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EDUARDO BARRENECHE

El Ministerio del Interior estudia usar el Plan Ceibal como herramienta de denuncia de niños que sufran violencia doméstica o abuso sexual. El canciller Gonzalo Fernández defendió la aplicación de políticas preventivas de seguridad.

"El Plan Ceibal también puede ser usado como una herramienta preventiva a largo plazo", afirmó ayer el director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad Rafael Paternain durante una sesión de la Conferencia Interamericana sobre Seguridad Pública que se desarrolla en el Hotel Radisson Victoria Plaza.

En el evento, que es organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), se analizó la necesidad de profesionalizar a las policías de la región, la incidencia del crimen organizado y la violencia generada por sectores de menores recursos que no tienen posibilidades de integración social, entre otros temas.

Unos 100 jerarcas ministeriales y técnicos de seguridad pública de América Latina y el Caribe elaborarán en el seminario los insumos para una próxima reunión de Ministerios de Seguridad Pública que se realizará en México. La conferencia finaliza hoy.

Durante su exposición sobre "Presentación del Uruguay sobre experiencias novedosas de prevención" de la violencia, Paternain efectuó una presentación del Plan Ceibal y como este puede transformarse en un corto plazo en una "herramienta formidable" preventiva.

"Si nosotros pudiéramos establecer algún mecanismo de conexión o de denuncia rápida, por ejemplo, desde esos niños que sufren violencia, podríamos dar respuestas mucho más integrales", advirtió.

El Plan Ceibal, agregó, puede ser un "motivador importante" desde el punto de vista de la socialización en valores de no violencia, sobre todo en edades tempranas.

"El plan Ceibal tiene efectos en la vida cotidiana. Los niños y los jóvenes están concentrados en esos circuitos, en esa conectividad educativa", indicó. Esas nuevas rutinas, sostuvo, los hace abandonar otros espacios que antes estaban más expuestos a prácticas de naturaleza criminal o delictiva, como las barras callejeras.

Durante su intervención, Paternain dijo que Uruguay no debería tener los actuales niveles de sensación de inseguridad si se compara con los índices de criminalidad en relación a la región. Admitió que la inseguridad "hoy es la principal preocupación de la ciudadanía y lo viene siendo de hace 15 años alternándose con el desempleo y la crisis económica".

A juicio del funcionario del Ministerio del Interior, una de las posibles explicaciones a ese fenómeno es que Uruguay posee una población envejecida con unas brechas generacionales "muy grandes".

El Ministerio del Interior, dijo, maneja tres hipótesis para explicar esta situación: la existencia de delitos y victimarios; una desconfianza en el sistema penal y en la Policía, y la mayor inseguridad que perciben los estratos más bajos de la población.

Con respecto a la Policía, Paternain dijo que hay niveles de desconfianza "importante de la población" en cuanto a la calidad de la respuesta y al funcionamiento de las fuerzas policiales. Sin embargo, el 48% de los uruguayos tiene poca o casi ninguna confianza en la Policía, señaló

"Hay un factor fundamental: es que la calidad de la respuesta policial con los ciudadanos deberá ser mejorada radicalmente", advirtió.

Con respecto al eventual impacto de la corrupción en la imagen de la Policía, Paternain indicó que ésta "golpea en menor medida. La corrupción es un tema que se visualiza en las encuestas de opinión pública pero no tiene la magnitud que posee la respuesta policial a las demandas de la población".

Durante su exposición, Paternain señaló que en Uruguay hay 6,6 asesinatos, 37 asaltos con violencia y 37 casos de violencia doméstica cada 100.000 habitantes.

Según el sociólogo, el porcentaje de no denuncias, es de un 35%. Agregó que Uruguay cuenta con 28.000 efectivos policiales, lo cual representa uno cada 118 habitantes. Sin embargo, si se excluyen en el cálculo los policías que cumplen tareas administrativas, los guarismos son de un uniformado cada 254 habitantes, estimó.

INTEGRAL. En la ceremonia de apertura del encuentro, el canciller Fernández reconoció que la violencia y la inseguridad son un problema para la sociedad uruguaya. Señaló que en América Latina hay una "mayor demanda" del aumento de la represión y de un incremento de las condenas a los delincuentes. "Para las claves pasan por la prevención (de los delitos) y la rehabilitación" de las personas remitidas, indicó. De esta forma, Fernández replicó las críticas provenientes de la oposición sobre la necesidad de aplicar políticas de "tolerancia cero" contra la delincuencia.

Según el jerarca gubernamental, las mejores medidas para combatir la inseguridad son modificar la distribución del ingreso y desarrollar políticas inclusivas destinadas a los habitantes de sectores de menores recursos. "Las políticas represivas deben ser una parte de las acciones estatales en materia de seguridad", señaló.

Una opinión similar manifestó el ministro del Interior, Jorge Bruni, quien destacó que "la prevención de los delitos es un aspecto sustancial".

Según un artículo colgado en la página web de Presidencia de la República, Bruni destacó que la instalación de la modalidad de Policía Comunitaria generó mayor confianza de la población en la fuerza policial, a la vez que se constató que en los lugares donde fue implementada hubo una reducción de los índices de delitos.

"El crimen organizado, el narcotráfico y otros males tienen carácter transnacional y son un fenómeno creciente a escala continental", advirtió ayer el secretario General de la OEA, José Insulza, tras inaugurar un seminario de técnicos en seguridad pública en Montevideo.

Según Insulza, el incremento del accionar delictivo transnacional constituye "una de las principales amenazas" para la estabilidad y el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de América Latina y el Caribe. Además de la violencia interpersonal y los delitos comunes, "las sociedades de nuestros países enfrentan el accionar del crimen organizado que se vincula con el tráfico de drogas, con los secuestros y con la venta de armas y trata de personas". La violencia y la criminalidad en general "afectan al conjunto de nuestras sociedades" y "deterioran severamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos", añadió Insulza, que instó a "asumirlo como un tema hemisférico".

El secretario de la OEA indicó que los homicidios en esta región duplican el promedio mundial y en algunos países lo quintuplican. "Algunas naciones de América Latina y el Caribe ostentan las tasas de homicidio más altas del mundo, aunque en la región solo habita el 8% de la población mundial", explicó. También indicó que en el continente latinoamericano y en el Caribe suceden el 40% de los homicidios por armas de fuego y el 66% de los secuestros que ocurren en todo el mundo. "El aumento de los homicidios está relacionado con la acción del crimen organizado", señaló.

Tras señalar que la democracia en la región pasa por momentos difíciles por lo que ocurre en Honduras, Insulza destacó la "la madurez política" de Uruguay que "sin estridencias" participa en una campaña electoral, que se destaca "por el respeto a las ideas ajenas".

35% de los delitos no son denunciados según las estimaciones que realiza el Ministerio del Interior comentadas ayer en la conferencia.

1 hay un policía ejecutivo cada 254 habitantes. Si se incluyen todos los policías (28.000) hay uno cada 118 ciudadanos

Causó sorpresa ayer a los jerarcas policiales y técnicos ministeriales de varios países latinoamericanos y caribeños que en Uruguay los suicidios y accidentes de tránsito superan en cinco veces a los homicidios. "Es un dato muy llamativo para el contexto de los países sentados en este foro", dijo el director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Rafael Paternain. Es que, explicó, en muchas de esas naciones ocurre un fenómeno inverso: los asesinatos son moneda corriente. Para el sociólogo Paternain, Uruguay deberá adoptar estrategias para combatir "esas otras violencias" no criminales, ya que las mismas "también deterioran" la calidad de vida.