EL DESEMBARCO DEL LAVA JATO EN URUGUAY

Hay cuatro indagados por las "coimas" de Petrobras

BCU presentó denuncia tras reportes de casos sospechosos.

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La policía brasileña considerá que se trata del caso de corrupción más grande del país. Foto: Reuters

la jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, Adriana de los Santos, y la fiscal María Camiño investigan a dos abogados y a dos corredores de bolsa uruguayos sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas pagadas por Petrobras para facilitar contratos. El caso es conocido en Brasil como "Lava Jato" (Lavado de autos a presión) porque una investigación de la Policía Federal constató que políticos y directivos de Petrobras utilizaban una red de lavaderos de autos y estaciones de servicio para "blanquear" dinero de coimas.

En Uruguay, la investigación se desarrolló por un reporte de un caso sospechoso de lavado de activos hecho por un abogado al Banco Central del Uruguay (BCU).

El profesional, al ver su nombre reflejado en la prensa brasileña a principios de 2015, concurrió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU y brindó informaciones sobre la compraventa de un apartamento de lujo realizada por el exdirector del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.

En abril de 2009, utilizando la sociedad anónima Jolmey, creada en 2007 y presidida por el abogado uruguayo, Cerveró adquirió un apartamento por US$ 689.000 en Río de Janeiro. El inmueble fue luego remodelado por unos US$ 700.000.

Con los datos aportados por el profesional uruguayo, la UIAF comenzó a investigar. Poco después, sugirió a las autoridades del Banco Central que ameritaba la presentación de una denuncia penal.

Otro abogado y dos corredores de bolsa son investigados por la jueza De los Santos por triangulaciones de dinero hechas en Uruguay a través de sociedades anónimas.

La Justicia investiga, además, si políticos y empresarios brasileños adquirieron bienes en Uruguay de "coimas" pagadas por Petrobras.

Al igual que el abogado, los otros acusados también presentaron reportes sospechosos de lavado de dinero ante el Banco Central al ver sus nombres manejados por la prensa brasileña. "La Justicia deberá dilucidar si el reporte tardío es un delito o no", dijo a El País una fuente del caso.

En poco más de un año, el expediente uruguayo del caso "Lava Jato" avanzó más que la investigación sobre la "Ruta del dinero K" que comenzó en 2013, y eso que en Uruguay hay por lo menos dos inmuebles que fueron comprados por el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Por el momento, la Justicia, la Secretaría Nacional Antilavado y la Unidad de Información y Análisis Financiero no tienen datos sobre políticos o empresarios brasileños que adquirieron bienes en Uruguay con dinero de coimas pagadas por Petrobras.

Simulación.

La denuncia contra Cerveró, que fue presentada por la Fiscalía brasileña a la Justicia de la ciudad de Curitiba en febrero del año pasado, indica que el apartamento de lujo hoy vale 7,5 millones de reales (US$ 2,1 millones) y pertenecía desde el comienzo a Cerveró.

Según el Ministerio Público, el objetivo de la maniobra era simular un contrato de arrendamiento del inmueble como forma de ocultar la propiedad real del bien y así evitar que Cerveró fuera investigado por enriquecimiento sin causa y corrupción. El 26 de abril de 2015, el juez federal de Brasil, Sérgio Moro, condenó a cinco años de prisión a Cerveró por el delito de lavado de dinero.

Directivo de Petrobras ganaba US$ 100.000.

Cuatro exhortos envió la Justicia brasileña a la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, con el objetivo de conocer maniobras de dinero por parte de brasileños.

En uno de los exhortos, la Justicia brasileña solicitó la declaración del abogado uruguayo, titular de la sociedad anónima Jolmey, que adquirió un apartamento de lujo en Río de Janeiro que pertenecía a un alto directivo de la Petrobras. En su escrito, el abogado señaló que no le llamó la atención el patrimonio de su cliente norteño, ya que este demostró que ganaba US$ 100.000 por mes más bonos. "Mi actuación fue conforme a Derecho. No existía sospecha de actividad ilícita. Por el contrario, se verificó que los fondos para hacer frente a la compraventa del apartamento habían sido declarados al fisco brasileño", señala el escrito.

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