Como uno de los cincuenta países que se dieron cita en la conferencia de San Francisco, Uruguay participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) que fue aprobada por unanimidad el 25 de junio de 1945.

Como uno de los cincuenta países que se dieron cita en la conferencia de San Francisco, Uruguay participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) que fue aprobada por unanimidad el 25 de junio de 1945.

Desde entonces, el país ha mostrado un fuerte compromiso con la organización y con el multilateralismo que ella representa, participando en innumerables actividades intergubernamentales, tanto en el ámbito de la Asamblea General como en el del Consejo Económico y Social. Además de estar entre los 15 mayores contribuyentes de tropas (cascos azules) a las operaciones de paz, Uruguay es el país que más contribuye en términos de su población.

En 1965, por primera vez, Uruguay jugó en primera división al ser electo al Consejo de Seguridad. Este cuenta con quince miembros: cinco permanentes (conocidos como P5) y diez electos, seleccionados por región por un período de dos años. La adopción de decisiones requiere de por lo menos nueve votos y ningún veto del P5. La presidencia del Consejo rota mes a mes.

La Carta le otorga al Consejo la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. En casos de conflicto, este exhorta, en primera instancia, a las partes a que lo solucionen por medios pacíficos y, si lo juzga necesario, establece operaciones de paz para apoyar el proceso.

Si esto no funciona, el Consejo puede imponer medidas coercitivas (sanciones) o invocar el Capítulo VII de la Carta que le permite el uso de fuerza, sin autorización del gobierno nacional, en situaciones de conflictos violentos que el Consejo juzga pueden ser una amenaza a la paz mundial.

Mientras otros órganos de la ONU hacen “recomendaciones” de acuerdo a la Carta, los Estados miembros están obligados a cumplir con las decisiones del Consejo.

El Consejo también recomienda a la Asamblea el nombramiento del secretario general. Este es un año clave en el Consejo ya que se elegirá al próximo secretario general en un momento en que el mundo está nuevamente polarizado y es particularmente difícil encontrar soluciones de consenso.

Es difícil imaginarse un área de actividad más central a la responsabilidad del Consejo que la de asegurarse que el conflicto, una vez que las armas callan, no se repita. Sin embargo, las credenciales de las organización en esta área son cuestionables.

Como muestra un estudio realizado a pedido de la Universidad de las Naciones Unidas, casi el 60 por cierto de los países que entran en la transición de la guerra a la paz apoyados por operaciones multidisciplinarias (militar y civil) de las Naciones Unidas, sufren una recaída durante la primera década.

A pesar de que solo el Consejo puede afrontar con autoridad los grandes desafíos a la preservación de la paz, la Cumbre Mundial de 2005 derivó la responsabilidad en esta área a la Comisión de Consolidación de la Paz, un órgano intergubernamental, “asesor” al Consejo de Seguridad y la Asamblea General, que carece de capacidad operativa.

Como mostramos con Álvaro de Soto en un artículo próximo (Global Governance, mayo de 2016), las evaluaciones de la Comisión, algunas aún en curso, dejan claro el fracaso de ésta en evitar la recaída y crear estabilidad, así como la falta de interés del Consejo en que la Comisión los asesore.

Dos países en la agenda de la Comisión, Burundi y la República Central Africana, se tuvieron que tratar en el Consejo este año, dada la seriedad de las crisis que enfrentan. Uruguay fue miembro de la Comisión de 2009 a 2012.

Finalmente Uruguay ha vuelto a la primera división. Sin duda, entró goleando al presidir en forma efectiva y sin problemas el Consejo durante el primer mes de su nuevo período (2016-2017). Bajo el liderazgo del diplomático de carrera Elbio Rosselli, que ya había representado a nuestro país en el organismo, Uruguay no sólo se aseguró de cumplir la complicada agenda del Consejo durante enero, sino que tuvo que lidiar con imprevistos dada la situación crítica en Siria y Burundi.

Como economista principal del gabinete del secretario general a principios de los años 90, estuve presente en las consultas cerradas del Consejo donde los principales temas eran las crisis en países de la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Fue así que llegué al convencimiento de que para tener impacto en las Naciones Unidas, y por lo tanto en la política y economía internacional, hay que ser miembro del Consejo. Por eso tantos países, grandes y chicos, se disputan las pocas posiciones que rotan.

Muchos argumentan que es un problema para un país chico como Uruguay, con trayectoria de independencia y de no intervención en los asuntos de otros países, estar en el Consejo. Sin duda al estar en el Consejo, Uruguay tendrá que tomar decisiones difíciles sobre temas de protección de derechos humanos y de civiles, así como de desarme y no proliferación, algunos de los cuales no dejarán a todos contentos. Pero aún no estando en el Consejo eso también puede suceder.

En 1947, por ejemplo, la Comisión Especial para Palestina (Unscop) recomendó, y la Asamblea General aprobó por mayoría, con el voto de Uruguay, el plan de partición, en donde dos Estados, judío y árabe, serían independientes luego de dos años de transición. Como argumenta Brian Urquhart en su biografía de Ralph Bunche, hubo presión sobre varios Estados miembros para que votaran por esa opción.

En el Consejo, Chile y México sufrieron gran presión por parte de los Estados Unidos para apoyar la intervención militar en Irak en 2003. Sin embargo, ambos países salieron fortalecidos por haberse opuesto a una operación que tuvo consecuencias nefastas. Si hubo alguna represalia (como demoras en el acuerdo de libre comercio con Chile), fueron de corta duración. Estados Unidos pronto buscó la ayuda de estos países en el Consejo para la reconstrucción de Haití e Irak, así como para conseguir los nueve votos necesarios para el retiro de tropas sirias de Líbano y para otros temas en la agenda.

Quizá lo más importante para Uruguay es el tema económico y las oportunidades que abre para el país estar en el Consejo, sobre todo en año de elecciones.