La ley exige al Estado un 4% de la plantilla, pero se elude.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) contestó a un pedido de informes que pese a la violación de la ley de cuotas para discapacitados en el Estado, "no se han aplicado sanciones" y "no ha sido necesario al día de la fecha adoptar medidas por incumplimiento de estas disposiciones".

La ley establece que un 4% de las vacantes generadas deben ser ocupadas por discapacitados. Los últimos datos, del año 2015, señalan que esto se cumplió solo en un 0,33%.

En el caso del Poder Ejecutivo, en tanto, no se hizo ni un solo contrato de estas características, pese al ingreso de 105 nuevos trabajadores.

La reglamentación de la ley, del año 2014, señala que "el incumplimiento de la provisión de vacantes (…) aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión".

También establece que "el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiendo llegar a la destitución y cesantía", puesto que la ONSC es la "ventanilla única" para ingresar al Estado.

En la respuesta al pedido de informes, que fue realizado por el diputado nacionalista Martín Lema, la ONSC, consultada sobre cómo se realiza el contralor para el cumplimiento de la cuota para discapacitados, se señala que "si bien en el Portal de Uruguay Concursa se deben publicar todos los llamados efectuados dentro del Estado teniendo como cometido su difusión, el Área de Reclutamiento y Selección de esta Oficina Nacional, interviene directa y exclusivamente en los llamados de los Incisos del Presupuesto Nacional, no teniendo injerencia en los demás llamados que se dan a publicidad en dicho Portal, lo que son gestionados por los propios organismos convocantes". Es decir que hay contratos que hace el Estado que carecen del control para saber si cumplen o no con la ley.

La respuesta, que también señala que "no hay Incisos inhabilitados por incumplimiento de estas disposiciones" y que "no ha sido necesario al día de la fecha adoptar medidas por incumplimiento", está firmada por el director de la ONSC, Alberto Scavarelli.

Lema también presentó pedidos de informes a una serie de organismos para detectar qué tanto estaban cumpliendo con la ley de cuotas para discapacitados. En el caso del Banco de Seguros del Estado (BSE) se advierte que 17 personas ingresaron en 2014, uno en 2015 y que queda pendiente el ingreso de 16 personas más. Esto no coincide con las cifras del documento de 2015 de la ONSC, que advertía que 37 discapacitados debían ser contratados.

El Banco República, que debía contratar a 36, señala que ingresaron 40 discapacitados. Y advierte que en 2017 se abrirán seis puestos más.

"Cuando en la Cámara de Diputados votamos la ley de inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado, sostuvimos que no podíamos dedicarnos a escribir textos legales con buenos fines y que en la práctica no se apliquen", señaló Lema a El País.

"Por tal motivo —continuó el diputado—, nos propusimos conocer en profundidad las razones por las cuales se incumple la ley de protección integral de personas con discapacidad en cuanto a la inserción laboral en el sector público".

Lema sostuvo que la ley debe cumplirse en su totalidad en todos los organismos del Estado. Y criticó que "las leyes son para cumplirse y no para hacer cumplidos". El diputado, que aún espera la respuesta de pedidos de informes que hizo a varios organismos, sostuvo que seguirá "insistiendo" para que "se cumpla".

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