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Salvar al planeta requiere US$ 30.000 millones por año

Río+20. El mundo discute cómo ir hacia la "economía verde"

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Gobiernos de todo el mundo se reúnen desde ayer en la conferencia de la ONU Rio+20 en pos de un compromiso para salvar el planeta, en medio de serias dudas sobre la posibilidad de un acuerdo que requiere 30.000 millones de dólares anuales.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, llamó al "compromiso de todos los países del mundo" para alcanzar un acuerdo que responda a las acuciantes necesidades ambientales y sociales del planeta, al inaugurar ayer el pabellón de Brasil en la conferencia.

La cita Río+20, que se extenderá 10 días, será la mayor conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) jamás realizada, con más de 50.000 participantes entre líderes de gobierno, sociedad civil y el mundo empresarial, para buscar un acuerdo que garantice una transición hacia una economía verde para el planeta, que ayude a preservar sus recursos naturales y luchar contra la pobreza.

"Debemos acelerar dramáticamente el ritmo de las negociaciones", urgió el secretario general de la reunión, Sha Zukang, en la primera rueda de prensa del evento, y explicó que la negociación fue dividida en grupos para avanzar.

MILLONARIO. Finalmente el número mágico de la gran disputa en la conferencia apareció: 30.000 millones de dólares anuales.

Los miembros del G-77, comandados en las negociaciones por la segunda potencia mundial, China, quieren que esa cuenta sea pagada en forma proporcional con las potencias.

"El G-77 más China tuvo la idea de crear un fondo para el desarrollo sostenido por 30.000 millones de dólares y es una propuesta que cuenta con gran respaldo dentro del grupo y forma parte de la negociación", dijo el negociador jefe de Brasil en la Río+20, embajador Luiz Figueiredo.

El embajador aclaró que para muchas potencias llegó la hora de que varios países emergentes también saquen la billetera. Es que la emergencia de China, India y Brasil, supuestamente deberían crearle obligaciones con sus aliados latinoamericanos, asiáticos y africanos, en opinión de negociadores europeos. "La discusión estará en los métodos de implementación de los acuerdos que se alcancen, ya que tradicionales donantes (potencias en general) se contraen sobre compromisos asumidos en el pasado por la crisis y tienen dificultades de proyectarlos al futuro".

ACUERDO. La diplomacia mundial presente en la conferencia sobre desarrollo sustentable que se realiza a 20 años de la Eco 1992 de Río de Janeiro trabaja para aumentar el magro consenso del 25% documento final "El Futuro que queremos", que ganó según fuentes del encuentro, objeciones importantes de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

Zukang, confía en un acuerdo con un fuerte perfil político aunque sin metas objetivas, con el discurso de que la megaconferencia brasileña será el inicio y no el fin de las nuevas metas del desarrollo sustentable. El secretario general dijo que el acuerdo tendrá metas "de cumplimiento no obligatorio y compromisos voluntarios".

Más de un centenar de gobernantes son esperados, entre ellos el presidente francés, Francois Hollande, y el primer ministro chino, Wen Jiabao, pero habrá ausencias claves, como las del presidente de la primera economía del planeta, el estadounidense Barack Obama, o la canciller alemana, Angela Merkel.

Rechazan postura de cumbre

La Unión de Gremios de la Producción (UGP), que reúne a los poderosos productores de cereales y oleaginosas, rechazó en un manifiesto la postura que presentará Paraguay en Río+20 respecto a los agronegocios. "La UGP rechaza en su totalidad la postura oficial paraguaya que excluye, mezquina e irracionalmente a los agronegocios, pretendiendo volver a tiempos de antaño, de recolección de semillas a cargo de campesinos e indígenas", anunció el informe elevado al ministro de Agricultura, Enzo Cardozo. La nota, firmada por el titular del gremio, Ramón Sánchez, acusó a la Secretaría del Ambiente de crear una agenda "que no responde a los intereses nacionales". El texto explicó que la posición ante Río+20 no se adecua a las normas nacionales ni a los acuerdos internacionales. AFP

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