Gravar más al que tiene más es el gran objetivo que persiguen algunos grupos dentro del Frente Amplio, entre ellos el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, y una parte del Partido Socialista. Sin embargo, el contexto internacional incierto y las diferencias internas con respecto a la suba de impuestos hicieron postergar ese debate hasta después del Presupuesto.

"No es momento" para discutir nuevos impuestos, opinó el pasado martes el diputado Sebastián Sabini (MPP) en la bancada que convocó el Frente Amplio para discutir temas presupuestales. "Este año es el del presupuesto", reafirmó.

La misma posición tienen en la lista 711. El diputado del sector de Sendic, José Querejeta, dijo a El País que "hay consenso dentro del Frente para discutir las cuestiones tributarias una vez aprobado el presupuesto. Eso queda para después".

Querejeta explicó que el documento elaborado por el bloque MPP, PCU y 711 que plantea medidas contracíclicas (financiables mediante un aumento de IRAE, la no devolución de aportes al Fonasa y el uso de parte de las reservas del Banco Central) no será discutido hasta el 2016 o el 2017.

En esta decisión pesa el actual contexto regional, marcado por la recesión de Brasil, que repercute en la economía local y contribuye a la desaceleración del crecimiento. Pero también inciden otros motivos políticos. "No se puede entrar en una discusión así, cuando estás en el medio de una decisión presupuestal", opinó Querejeta.

"Nosotros tenemos un programa del Frente que es claro en algunos temas, tenemos una coyuntura que se nos vino encima y tenemos el presupuesto. Discutamos el presupuesto ahora y después más adelante conversamos todo de vuelta", concluyó el legislador.

En el Frente Amplio hay quienes entienden que quizás sea el 2017 el mejor año para volver a insistir con el aumento de la presión tributaria a los sectores más ricos. Esto, pese a que el presidente Tabaré Vázquez adelantó que no creará nuevos impuestos en este gobierno.

Si bien aclaró que no hay definición orgánica sobre el tema, el diputado socialista Gonzalo Civila entiende que "el debate de modificaciones tributarias tiene que ser procesado con más tiempo".

"Esto no se va a resolver en este presupuesto, vamos a tener que darnos una instancia de intercambio sobre distintas cuestiones vinculadas a la política económica y tributaria, que incluya el intercambio sobre modificaciones fiscales. Pero no es una discusión para saldar ahora", opinó el diputado.

Civila recordó que los socialistas tienen una resolución en la que se entiende que "hay que avanzar en incrementar impuestos sobre altos ingresos y sobre los más ricos. Resolvimos dar a conocer esa visión, independientemente de la posición del Poder Ejecutivo; pero conversando con los distintos actores yo por lo menos soy de la idea que esta es una discusión que no se va a saldar ahora. Hay que seguirla procesando en la perspectiva de los próximos dos años". Según Civila, en esta posición influyen las distintas visiones dentro de la coalición. "Se necesita consenso y lo correcto es discutir estas cuestiones con más tiempo", acotó.

Dentro del Partido Socialista hay diferencias con respecto al aumento de la presión tributaria entre el director de la OPP, Álvaro García, y el exministro Daniel Olesker, quien fue acusado de "desleal" por proponer cambios impositivos y poner en duda que con el actual presupuesto se llegue a destinar el 6% del PIB para la educación.

La Lista 711, que lidera el vicepresidente Raúl Sendic, propuso "hacer una lectura transversal de los salarios en todos los incisos". "Nosotros planteamos una mirada transversal y coherente del pago de salarios en todo el Estado", explicó a El País el diputado José Querejeta. Como ejemplo, citó el caso de un director de división que gana $ 80.000 y un presidente de un ente que cobra $ 65.000.

Querejeta dijo que si bien "se ha ido ordenando", todavía hay disparidad.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó un listado de artículos presupuestales que entiende deberían ser modificados. Uno de ellos es el 11, que elimina el tope salarial de los asesores, quienes podrían incluso ganar más que el subsecretario o el ministro. Otro es el 217 por el cual se establece una pena de cárcel a quienes comercialicen o utilicen los dispositivos que jaquean celulares. A su vez, pidieron revisar el artículo 425 que bloquea las acciones judiciales para adquirir medicamentos de alto costo y el 619 que condiciona el aumento salarial de docentes a la firma de un acuerdo o transfiere el monto para infraestructura. A su vez, el MPP quiere redireccionar recursos a educación y salud y atender reclamos vinculados a la inexistencia de rubros hacia la red nacional de drogas, el Instituto Clemente Estable y la ley de cine.

La discusión se posterga hasta después de aprobado el PresupuestoVALERIA GIL