Estos hechos ocurridos a partir del conflicto de Ancap, deberían ser una alerta para la sociedad uruguaya, que permita valorar adecuadamente el impacto de llevar la ideología corporativista a sus extremos.

Cuando el gobierno hace lo correcto, es de rigor destacarlo. Y tomar la decisión de declarar la esencialidad de la distribución de combustibles, era lo que correspondía ante la situación de desabastecimiento que vivía el país. Especialmente al tratarse de un insumo que mucha gente usa para calefaccionarse, en momentos en que empiezan a golpear los primeros rigores invernales.

Pero esta decisión, que cuesta el doble a un gobierno que se denomina "de izquierda", debería servir para entender lo errado de algunas concepciones, y el peligro que estas implican cuando se llevan hasta sus últimas consecuencias.

La razón de este conflicto sangriento se encuentra en la decisión del gobierno de poner fin al servicio médico especial con que cuenta Ancap. Un servicio que ha venido quedando desde los tiempos de las "vacas gordas", que cuesta al erario público más de seis millones de dólares al año, y que resulta un privilegio inaceptable en tiempos de este sistema integrado de salud. Que tiene enormes defectos, pero que ha sido impulsado e implementado por un gobierno que ha contado siempre con el apoyo de los estamentos sindicales. Especialmente de Ancap.

Vale señalar que los argumentos del sindicato para exigir que se mantenga ese servicio son más que discutibles. Se afirma que permite tratar enfermedades específicas que solo padecerían los empleados de ese ente, algo que podría replicar casi cualquier profesional de cualquier oficio. Pero, además, hay que señalar que el hecho de que un ente autónomo cuyo giro son los combustibles, maneje un centro médico, implica toda una serie de gastos y abusos de imposible contralor. Por ejemplo, hace unos años Ancap compró una vieja sede de una mutualista para instalar allí la suya. Pero como nunca lo concretó, lleva años pagando la manutención y la seguridad de un edificio ruinoso en pleno centro de la capital del país.

Vale señalar también que el gremio del ente, ni hizo paro ni manifestó públicamente ningún reclamo, cuando las autoridades de los últimos dos gobiernos dejaron a la principal empresa del país al filo de la quiebra. Y que todos los ciudadanos venimos desde hace años pagando los combustibles más caros de la región, y padeciendo un impacto terrible a la competitividad de nuestras exportaciones, para compensar ese agujero. Pedir ahora solidaridad ante esta situación, es como para largar la risa. O el llanto.

Pero esta situación tragicómica habilita para pensar un poco más allá del hecho puntual. El problema de un gremio que es capaz de dejar a toda la población desabastecida de un elemento vital, en una lucha por mantener un privilegio injustificado, pinta de cuerpo entero el peligro de un régimen corporativo, como el que defiende buena parte del partido de gobierno, y toda la estructura sindical del país. Es un esquema en el que los derechos y las obligaciones no son individuales y plenas, sino que dependen de la forma de organización y del "colectivo" en el que el ciudadano logre insertarse.

Es así que un gremio como el de Ancap, que controla los combustibles, o el de los transportistas, que manejan ese servicio clave, tienen un peso en la discusión pública, y una capacidad de presión, que nunca va a tener, por ejemplo, un estudiante o una maestra de una escuela pública. Entonces lo que termina pasando es que los recursos de la sociedad no se distribuyen en función de méritos o de aporte al bien colectivo. Sino en base a esa capacidad de presión cuya raíz está en algo tan injusto como la simple tarea que se desempeña.

Es habitual escuchar a quienes defienden estos sistemas corporativos (comunes tanto a las ideas socialistas y comunistas, como a las que impulsó el fascismo), despotricar contra el mercado, contra el "dios dinero", y el capitalismo en general. Sin embargo, la historia ha enseñado una y mil veces que son ese capitalismo de mercado, y la organización social basada en la libertad y en la defensa a ultranza de los derechos individuales, los que logran crear una sociedad más meritrocrática, más justa. Nunca perfecta, como no puede ser ninguna forma de organización humana. Pero sí mucho más eficiente y racional.

Estos hechos ocurridos a partir del conflicto de Ancap, deberían ser una alerta importante para la sociedad uruguaya, Un despertador que permita valorar adecuadamente el impacto de llevar la ideología corporativista a sus últimos estadios. Y que nos genere una mayor valorización de una sociedad que resuelve sus tensiones y conflictos en base al diálogo, a la competencia sana, y al respeto de los derechos de todos. Lo contrario es la consagración de la ley del más fuerte.

EDITORIAL