Eloísa capurro

Desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a aceptar el acoso moral como un riesgo más dentro del ámbito laboral, las denuncias han venido en aumento. Maltrato verbal y físico, amenazas de despidos, aislamiento y degradaciones de cargo sin razón aparente eran algunas de las cosas que trabajadores tanto del ámbito privado como del público soportaban en silencio hasta entonces. En algunos supermercados los empleados debían aceptar que sus ropas y objetos personales fueran revisados, llegando hasta el extremo de desvestirlos, para evitar el robo de mercadería. En 2005, primer año que la Inspección General de Trabajo analizó el tema, se recibieron 12 denuncias. Para 2007 la cifra escaló a 24. Pero, según los expertos, los casos sin denunciar de mobbing o acoso moral en el trabajo son muchos más. Un indicador de ello son las tres consultas semanales que la Policlínica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina recibe por este tema.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el mobbing "es un comportamiento irracional repetido, con respecto a un empleado, o a un grupo de empleados, creando un riesgo para la salud y la seguridad". Es que, además de violar derechos inherentes a la persona (como la dignidad o el derecho a un ambiente laboral saludable) un repetido acoso en la oficina tiene sus efectos en la salud. Luego de seis meses el trabajador puede sufrir de estrés, insomnio, problemas cardíacos, gastritis, depresión y hasta pánico. "El acoso moral para ser definido como tal tiene que ser algo sistemático y mantenido en el tiempo. Hay una medida operativa que son seis meses. Luego de ese período los trabajadores adquieren algún tipo de patología. Eso no quiere decir que un acto de violencia de un trabajador no esté violando su derecho de alguna manera", opinó la psicóloga Silvia Franco, docente de la asignatura Psicología Laboral en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Un estudio hecho por ella en 2002 entre siete gerentes uruguayos víctimas de mobbing reveló que sólo uno de ellos no presentaba efectos colaterales al maltrato. Los restantes habían sufrido problemas cardíacos y respiratorios, eczemas en la piel, pérdida de peso, insomnio, angustia o depresión.

Aunque ciertas situaciones personales pueden agudizar el efecto de esta situación, no hay un perfil determinado para el acosado ni para el acosador. "Puede pasarle a cualquiera. Hemos tenido consultas de profesionales, de personas en cargos de decisiones. Pero generalmente el trabajador no se da cuenta hasta que la situación repercute en su salud", explicó la doctora Elizabeth Cháves, de la Policlínica de Salud Ocupacional. El objetivo del mobbing no está claro, pero en todos los casos el trabajador siente que se trata de una acción deliberada y únicamente dirigida hacia su persona. "Podría pensarse que si es un comportamiento deliberado, entonces el objetivo es que la persona salga del ámbito de acción de quien está ejerciendo esa violencia. Pero no necesariamente tenemos certeza de que sea un comportamiento deliberado", dijo Franco.

El mobbing afecta a todos los ámbitos laborales ya sean empresas públicas o privadas, en cargos de alta jerarquía o en los escalones más bajos. Un estudio que la Facultad de Psicología realizó desde 2004 hasta 2007 de forma voluntaria entre 500 trabajadores de todos los sectores, reveló que 60 de ellos sufrían acoso moral en sus trabajos. Lo que sí es común en las oficinas donde se practica el mobbing es que exista una fuerte competitividad entre trabajadores, así como se exigen altos niveles de productividad. "Son ambientes competitivos donde la presión de trabajo es muy importante y las relaciones no son las mejores entre los diferentes trabajadores", explicó la psicóloga Franco.

De todas formas en la Policlínica de Salud Ocupacional y en el Pit-Cnt la mayor cantidad de consultas han sido de personas que trabajaban en empresas públicas y más mujeres que hombres. "Esto responde a una extrema competitividad generada por políticas de gestión que son traspoladas de otros lugares sin que se haya calculado cuál era el capital humano presente para establecer esas reformas. Entonces han sido llevadas adelante de mala forma", dijo la abogada Ana Sotelo, docente de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Pero no son estos los casos más denunciados ante el Ministerio de Trabajo. De los 24 denuncias que se recibieron el año pasado, sólo seis fueron desde empresas públicas. Todos los demás fueron en ámbitos privados de diversos sectores: 11 pertenecieron a comercios, dos a industrias y cinco al sector de servicios. Todos fueron en Montevideo. Según la subinspectora general de Trabajo, Cristina Demarco, las oficinas del ministerio en el interior no tienen todas las facilidades para recibir este tipo de reclamos. "Son oficinas que tienen uno o dos administrativos. Algunas tienen abogados fijos, pero en otras va un abogado desde Montevideo que tiene un cierto horario de atención. Además la persona tiene que trasladarse hasta la sede del ministerio", señaló la jerarca.

Otra de las características de estas denuncias fue que, en su mayoría, los acosadores eran mandos medios. "Creo que es una razón humana, está ejerciendo el poder que le dieron y lo ejerce mal. Además como a veces el empleador no está presente se crea una sensación de impotencia. Falta educación dentro de las empresas", opinó Demarco.

En todas estas situaciones, la dificultad para conseguir un nuevo empleo opera como factor decisivo para que el acosado escoja soportar el hostigamiento antes de presentar la renuncia. "Los últimos años estuvieron marcados por la inseguridad laboral. Mientras en otro contexto la persona podría defenderse o denunciar el acoso, en un contexto de dificultades de empleo el trabajador no necesariamente se defiende. Porque se pregunta `¿qué pasa si yo pierdo mi empleo`. Y opera negativamente", dijo Franco.

Pero, dado que los funcionarios estatales son inamovibles, los efectos del mobbing en las empresas públicas se intensifican. "En el ámbito privado la persona mal o bien escapa. Pero en el sector público los efectos son peores porque como las personas son inamovibles se crea una situación de malestar que es muy visible", agregó la abogada Sotelo.

Probar ante el ministerio una situación de acoso moral no es sencillo para el trabajador. "El tema de los testigos es difícil porque los propios compañeros de trabajo, que tal vez estaban presentes en el momento del hecho, pueden negarse a prestar declaración por temor a perder su puesto de empleo", dijo Demarco. Desde que se realiza la denuncia ante el ministerio y se llega a una sanción definitiva, pueden pasar entre seis y ocho meses. Y durante ese tiempo la violencia se sigue padeciendo.

De las denuncias realizadas el año pasado, en cinco las partes llegaron a un acuerdo, en cuatro el trabajador desistió de la denuncia y otras 14 todavía están en trámite. En caso de comprobarse la situación de acoso, el empleador puede ser multado con hasta 150 jornales por trabajador involucrado.

Cuando la actuación de la inspección no es suficiente, las partes terminan en un juicio. El año pasado uno de los casos llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se derivan las denuncias del ámbito público.

Aunque el acoso moral es una figura jurídica, en Uruguay no existe una legislación específica que la contemple. Lo que las comisiones de trabajo del Senado y de Diputados tienen a estudio es un proyecto sobre acoso sexual que, en muchos casos, es un paso previo al acoso moral. El año pasado la Inspección General de Trabajo recibió una sola denuncia por acoso sexual.

Por ahora el trabajador puede ampararse a ciertos artículos de la Constitución que son vulnerados como consecuencia del mobbing. "Hay herramientas diferentes en cada caso. Pero lo más importante es la prevención, que existan mecanismos dentro de las empresas que no permitan que este tipo de casos sigan ocurriendo, porque son extremadamente graves", sostuvo Sotelo.

En este sentido el Pit-Cnt elaboró un protocolo que este año uno de los gremios, la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), pondrá en funcionamiento. "Nuestra intención es encontrar caminos para resolver el problema que sean más rápidos y efectivos", explicó Hugo Echenique de la comisión de Salud Ocupacional de la central obrera. Por este protocolo el empleador se compromete a no aplicar sanciones disciplinarias hacia el empleado mientras se investiga si efectivamente existe el acoso. "Si en ese ámbito se fracasa siempre queda la solución del ministerio", agregó Echenique.

Por su parte, la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación trabajará este mes con la Intendencia de Colonia, por ahora la única que tiene un protocolo específico para acoso moral. La Oficina Nacional de Servicio Civil trabaja desde 2006 para que todas las oficinas estatales tengan un departamento de salud ocupacional. El avance todavía sigue siendo lento. u

Los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución son las principales herramientas legales contra el mobbing. Ellos defienden los derechos al honor y seguridad así como a la dignidad y a un ambiente adecuado de trabajo comprendidos en convenios internacionales.