UN EXPEDIENTE VOLUMINOSO

Según Lorenzo y Calloia, no causaron pérdidas al Estado

Defensores de exjerarcas sostienen que el Estado ganó US$ 14 millones.

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Distendidos: los exjerarcas Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. Foto: Archivo

Los abogados defensores del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, presentaron pruebas sobre que sus defendidos no generaron perjuicio al Estado durante el remate de lo aviones de Pluna, y que dicha subasta fue resuelta por el entonces presidente de la República, José Mujica.

Lorenzo y Calloia fueron procesados sin prisión en 2014 por un delito de abuso de funciones. En ese momento, Lorenzo solicitó a su abogado defensor, Amadeo Otatti, que no apelase ese dictamen.

Calloia, en cambio, pidió al penalista Gonzalo Fernández que apelase el auto de procesamiento. Un Tribunal de Apelaciones revocó la resolución judicial. El caso terminó en la Suprema Corte de Justicia que ratificó el fallo en primera instancia (abuso de funciones).

En esta etapa del sumario, Otatti y Fernández presentaron pruebas a favor de sus defendidos. El expediente pasará a la Fiscalía y luego la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, resolverá si Lorenzo y Calloia incurrieron o no en un delito de abuso de funciones.

En defensa de Lorenzo, Otatti opinó sobre el impacto económico que tuvo en el Estado uruguayo el aval otorgado por el Banco República del Uruguay a la empresa Cosmo Líneas Aéreas S.L. para garantizar el cumplimiento de la oferta que se realizaría en la subasta de las siete aeronaves, que fueron transferidas por Pluna al Fideicomiso de Aeronaves.

El abogado penalista incluyó informes de auditorías hechas por la consultora KPMG y un informe presentado por el Banco República al Juzgado Letrado de 20° Turno.

Recordó que, luego del frustrado remate de los aviones, el Estado uruguayo intervino a través de dos instituciones: el Fideicomiso que compró los siete aviones de Pluna y el Banco República que otorgó un aval bancario a la empresa Cosmo que luego fue asumido por el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena. "Analizando las operaciones anteriores se verifica que el Fideicomiso obtuvo, como consecuencia del aval, una ganancia de US$ 12 millones", expresa Otatti. Esa cifra surge de lo percibido por el Estado por cobro del aval por incumplimiento de la oferta (US$ 13.680.000) menos el pago realizado a los rematadores de los aviones (US$ 884.000). La ganancia neta fue de unos US$ 12.800.000.

Otatti también presentó documentos para demostrar que la venta de Pluna también tuvo un impacto económico positivo para el Banco República. "En este caso, el BROU obtuvo también ganancias, las que ascendieron a US$ 1.300.000, por concepto de intereses sobre el préstamo otorgado a López Mena para financiar el pago del aval", señala el documento.

El préstamo original, otorgado el 19 de marzo de 2013, aseguraba una ganancia para el BROU, por concepto de intereses, del orden de US$ 500.000. Sin embargo, López Mena refinanció el préstamo en julio de 2014 y extendió el plazo de pago a diez años. Es decir, la ganancia del Banco República por intereses se elevaría a US$ 1.300.000.

"En virtud de los antecedentes del Sr. López Mena (ha cumplido sus obligaciones) y de las garantías con que cuenta el BROU, se espera que no existan problemas en cuanto a la cobrabilidad del saldo pendiente de cobro", señala el escrito.

El abogado penalista informó a la jueza Mainard que el Estado uruguayo ganó un total de US$ 14.099.000 tras el cierre de Pluna.

Cabeza de turco.

El abogado de Fernando Calloia, Gonzalo Fernández, solicitó a Mainard que incorpore al expediente la versión informática de la sesión de la Cámara de Senadores realizada el 10 de junio de 2015. En esa sesión se trató la venia para nombrar a Calloia como miembro de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En la sesión, señala el escrito, el expresidente Mujica dijo: "Entonces, no es Calloia el responsable (de la subasta de los aviones de Pluna), sino yo en última instancia, como corresponde. ¡Y lo dije! ¡Lo dije públicamente! Entonces, no se puede agarrar a Calloia como cabeza de turco. Aunque yo no lo llamé por teléfono y no tuve que ver, de la globalidad de la operación sí era responsable. Entonces, péguenme a mí, no a Calloia. Está dicho".

Fernández también solicitó a la jueza Mainard que libre oficio al Banco República para que remita una copia de la refinanciación concedida a López Mena para el pago de la garantía que este asumiera.

Fernández pidió a Mainard que agregue al expediente de Pluna el presumario formado en la misma sede sobre la empresa Mont Fortelco.

Jerarcas del Ministerio de Economía hicieron gestiones para que esa empresa también se presentara a la subasta de los aviones de Pluna. Sin embargo, en febrero de 2014, un juicio laboral reveló que Mont Fortelco era una grupo de empresarios sin actividad. Entre ellos se encontraba un hombre "de mal olor y sin dientes", que se reunió con Mujica para señalarle que estaba interesado en comprar los aviones.

Justicia indagó sobre beneficio a Cosmo

El 21 de diciembre de 2013, el entonces fiscal especializado en Crimen Organizado, Juan Gómez, pidió el procesamiento sin prisión de Fernando Lorenzo y de Fernando Calloia por un delito de abuso de funciones.

Gómez consideró que Lorenzo, en su carácter de ministro de Economía, "abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la ex Pluna".

La exfiscal María Camiño, que sustituyó a Gómez, preguntó a Lorenzo si había otras empresas interesadas en adquirir los aviones de Pluna. Camiño procuraba obtener indicios que probaran la tesis de su antecesor: Lorenzo y Calloia beneficiaron a Cosmo en detrimento de Mont Fortelco.

REMATE

Principales claves de una subasta fallida

El 2 de agosto de 2012, Pluna enajenó al Fideicomiso siete aviones Bombardier CRJ 900. El Fideicomiso asumió, como contrapartida, el pasivo con The Bank of Nova Scotia, que a la fecha de la transferencia ascendía a US$ 136 millones.

El Fideicomiso llamó a una subasta pública para el remate de los siete aviones, para lo cual emitió un pliego de condiciones dirigido a los posibles oferentes.

En el mes de septiembre de 2012, Cosmo Líneas Aéreas S.L. contrató con el BROU un aval bancario por la suma de US$ 13.680.000, para ser utilizado en dicha subasta. Este aval estaba garantizado por Boston Seguros, una empresa argentina, según señala el escrito presentado por el abogado Amadeo Otatti.

El 1° de octubre de 2012, se llevó a cabo la subasta de los siete aviones. En el remate, las aeronaves se adjudicaron a Cosmo por ser la última y mejor oferta, quien depositó, como garantía de mantenimiento de oferta, el aval otorgado por el Banco República por la suma de US$ 13.680.000 para garantizar el pago del precio en el plazo estipulado.

Un mes después del remate de los aviones, el 1° de noviembre de 2012, el Fideicomiso adquirió el derecho a cobrar el aval por incumplimiento del mantenimiento de la oferta.

El 19 de marzo de 2013, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena asumió frente al Banco República la deuda de Cosmo y de su garante por US$ 13.680.000. En la misma fecha, para financiar el pago del aval, López Mena solicitó y obtuvo del BROU un préstamo por la suma de US$ 13.680.000, que devengaba un interés del 1,6% anual, pagadero en nueve cuotas, la primera de US$ 888.000 y las restantes de US$ 1.600.000 cada una. El 19 de marzo de 2013, el BROU, en su calidad de avalista, procedió a pagar al Fideicomiso la suma de US$ 13.680.000. López Mena pagó las cuotas.

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