PROYECTO DE LEY

Antilavado: Díaz sale a aclarar que es borrador

El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, explicó ayer en el Parlamento que el proyecto que se estudia es "un borrador", y que en esas ideas que se manejan "no hay una violación de derechos ni cualquier disposición que signifique avanzar sobre el derecho de las personas (...) Es al revés: la normativa antilavado lo que hace es preservar la salud de un país", insistió.

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Carlos Díaz, director de la Secretaría Nacional Antilavado. Foto: Archivo El País.

"Jamás sería sujeto obligado un abogado que estuviera haciendo la defensa de nadie y en ningún ámbito. Sería irracional. Nunca estuvo en la cabeza de nadie hacer un planteo así", aclaró.

Díaz debió salir al cruce de consideraciones de abogados que valoraron que ese proyecto de ley contra el lavado de activos que incluye a esos profesionales, a contadores, a partidos políticos y a las iglesias en la obligación de informar de las transacciones que realicen, si estas fuesen inusuales o sin justificación económica o legal, y si resultan de una complejidad inusitada, es inconstitucional.

Ayer, el Colegio de Abogados del Uruguay, tras analizar la iniciativa, anunció su rechazo a la incorporación de los abogados al elenco de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, "lo que implica denunciar a sus propios clientes ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por afectar el cumplimiento por dichos profesionales de su función como asesores y defensores en materia jurídica así como el derecho de toda persona de consultar a un abogado para conocer su situación legal, facultad con sustento en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales", dijo la entidad en un comunicado.

Asimismo, advirtió que de disponerse la referida incorporación, "se verían comprometidas garantías básicas de los ciudadanos, en clara contravención al principio constitucional de protección de los derechos humanos".

Díaz aclaró que por ahora no se sabe si esas normas serán impulsadas como proyecto de ley. "Esa es una decisión política y por ahora no existe como proyecto de ley", precisó.

A su vez, el Colegio de Contadores del Uruguay se opone a que el proyecto de ley integral contra el lavado de activos los releve del secreto profesional. El presidente de la institución, Selio Zak, dijo a El País que están en "total desacuerdo en dejar sin efecto el secreto profesional" (...) Discrepamos por completo", agregó. El viernes se reunirá la directiva para tratar el tema.

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