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MADRID | EL PAÍS DE MADRID

El juez español Baltasar Garzón volverá hoy al Palacio del Tribunal Supremo para ocupar por segunda vez el banquillo de los acusados y ser sometido a juicio por su investigación de los crímenes del franquismo.

Esta vez se enfrenta a la pena máxima prevista para el delito de prevaricación (que consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta), 20 años de inhabilitación que pide para él el pseudosindicato Manos Limpias, del conocido ultraderechista Miguel Bernard.

El juicio arrastra muchas pasiones y las organizaciones de la Memoria Histórica están decidas a respaldar a Garzón y a hacerse notar con concentraciones y movilizaciones de protesta contra el juicio. Amnistía Internacional (AI) se anticipó el pasado viernes con un comunicado en el que considera "escandaloso" el juicio.

Ayer otras organizaciones salieron al cruce. "El caso Garzón es la primera vez que una democracia consolidada procesa a un juez por defender a los derechos humanos", dijo Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch.

"Abandonar a un juez que aplica el derecho internacional en auxilio de las víctimas o de su familiares de graves violaciones de los derechos humanos significa atentar, quebrantar profundamente uno de los pilares del Estado de derecho", agregó el venezolano Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas.

Garzón tendrá que volver al banquillo sin conocer la sentencia de las escuchas Gürtel, que puede tardar todavía en hacerse pública. Según fuentes del Supremo, el juicio, por escuchas telefónicas que ordenó hacerle a reclusos en este caso que involucra a personalidades del Partido Popular (en el gobierno) le ha salido a Garzón mejor de lo esperado. Salió indemne y hasta reforzado del interrogatorio de la acusación.

Y ahora. El juicio a Garzón por investigar los crímenes del franquismo está estructurado en dos partes: hoy se inicia la vista de las cuestiones previas, que presentará el abogado de Garzón para este proceso, Gonzalo Martínez-Fresneda. Se trata de exponer las infracciones procesales que haya podido cometer el instructor de la causa, el juez Luciano Varela, la vulneración de algún derecho fundamental, etcétera. Mañana el tribunal se retirará a deliberar y si no estima ninguna de ellas, el día 31 se reanudará la vista con el interrogatorio de Garzón.

Aunque rara vez se estiman las cuestiones previas por defectos de procedimiento, en esta ocasión hay algunas posibilidades. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamará la aplicación a su defendido de la doctrina Botín -conocida así porque se aplicó por primera vez al presidente del banco de Santander-, según la cual la apertura de juicio no procede si actúa en solitario la acusación popular. En este procedimiento solo existe la acusación popular de Manos Limpias-Libertad e Identidad, pero no hay acusación del fiscal ni de ningún ofendido por el delito, por lo que, al igual que sucedió con Botín en un caso de cesiones de crédito, no podría continuar el juicio.

Otra de las cuestiones previas se refiere a la más que controvertida actuación del instructor Luciano Varela de dictar a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS -a la que había dado entrada y luego expulsó del procedimiento- las correcciones que debían hacer en sus respectivos escritos de calificación para que pudiesen ser admitidos, en vez de declararlos nulos. Varela indicó a Manos Limpias que debía retirar hasta 55 páginas de su escrito de acusación e incluir que Garzón actuó "a sabiendas".

Además de las cuestiones previas, en una Sala Penal muy dada a las estrategias -anticipó el juicio de las escuchas al del franquismo para mitigar el impacto de este último- siempre pueden hallarse razones de peso para concluir por la vía rápida el juicio sobre el franquismo. La principal de ellas es que este juicio se da ya por amortizado: si Garzón es condenado y expulsado de la carrera judicial por las escuchas, una segunda condena no añade nada. Pero si esta condena es por investigar los crímenes del franquismo, la imagen del Tribunal Supremo no queda precisamente favorecida, sobre todo entre la comunidad jurídica internacional.

El juicio es consecuencia de una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias admitida por la Sala Penal el 26 de mayo de 2009. Tras interrogar a Garzón y realizar diligencias durante ocho meses, el instructor, Luciano Varela, sostuvo en un polémico auto que el juez imputado no pretendía en realidad investigar los "horrendos crímenes" del franquismo, sino "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar", superando las limitaciones de la ley de Memoria Histórica.

Según el entonces instructor Varela, que acaba de juzgar a Garzón por las escuchas Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional decidió "orillar" la ley de amnistía de 1977 y abrir un proceso penal "cuya artificiosa incoación suponía desconocer los principios esenciales del Estado de derecho". Los "móviles altruistas" que hubiera podido tener el juez para paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas del franquismo "no eximen, ni siquiera atenúan", su responsabilidad penal, afirmó el entonces instructor.

Andalucía | Los viejos del pueblo andaluz de Gerena recuerdan todavía los gritos de aquella trágica noche de 1937. Ahora, gracias al combate de sus descendientes, los restos de las 17 mujeres republicanas fusiladas allí por los franquistas se disponen a salir de su fosa común.

Tras 74 años de olvido, las excavaciones comenzaron ayer, en la víspera del proceso contra el juez español Baltasar Garzón. El juicio es "cuanto menos paradójico, incomprensible incluso", denuncia Lucía Socam, de 25 años, nieta de una de las fusiladas, junto a los arqueólogos que trabajan para llegar a los primeros esqueletos.

Garzón "es la única persona que se ha atrevido con los crímenes del fascismo", se indigna la nieta de otra de las víctimas, María José Domínguez, de 45 años.

De pómulos prominentes, su abuela Manuela Méndez Jiménez, mira a la cámara en una de las pocas fotografías que se conservan.

Empleada en una fábrica de aceitunas, esta bella rubia, madre de dos muchachos, tenía 26 años cuando fue detenida por los jefes franquistas de su pueblo, Guillena, cerca de Sevilla.

Junto a Manuela, una veintena de mujeres de 20 a 70 años fueron capturadas y encerradas en la cárcel. Según sus familiares, su único crimen era tener a republicanos entre sus allegados. Ellas no militaban.

Una noche de noviembre de 1937, tras semanas de vejaciones, Manuela y otras 16 mujeres fueron llevadas en un camión al cementerio del pueblo vecino, Gerena.

Frente a una fosa común cavada en este campo de olivos, fueron fusiladas. En el pueblo se oyeron "gritos, muchos gritos", dice Manolo Domínguez, de 47 años, hermano de María José.

Hace diez años, los nietos de Manuela fueron los primeros en romper la ley del silencio para intentar encontrar los restos. "Solo queremos darles un entierro digno", explica María José.

Los arqueólogos voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) realizan las excavaciones, ayudados por los descendientes.

"Los familiares, somos nosotros quienes tenemos que ir con pico y pala a buscar nuestros muertos", denuncia Lucía Socam.

Una carta publicada por el gobierno español en mayo de 2011 censaba 2.000 fosas comunes que se remontan a la Guerra Civil y el franquismo (1939-75).

Según la ARMH, serían mucho más numerosas, lo que explica que en los últimos diez años se hayan exhumado los restos de 5.000 personas.

Cerca de 114.000 desaparecieron en total en esos años, según la investigación realizada entre 2006 y 2008 por el juez Garzón. AFP