POR FALTA DE PAGO

Judiciales amenazan con parar la reforma

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay realizará una asamblea con paro el 1° de noviembre.

Asamblea de judiciales. Foto: Fernando Ponzetto
Asamblea de judiciales. Foto: Fernando Ponzetto

El sistema político y los operadores judiciales se pusieron de acuerdo para que el 1° de noviembre entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. Lo que no estaba en los planes es la amenaza del sindicato de funcionarios del Poder Judicial que podría volver a cancelar la tan esperada reforma.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay realizará una asamblea con paro el 1° de noviembre. Ese día no habrá guardia gremial y se pondrá a consideración una moción de un grupo de trabajadores que quiere un paro por tiempo indeterminado, lo que pone en riesgo la aplicación en fecha del nuevo código.

De esta forma, el sindicato que tiene un reclamo de reajuste salarial de larga data contra el Poder Ejecutivo, redobla la presión en un momento clave y luego de que el Poder Legislativo apretara el acelerador en el tratamiento parlamentario del Código para permitir que comenzase su vigencia en la fecha estipulada.

Unos 200 trabajadores presentaron el miércoles pasado sus firmas para reclamar la asamblea y llevaron a que el Consejo Ejecutivo del gremio tomara la decisión por mayoría la decisión de convocarla. Richard Ascurrein, secretario general del gremio, dijo a El País que votó a favor de la convocatoria porque entiende que no corresponde negar la asamblea cuando un número significativo de afiliados la pide, más allá de que entendía que debía seguirse explorando el diálogo con el gobierno. La moción que se analizará pide un paro por tiempo indefinido "hasta recibir un pronunciamiento favorable por parte del Poder Ejecutivo".

El sindicato de judiciales ya definió presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de la Rendición de Cuentas, aprobada este año, que condicionó el pago de las sentencias favorables que el gremio ya obtuvo. El artículo habilita al Estado a posponer el pago de sentencias y arbitrajes que le sean adversas cuando superen los US$ 10 millones.

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