El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia está siendo cuestionado desde su denominación. A diferencia de la anterior Comisión para la Paz, este grupo tendrá como cometido recolectar y sistematizar toda la información sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y en la dictadura y ponerla a disposición de la Justicia.

Como indica su nombre, el cometido del grupo es desentrañar qué sucedió desde el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 y que los responsables sean juzgados. Sin embargo, estas atribuciones no convencen.

El historiador Carlos Demasi reconoce como un avance la creación de este grupo y lo compara con la Comisión para la Paz. "Esta realizó una labor muy importante, pero no tuvo posibilidad de investigar las denuncias ya que el decreto le concedía como cometidos los de recibir, analizar, clasificar y recopilar información", recordó Demasi.

En cambio, a este nuevo grupo se le atribuyen "amplias facultades" para investigar delitos cometidos por agentes del Estado y se prevé que estas investigaciones puedan tener aplicación en causas judiciales, explicó el historiador.

Y es, justamente, sobre este último punto que el doctor en Derecho y Ciencias Sociales y rector del Claeh, Romeo Pérez Antón, tiene sus mayores reparos. "Me pregunto en calidad de abogado si no hay un avance sobre los límites mismos de la función del Poder Judicial. Porque estamos hablando de investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en un determinado período de tiempo y promover la aplicación de las normas jurídicas. Estamos muy cerca de la función jurisdiccional", opinó.

Para Pérez Antón, el grupo es extraño desde su denominación: "Es un grupo de trabajo pero, sin embargo, tiene competencias muy amplias y en una materia delicadísima".

El objetivo de este grupo es "reparar el daño causado", investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes los hayan cometido con su apoyo, "promoviendo la justicia".

El Grupo, integrado por siete personas designadas por Váz-quez, relevará e identificará archivos de la dictadura, recogerá testimonios y realizará un seguimiento de sentencias y resoluciones, observando el cumplimiento de las leyes reparatorias. Especialmente sobre la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios (Ley Nº 18.033) y la reparación a víctimas contemplada en la Ley Nº 18.596

"La información que se obtenga podrá utilizarse para el esclarecimiento de causas judiciales e investigaciones", aclara el decreto. Además, podrá proponer al Poder Ejecutivo las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad de esta información. El documento habla de la cooperación con el Poder Judicial, el Ministerio Públicos y los operadores judiciales.

"No constituye un ministerio, no se ajusta a las disposiciones constitucionales pero tiene competencias que parecen entrar en colisión con las que corresponden a diversas carteras", opinó Pérez Antón.

"Hay una disposición que habilita al grupo a la comunicación directa con organismos del Estado. Ahora, organismos del Estado es algo bastante indeterminado. ¿Están incluidos los otros poderes del Estado? ¿El Poder Judicial?", se preguntó el abogado.

Según Pérez Antón, hay que tener claro, además, que los sistemas políticos no establecen la verdad histórica.

La vocera del grupo, Ma- carena Gelman, dijo que la contribución con la Justicia es una de las principales diferencias que tiene con la Comisión para la Paz.

"Hoy hay líneas de trabajo con la Justicia —siempre conservando su independencia— cosa que no existía en la Comisión para la Paz. Su mandato era recibir testimonios de personas que tuvieran datos para aportar. No tenía el mandato de recabar los testimonio de forma sistemática", explicó Gelman.

La hoy diputada agregó que si bien ahora, mediante orden judicial, toda la información está disponible, se busca agilitar la accesibilidad de la información, "que el Estado sea proactivo".

La Comisión para la Paz fue creada por el expresidente Jorge Batlle y tenía como cometido recibir denuncias sobre detenidos desaparecidos durante el período 1973-1985. Y fue el mismo Batlle uno de los primeros en manifestarse en contra de la reciente resolución de Vázquez. "Señala una total desviación de poder de parte del presidente de la República", dijo el exmandatario.

Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y coordinador del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente desde 2005, dijo a El País que desde la Ley de Reparación (Nº 18.596) aprobada en 2009 se considera a 1968 como un año clave.

"Reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973", recordó Rico.

"En el año 1968 se producen una serie de quiebres de la realidad constitucional. Pero estos quiebres no solo derivaron del Poder Ejecutivo de la época, hubo quiebres de parte de grupos armados con prédicas de carácter antidemocrático. Y el signo por excelencia es la pluralidad de orígenes", apuntó Pérez Antón.

Pérez Antón critica que se utilice "una política unilateral" que solamente se ocupa del pasado y atienda a una de las causas del conflicto. En esa época fueron varios los factores que sirvieron de caldo de cultivo para el golpe que vendría cinco años después: manifestaciones estudiantiles y sindicales, guerrilla, huelgas y una profunda crisis económica.

Y las medidas prontas de seguridad, para algunos, son suficiente motivo para considerar que en 1968 la democracia no estaba funcionando a pleno.

"Pacheco Areco decidió gobernar con medidas prontas de seguridad, que alguna vez el Parlamento decidió levantar por ser su potestad; pero al día siguiente el presidente las volvía a implantar", dijo a El País el historiador Benjamín Nahum.

Para este historiador, "el gobierno de Pacheco Areco tenía muy poco de democrático, a pesar de que hay gente que dice que la guerrilla se levantó contra un gobierno democrático".

Esto se suma a las investigaciones recientes que dan cuenta de fallecidos por terrorismo de Estado desde 1968.

Recientemente "se incorporó un listado de personas asesinadas por el Estado entre el 13 de junio de 1968 y 27 de junio de 1973", comentó Rico.

Según el decano, la cifra llega a 85 muertos. La lista está encabezada por Líber Arce, el primer estudiante muerto por las fuerzas policiales el 14 de agosto de 1968 durante una manifestación desencadenada por el allanamiento de la Universidad de la República.

El compromiso, dijo Rico, es completar las investigaciones sobre asesinados políticos en el período 1968-1973.

Tabaré Vázquez - Presidente.

"Queremos ver cómo se puede avanzar más de lo que se pudo avanzar hasta ahora" , dijo el presidente Tabaré Vázquez, días antes de asumir, al anunciar la creación del grupo por Verdad y Justicia. El futuro mandatario hizo énfasis en que falta información por parte de los militares y que hay que buscarla porque en "algún lugar está". "No hay que bajar los brazos en este sentido", su-brayó. "Queremos ver cómo se puede avanzar más de lo que se pudo avanzar hasta ahora", dijo el primer mandatario.

Raúl Sendic - Vicepresidente.

"Es muy clara la determinación de seguir avanzando en este tema, echar luz y determinar responsabilidades para que todos podamos mirarnos a la cara sin ningún complejo", afirmó Raúl Sendic. El vicepresidente consideró que la creación del grupo permitirá "ordenar la información, convertirla en un archivo y tener un mejor conocimiento de la verdad. Lo peor sería claudicar en esto cuando el Uruguay necesita reconciliarse con su pasado".

Waldemar Tarocco - Integrante de Crysol.

"Tabaré Vázquez dijo que se iba a acceder a toda la información, pero con (Eleuterio Fernández) Huidobro en el Ministerio de Defensa me parece bastante difícil", expresó el expresidente de la Asociación de Expresos Políticos (Crysol), Waldemar Tarocco. El activista dijo tener confianza en el Grupo de Trabajo por la Verdad y la Justicia. Explicó que todavía no ha notado ningún cambio en la política de derechos humanos del actual presidente Vázquez. Y dijo que espera que "no sea una comisión más para que pase el tiempo".

Guillermo Cedrez - Presidente del Centro Militar.

"Si no hay algo que motive para que esas personas (militares implicados) puedan decir algo, no sé... Los demás no sabemos nada. Es un problema con cada uno. Que les ofrezcan. Si usted quiere averiguar algo, habrá que hablar con quien sepa y ofrecerle algo", dijo el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez sobre la información que se solicita a militares y exmilitares. Apuntó que las Fuerzas Armadas ya proporcionaron toda la información que tenían sobre el destino de los desaparecidos.

El grupo está integrado por siete personas: Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro (por la organización Familiares), Susana Andrade (por la colectividad afrodescendiente), Pedro Sclofsky (por la colectividad judía), Ademar Olivera (por la Iglesia Metodista) y Mario Cayota (por Iglesia Católica).

Según el decreto, "están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima del terrorismo de Estado sufrido por nuestro país en el pasado reciente". Se refiere a la tortura, prisión prolongada, ejecución sumaria y la desaparición forzada ocurridas desde el 13 de junio de 1968 y hasta el 28 de febrero de 1985.

Investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes contaran con su aprobación y apoyo para cometerlos. Dentro o fuera de fronteras. Se busca "dar luz" a esos hechos y promover la Justicia "sobre las bases de las normas y estándares internacionales de Verdad y Justicia".

Se relevará archivos y se identificarán nuevas fuentes de información. Se sistematizará toda la información generada en procesos judiciales. Se digitalizará toda la información para permitir el cruzamiento de datos. Se relevará información dentro y fuera del territorio nacional y las denuncias y peticiones realizadas.

Se instalarán vías de cooperación para la "aplicación armónica" de las normas que protegen los derechos humanos. La información recabada estará a disposición de la Justicia para que sea utilizada en la resolución de casos. Se procesará la información para su más fácil acceso y comparación de datos.

El Grupo de Trabajo realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de sentencias que obligan al Estado a reparar a las víctimas de la dictadura. También se realizará un seguimiento de las resoluciones y recomendaciones de organismos de supervisión de derechos humanos y se observarán causas, juicios y denuncias.

El Grupo recabará y organizará el registro de los "testimonios en calidad de víctima, familiar, testigo u otra vinculación" con los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Además, se llevará a cabo una instancia donde se conmine a toda la sociedad a brindar todos los datos en su conocimiento sobre este tipo de situación.

El grupo por la Verdad y Justicia despertó críticas por sus atribuciones