La hoguera vuelve a arder

Dilma Rousseff y Lula da Silva bajo el dedo acusador

La denuncia por la campaña de 2014 vuelve y podría costarle el cargo.

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Lula de Silva y Dilma Rousseff. Foto: Reuters

El Tribunal Superior Electoral de Brasil notificó oficialmente ayer a la presidenta Dilma Rousseff sobre una demanda que la acusa de irregularidades durante la campaña de 2014, que podrían costarle el cargo, confirmaron fuentes oficiales.

La acción fue iniciada el año pasado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), liderado por Aécio Neves, que denunció a Rousseff por diversas prácticas ilegales, como "abusos con cadenas nacionales", "manipulación de datos socio-económicos", "uso indebido de predios públicos" y propaganda electoral en "períodos de veda".

El PSDB también presentó indicios que pudieran sugerir que parte del dinero desviado de las corruptelas en la estatal Petrobras fue usado para financiar la campaña de Rousseff, todo lo cual resumió en una acusación de "abuso acumulado con perpetración de fraude".

El caso se refiere a la campaña para los comicios de 2014, en los que Rousseff fue reelegida en segunda vuelta con un 51,64 % de los votos y derrotó al senador Neves, candidato del PSDB, que obtuvo un 48,36 %.

La justicia electoral indicó que, una vez hecha la notificación oficial, Rousseff contará con un plazo de siete días para presentar su defensa, por lo que deberá hacerlo antes del próximo jueves.

Consecuencias.

El proceso abierto por el tribunal electoral también afecta al vicepresidente del país, Michel Temer, quien fue reelegido en la misma fórmula y, de ese modo, sería considerado copartícipe de las supuestas irregularidades cometidas en la campaña.

Este proceso corre en paralelo a los trámites iniciados por el Congreso para un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria, por maniobras destinadas a maquillar los resultados fiscales del Gobierno durante los años 2014 y 2015.

La Cámara de Diputados inició ese trámite en diciembre, pero se vio obligada a suspenderlo por "errores de procedimiento" detectados por la Corte Suprema, que ordenó reiniciar todo el proceso.

Las cámaras legislativas estuvieron en receso desde fines de diciembre pasado y reanudaron sus actividades este martes pasado. Sin embargo, el proceso contra Rousseff está paralizado, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha pedido algunas aclaraciones sobre la sentencia del Supremo que determinó reanudar los trámites.

Pero entre tanto, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo a la Justicia que no tiene "nada que declarar" sobre un supuesto fraude mediante el pago de coimas a cambio de ventajas tributarias para el sector automotriz, informaron ayer fuentes oficiales.

El caso se tramita en un tribunal de Brasilia, ante el cual la jefa de Estado fue convocada en calidad de testigo por el abogado Eduardo Gonçalves Valadão, uno de los 16 acusados por el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Gobierno que habrían influido en medidas que establecieron incentivos fiscales para la industria automotriz.

Escueta respuesta.

La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de solamente un párrafo en el cual dijo que no tiene información sobre ese asunto y, por tanto, tampoco "nada que declarar".

En otro documento, enviado al juzgado por el subjefe de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Jorge Rodrigo Araújo Messias, también se dice que en la solicitud presentada por el abogado Valadão "no hay ningún elemento que justifique" una declaración de Rousseff.

Los hechos que investiga la Policía habrían ocurrido durante el segundo mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, padrino político y antecesor de Rousseff, quien entonces se desempeñaba como ministra de la Presidencia.

Según las autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno, que promovieron medidas mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.

Esas empresas también son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.

Compra de cazas suecos bajo la lupa.

La Fiscalía brasileña anunció ayer que ha reabierto una investigación para determinar si hubo irregularidades en la compra de 36 cazas de combate de la fabricante sueca Saab por parte de la Fuerza Aérea, en una operación concretada en 2014. El fiscal Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, responsable del caso, decidió reabrir el caso por el surgimiento de "nuevos indicios" de que el contrato firmado con Saab puede ser resultado no sólo de criterios técnicos, sino de "posible influencia indebida" de dos empresarios que están arrestados por otro caso de corrupción. Los empresarios sospechosos de influir en la compra de los 36 cazas son Mauro Marcondes y Cristina Mautoni, investigados por su supuesto papel de intermediarios en una trama que indaga el pago de sobornos a funcionarios por parte de fabricantes de automóviles. Caso este que involucra al expresidente Lula da Silva, ver nota aparte.

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