ley vigente que data de los años 30, quedó obsoleto.

El proyecto de normativa sobre Salud Mental que está en el Parlamento, especifica que "se implementarán medidas para prevenir la segregación geográfica en la asignación de viviendas y la discriminación de la renta". La idea es que los usuarios se integren a la vida en comunidad, que puedan permanecer en sus propios barrios y que, en los casos excepcionales en que sea necesario un tratamiento a largo plazo, se buscarán las condiciones acordes al tipo de patología.

De hecho el texto exige que ante una eventual hospitalización, deberá hacerse en un hospital común y corriente, como ocurre con cualquier otra complicación en la salud de las personas.

Pero este modelo —basado en el respeto a los derechos humanos, insisten los promotores de la ley—, no especifica cómo serán las residencias o qué tipo de separación deberá tener con los vecinos. El presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Rafael Sibils, aclara que "eso se especificará en la reglamentación".

Aunque la futura normativa la ampare, la directora de El Hornero dice estar "cansada y desmoralizada". Por eso ya se puso en contacto con el dueño de la casa actual, que la arrienda por $ 60 mil al mes, para rescindir el contrato que, en los papeles, vence recién en abril de 2018.

La asociación civil ya tiene dos casas en vista: una es un terreno de 1.600 metros, sin altura, a dos cuadras del Portones Shopping. La otra es una esquina, en Rivera y Río de la Plata, pero el alquiler es de $ 5.000 más por mes que el valor actual. Y la ONG está trabajando con el presupuesto justo.

El INAU le transfiere a la asociación unos $ 30 mil por mes por usuario. De allí hay que pagar parte de la comida (salvo la carne y la leche), el transporte, los salarios, talleres (dentro y fuera del hogar) y ropa nueva. Parte de ese dinero viene de las pensiones por discapacidad que reciben los internos, las que van a parar al Estado, salvo en ocho pacientes que están en condiciones de administrar su economía.

El incidente del pasado domingo, comenta la directora Gigirey, comenzó cuando un usuario "le robó" la comida a otra. En lugar de conversar, la joven optó por fugarse. La educadora fue a buscarla, el resto comenzó a gritar y el vecindario se despertó exaltado.

Hay un residencial en el medio de un barrio. Hay un paradigma nuevo en juego. Hay 24 internos con derechos. Y vecinos con ganas de descansar. Hay quienes sufren y quienes sacan fotos como si fuera un circo. Una locura.

Vidas ocultas y aisladas del resto de la sociedad.

Un paciente de la colonia Etchepare murió hace dos años, fue atacado por perros que circulaban en el lugar. La noticia ocupó los titulares de los informativos y sirvió para conocer la cruda realidad de los internos en este tipo de centros psiquiátricos. Pero la visibilidad del tema y la prioridad que dijo Tabaré Vázquez le daría al asunto, no acabaron con el calvario. El País publicó ayer que un conflicto sindical mantiene al límite los servicios en la colonia, luego de que un guardia fuera despedido, acusado de ser responsable en la fuga de un paciente, en mayo. El hecho se suma a una lista de al menos siete incidentes, en dos años, que incluye supuestas violaciones, accidentes y la pérdida de 400 dosis de vacunas. Por más que el ingreso de nuevos usuarios a las colonias ha sido prohibido, los problemas no dan tregua y eso que, como era entendida la “locura” por entonces, se intentó aislar al interno. Según Teresa Blanco, de INAU, “los vecinos no se quejan cuando una situación está lejos de su casa”.

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