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BUENOS AIRES | GUSTAVO STOK, ESPECIAL PARA EL PAÍS

El conflicto desatado entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario argentino cumplirá el jueves próximo 100 días y nada indica que esté próximo su desenlace.

El decreto presidencial del 11 de marzo pasado que estableció la suba y la movilidad de las retenciones a la soja, el maíz, el trigo y el sorgo originó una bola de nieve que en su caída ya arrastró hacia abajo la imagen positiva de la presidenta, impulsó una salida de capitales que no se registraba desde la crisis de 2001 y abrió una brecha profunda entre vastos sectores del Partido Justicialista (peronismo, en el poder) y el gobierno.

No obstante, aun con esos efectos sobre la mesa, el gobierno está decidido a no negociar la medida. De hecho, mientras aún no hay fecha para retomar el diálogo con las entidades agropecuarias, el kirch-nerismo decidió redoblar la apuesta y hacer una demostración de fuerza con una convocatoria para mañana a Plaza de Mayo. Voceros del gobierno argumentan que esta postura intransigente con el campo es una lección aprendida de anteriores crisis desatadas en Argentina. Consideran que ceder es debilitarse, y la debilidad es sinónimo de ingobernabilidad en Argentina. Utilizan como ejemplo el final anticipado de la administración de Fernando de la Rúa que detonó el estallido económico de fines de 2001.

Por el otro lado, los líderes de las cuatro entidades agropecuarias tampoco se ven con margen para dar un paso atrás. Las bases y, sobre todo, los pequeños productores rurales "autoconvocados" a las rutas desconocerían cualquier acuerdo que no incluyera un cambio en las retenciones móviles. Tienen razones para esgrimir esa dureza: sin la escala suficiente y con costos en alza, los pequeños y medianos productores verían anulada su rentabilidad de confirmarse un nivel de retenciones del 44% para la soja, el cultivo más rentable.

Entre las dos posturas rígidas, los efectos de la crisis con el campo están empezando a golpear en la base del modelo económico y político vigente desde 2002. Por entonces, el proceso de sustitución de importaciones impulsado por la devaluación del peso sacaba altos réditos de la enorme capacidad ociosa en la industria que había dejado la recesión económica. Cuando ese motor empezó a perder fuerza, tomó la posta el alza del consumo, empujada por la recuperación de los salarios y la caída de la tasa del desempleo. Así, el crecimiento de la demanda global, impulsada por tasas de interés muy negativas frente a una inflación que ronda el 25% anual, mantuvo con fuerza el crecimiento de la economía.

Pero ese esquema comenzó a dar un giro abrupto hace tres meses. La incertidumbre derivada de la crisis con el sector agropecuario impulsó una minicorrida hacia el dólar y los bancos debieron salir a ofrecer tasas más atractivos para seducir a sus clientes. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el interés promedio para grandes ahorristas subió de 10,4% anual a mediados de mayo a 18,3% un mes después, y para los minoristas saltó del 8,7% al 12,7%. El problema es que esa alza se está trasladando a los créditos al consumo y eso está enfriando el ritmo de las ventas. Eso, sumado a la alta inflación y a la mayor incertidumbre política, está desacelerando el crecimiento económico. Ya hay datos preliminares que lo evidencian: en mayo pasado la demanda de energía subió con respecto al mismo mes del año anterior solo un 3,3%, muy por debajo del 8,1% que había mostrado la comparación de mayo de 2007 con relación a 2006.

Caja única. Para el gobierno argentino, la negativa a discutir el esquema de retenciones no es solo una estrategia política. El aumento de los derechos de exportaciones es clave para financiar un gasto público que creció más de 45% en 2007 y un 38,8% en los primeros cuatro meses del año. Buena parte del gasto se destina a sostener un esquema de subsidios cruzados que demanda fondos en forma creciente. Solo en energía, el gobierno gastará este año unos US$ 4.500 millones para mantener el retraso en los precios de los combustibles y en las tarifas de gas y electricidad. A eso se le suma que es- te año vencen amortizacio- nes de la deuda pública por US$ 11.200 millones e intereses por otros US$ 4.200 millones. El calendario de pagos del año próximo será aun más pesado.

Además de su necesidad económica, la aplicación de retenciones se convirtió en los últimos años en una herramienta clave para concentrar el poder. Al no ser coparticipables, los fondos recaudados por retenciones -las proyecciones para este año son de US$ 10.200 millones- pasan a engrosar las arcas del Tesoro Nacional, no de las provincias. No solo eso: el alza de las retenciones tiene el efecto adicional de reducir aun más la recaudación provincial por los impuestos a las ganancias, que sí son coparticipables. Conclusión: hay un gobierno central cada vez más rico y provincias e intendencias cada vez más pobres. Ese cuadro provocó en los últimos años un alineamiento casi absoluto de los estados provinciales y municipales al poder central con el mero propósito de recibir los fondos para solventar sus gastos y financiar obras públicas.

Ese esquema de alineamiento es el que está comenzando a resquebrajarse. Gobernadores e intendentes peronistas del interior emprendieron en los últimos días un rápido despegue de la Casa Rosada para no perder su base electoral. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y los ex gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, Carlos Reutemann y Jorge Busti, han emitido claras señales de distanciamiento del gobierno nacional. A esa diáspora se suma el rol activo del ex presidente Néstor Kirchner. "(To-do) esto ha contribuido a generar una caída en la imagen de la Presidenta de significación en el semestre inicial del gobierno. El descenso se debe a tres causas: la pérdida del apoyo rural por el aumento de las retenciones, el debilitamiento del respaldo de los sectores populares por la inflación y el incremento del malestar de la clase media por el estilo que perciben como autoritario. A ello se sumó la evidencia de que es Kirchner quien ejerce realmente el poder, lo que contribuyó a debilitar la imagen de su esposa", dice el analista político Rosendo Fraga, titular del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Según Poliarquía Consultores, a fines de mayo solo el 26% de los argentinos tenía una imagen positiva de Cristina Kirchner, una caída de 30 puntos con relación a enero pasado.

Es un costo político alto. Aun así, la presidenta y el ex mandatario Néstor Kirchner están decididos a mantenerse inflexibles. Para plantarse en esa puja el gobierno cuenta con más de US$ 47.000 millones en reservas del BCRA -monto más que suficiente para frenar cualquier atisbo de corrida hacia el dólar- y el apoyo de los intendentes del conurbano bonaerense. Con eso, los voceros del gobierno aseguran estar en condiciones de resistir y no ceder durante el tiempo que sea necesario.

Mientras tanto, una nueva oportunidad histórica para Argentina, esta vez representada por los altos precios de los commodities agrícolas, está pasando de largo.

El conflicto con el campo dio impulso a una corrida hacia el dólar en Argentina a comienzos de mayo.

El aumento de la demanda y la menor liquidación de exportaciones por parte del agro llevaron la cotización del dólar a 3,22 pesos a mediados de mayo.

Ante esa alza, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a mostrar su poder de fuego y logró bajar el dólar a 3,05.

La jugada no resultó gratuita: desde fines de marzo, las reservas del BCRA perdieron unos US$ 2.700 millones. Según Mario Brodersohn, ex secretario de Haciendo y titular de la consultora Economética, "la crisis del sector agropecuario provocó una salida de capitales privados de US$ 1.500 millones en abril y de US$ 2.500 millones en mayo, como resultado de la evaporación del superávit externo del sector privado de unos US$ 1.000 millones mensuales y la disminución de las reservas internacionales del Banco Central en esos dos meses por US$ 2.000 millones".

En una visión más extendida, el consultor Miguel Ángel Broda calcula que entre el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008 se fugaron de Argentina US$ 19.902 millones, por encima de la salida de capitales registrada entre el segundo semestre de 2001 y el primer semestre de 2002. G.S.

Inriville es un pequeño municipio agrícola de Córdoba. De 4.300 habitantes, aportó en 2007 por retenciones unos US$ 30 millones, 24 veces el presupuesto municipal. Es uno entre miles de pequeños pueblos que sienten que el actual esquema de retenciones le quita mucho más de lo que el Estado les devuelve después. Eso explica el estado de sublevación que impera en buena parte del interior argentino, donde Fernández basó su triunfo electoral de octubre. Un ejemplo paradigmático es la ciudad de Gualeguaychú, epicentro de la protesta. Allí Cristina Kirchner obtuvo 37,5% de los votos; Elisa Carrió solo cosechó el 17,8%.

Decenas de miles de argentinos salieron anoche a las calles de Buenos Aires y de varias ciudades del país para protagonizar un nuevo cacerolazo en protesta por la falta de diálogo entre el gobierno y la agropecuaria, La convocatoria se replicó por mensaje de texto a lo largo y ancho de Argentina, en miles de teléfonos celulares y también a través de cadenas de correo electrónico. Además de Buenos Aires, hubo masivos cacerolazos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Posadas, Salta Resistencia, Mar del Plata, Mendoza, Carmen de Patagones, Bariloche y Neuquén, entre otras ciudades principales del interior. La nación / GDA