Desde un ángulo puramente cuantitativo, bien podría sostenerse que el tema Ancap se acerca a la saturación informativa. Los antecedentes del asunto, desde antes que en el Parlamento se constituyera la comisión investigadora, las diferentes comparecencias ante ella, donde no siempre se hicieron presentes quienes debieron hacerlo, como fue el inadmisible caso de varios de sus gerentes.

Desde un ángulo puramente cuantitativo, bien podría sostenerse que el tema Ancap se acerca a la saturación informativa. Los antecedentes del asunto, desde antes que en el Parlamento se constituyera la comisión investigadora, las diferentes comparecencias ante ella, donde no siempre se hicieron presentes quienes debieron hacerlo, como fue el inadmisible caso de varios de sus gerentes.

El intenso intercambio de opiniones en los medios, más los largos informes con que esa investigación culminó, parecerían haber alcanzado el límite de lo decible. Sin embargo, las cosas no son tan claras y el pasado político y las ideologías, como siempre ocurre, siguen gravitando pesadamente sobre nuestro presente, lo que valida una puesta a punto.

En este momento dos consecuencias parecen desprenderse de este nutrido cúmulo de actuaciones. La gestión del ente, es decir el modo en que el mismo fue administrado durante los últimos años, concretamente desde el 2005 en adelante, resulta inexplicable. Nadie en su sano juicio puede admitir que una empresa pueda haber generado en tan corto período, fueren cuales fueren las razones para ello, un pasivo, previo a su capitalización, de semejante magnitud. Un despropósito irrescatable. Obvio es decir que si se hubiera tratado de un emprendimiento privado, sometido a las reglas del mercado y aplicando las restricciones contables que en el Uruguay se exigen a las sociedades anónimas, la quiebra hubiera sobrevenido mucho antes y de manera necesaria. En cuanto a la eventualidad de delitos en esa gestión, como señalan los partidos de oposición, la incógnita permanece abierta y será dirimida por la justicia mediante sus tiempos y procedimientos y en aplicación de sus garantías. Veremos entonces si los muchos administradores de esta lata, metieron en ella la pata, la mano o ambos miembros simultáneamente.

Por más que el asunto implica una tercera cuestión, más remota y oculta, que ya hemos destacado, pero sobre la que sin embargo merece insistirse. De no haberse actuado con la irresponsabilidad de la que se hizo gala en el referéndum revocatorio de diciembre del 2003, cuando se derogó parcialmente la ley 16.698 que sometía a Ancap a determinadas obligaciones, tanto en lo que refiere al precio de sus productos como en la exigencia de asociarse con empresas privadas de porte para limitar su monopolio y controlar su gestión, nada de esto hubiera pasado. Razón tenía el Gral. Líber Seregni, ahora endiosado por el Frente, pero entonces severamente criticado e incluso forzado a renunciar a su presidencia, por oponerse a esta derogación. Tal fue el caso de la ahora ausente y callada Federación Ancap, promotora del referéndum, del Pit- Cnt o del Dr. Tabaré Váz-quez y tras de él de la mayoría de su coalición, alineados en el mismo sentido. En momentos como este en que tanto se reivindica la memoria y el culto al pasado, cómo no recordar aquel momento cuando quienes defendimos esa ley fuimos vilipendiados, tratados de enemigos del Estado, de furiosos sostenedores del neoliberalismo y de secuaces del imperialismo, ávido por manejar el sagrado negocio de los combustible, enfrentados a quienes como ellos se erigían en defensores de nuestras tradiciones, únicos custodios del patrimonio artiguista.

Todo esto sucedió hace más de un decenio, lo que persistió y hoy aparece dramáticamente vigente, es el efecto simbólico, la repercusión en nuestro presente de aquella discusión, en el fondo una batalla ideológica, un conflicto de visiones y valores, referida a la forma de conducir el estado y al papel de la competencia y el mercado, revividos por esta crisis de Ancap. En puridad un asunto más importan- te que determinar a quién o a quiénes perjudica políticamente este suceso. En tanto sabido es que los hombres pasan pero las ideas quedan.

Para una parte importante de la izquierda uruguaya, en gran medida liderada, por lo menos simbólicamente, por José Mujica, los monopolios estatales y en general las empresas públicas (a falta de la ya inviable socialización total de la economía, que con requiebros aún defienden) constituyen verdaderos motores del desarrollo. Cuanto más se expandan, de allí la producción de alcoholes, cal, portland, cemento, biocombustibles perfumes o bebidas, más contribuyen al bienestar económico por una vía que constituye una suerte de sucedáneo de la construcción del socialismo. Objetivo que siguen añorando, aunque lo reduzcan a los entes estatales.

Razón por la cual no importa, o no interesa tanto que pierdan, que sus inversiones no sean redituables o que su endeudamiento haga peligrar su estabilidad o su eficiencia como empresas. Ellas son reglas que se aplican en una gestión de mercado, omitiendo, como enfatizan, que el Estado no quiebra. Estas políticas (que ahora llaman neodesarrollistas), aunque cuesten, tienen efectos sociales favorables, como ocurre, dicen, en el norte de la República con Alur, un emprendimiento seguramente deficitario, pero pensado con estos parámetros. Que a su vez contiene una virtud adicional: propiciar gradualmente horizontes de cultura solidaria y socialista, una socialidad desvinculada de la ganancia y la competencia, las grandes patologías de la economía capitalista.

A esta visión se contrapone, como parte de la otra izquierda y de las variadas orientaciones políticas centristas, que en Uruguay son amplia mayoría, una visión más matizada, que con diferencias de detalle entiende necesaria una gestión equilibrada, controlada y eficiente de los entes públicos. Empresas que deben ser pocas y estratégicas y que resulta imperativo coordinar con el resto de las políticas públicas. Y que obviamente carecen de potencialidades que las hace viables para sustituir al mercado y la propiedad privada. En este enfrentamiento que excede largamente el puntual problema de Ancap, se están dirimiendo las estrategias del Uruguay del futuro. Que tienen mucho más que ver con opciones ideológicas de fondo, que con partidos políticos concretos o con las conocidas incapacidades de los hombres.