Un recluso atípico

El nigeriano Chinenye Joel Ibemere llevaba menos de un día en el país cuando fue detenido en la vía pública y procesado por intentar exportar narcóticos. Fue el 2 de octubre de 2017. Recuerda ese momento como si fuera la escena de una mala película. De acuerdo a su relato, caminaba por Ciudad Vieja cuando un móvil policial lo interceptó. Escapó porque pensó que querían secuestrarlo. Se subió a un taxi, que se detuvo apenas el chofer escuchó la voz de alto de un oficial. Tenía razones para sospechar que estaba siendo vigilado debido a su vinculación con el movimiento independentista Pueblo Indígena de Biafra, que mantiene un enfrentamiento atroz con el gobierno de Nigeria.

Parece una excusa increíble, pero un año antes de este suceso Amnistía Internacional había publicado una investigación en la que denunciaba el asesinato de 150 activistas por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas. Y unas semanas antes de que él fuera detenido en Uruguay, el ejército de su país había allanado la casa del líder del colectivo y éste había desaparecido de la esfera pública. El gobierno acusó a sus seguidores de terroristas, incluso a los que estaban fuera de África.

En los 25 meses que Ibemere lleva preso esperando una sentencia de condena que le indique qué pena deberá cumplir, siempre contó la misma historia. Asegura que llegó desde Brasil —donde se había instalado en 2014 en condición de refugiado—, por la frontera seca de Chuy. Ese mismo día viajó a Montevideo con el propósito de comunicarle al gobierno nacional la represión que vive su pueblo.

Dice que vino “en busca de apoyo político”, pero quien debía conectarlo con figuras relacionadas a la defensa de los derechos humanos lo habría traicionado y terminó envuelto en un asunto de drogas.

Él sostiene que es inocente. Argumenta que fue obligado por unos uruguayos enviados por su contacto brasileño (el mismo que le habría prometido a ayudarlo) a llevar unos paquetes a distintas empresas de correspondencia desconociendo su contenido ilícito.

Ni el juez ni la fiscal creyeron en su declaración. La explicación les pareció “inverosímil” y “absurda” viniendo de un indagado que “impresiona por su muy buen nivel intelectual”. Dijo ser estudiante de administración de empresas en San Pablo, y se ganaba la vida enseñando inglés y desarrollando proyectos culturales. “No podía ignorar lo harto sospechosa de la operación que le habrían pedido hacer”, figura en el expediente.

Ibemere había cruzado la frontera con un documento falso (que le había dado el brasileño que quería ayudarlo), y con esa identidad intentó enviar al exterior encomiendas con sábanas, cortinas y camisas que en el interior de su empaquetado contenían un polvo blanco. Iban dirigidas a distintos países asiáticos.

Al empleado de una de las empresas de correspondencia le pareció poco creíble que un extranjero pagara un costo tan elevado (US$ 212) para enviar mercadería insignificante, y avisó a la Policía.

El paquete incautado que lo llevó a prisión tenía 305 gramos de cocaína. Pero todavía falta precisar el grado de pureza de la misma; resta confirmar si hubo más envíos por el Aeropuerto Internacional de Carrasco; si esa era la primera vez que Ibemere ingresaba al país y si el documento brasileño era apócrifo.

Esta prueba se espera desde hace más de dos años, confirma una fuente judicial. Hasta que no llegue la pericia que el Instituto Técnico Forense debe hacer sobre la droga, para así determinar el grado de pureza, la jueza Ana Claudia Ruibal no puede decidir si aplicará la ley común de estupefacientes —cuya pena mínima es de 20 meses— o la ley de pasta base —que es de tres años.

Hasta ese momento el expediente seguirá paralizado porque no tiene aún una acusación fiscal que la defensa pueda responder, y que luego derive en una sentencia de condena, que será revisada por un tribunal hasta llegar a la sentencia firme. Esa etapa del proceso pueden insumir un año más.

Recién entonces Ibemere podrá descontar el tiempo que lleva en prisión preventiva y pedir la libertad.A pesar de que su historia parece única, su drama no es nada excepcional entre los reclusos atrapados en la estructura del viejo Código del Proceso Penal.

Es un sábado soleado en San José. La cárcel de Juan Soler se va llenando de visitas. Los funcionarios tramitan los ingresos mientras comen pizza hecha por los presos. En la fila esperan madres, novias, esposas, hijos, hermanos. A Ibemere le corresponde este beneficio los domingos, pero los operadores penitenciarios acuerdan entre sí y hacen una excepción. Dicen:

—Podés pasar porque a él nunca nadie viene a verlo.

Sentado en la única mesa sin mantel, sin comida y sin familiares, Ibemere espera. Tiene 39 años. Es altivo, rígido, educado. Estira la mano a modo de saludo y mira directamente a los ojos. Suelta:

—Nunca creí que vendría. Tengo muchas cosas para contarle. Usted pregunte.

Ibemere habla inglés y portugués. Su desconocimiento del español y un carácter reservado lo hacen un preso solitario. Antes de este encuentro, en comunicaciones previas por Twitter y por WhatsApp, escribió: “Podría estar para siempre aquí y nadie puede hacer nada al respecto. Fui arrojado a una prisión y olvidado”.

Desde la dirección de la unidad opinan que tiene un “perfil atípico”. Cambió tres veces de abogado, les envió cartas a la fiscal y a la jueza, hizo que la subdirectora se comunicara con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y, por estos días, insiste para que algún funcionario de Juan Soler visite programas de radio para contar su historia.

“Tiene un nivel de demanda que pocas veces hemos visto, porque él quiere saber por qué no se lo acusó todavía y se le dice qué pena tiene que cumplir. No se convence de que lo que le sucede es un problema del sistema judicial y no de los operadores que lo integramos”, dice una referente penitenciaria.

Por 25 días de distancia el caso de Ibemere quedó aferrado al sistema inquisitivo, regulado por el código de 1980 que fue modificado radicalmente el 1° de noviembre de 2017, con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados y ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, considera que este tipo de historias sirven para apreciar la calidad del nuevo CPP. “Una demora de dos años en la cárcel a la espera de una condena no era inusual. Tampoco de tres años, o de cuatro”, advierte.

El CPP se propuso combatir el problema histórico de los presos sin condena reduciendo el uso compulsivo de la prisión preventiva, que generaba extensas estadías en prisión a la espera de una pena que luego terminaba sin cumplirse debidamente, ya que los defensores podían recurrir a distintos institutos que otorgaban la libertad.

El objetivo se alcanzó, sobre todo debido al altísimo número de procesos abreviados acordados entre defensores y fiscales. En los casos de delitos leves, a cambio de una confesión, se rebaja la pena, que efectivamente se debe cumplir. Según los últimos datos difundidos por la Fiscalía, a dos años de funcionamiento del CPP, los presos sin condena pasaron de 69,8% a 34,2%.

Ahora, solo uno de cada tres privados de libertad no sabe hasta cuándo estará encerrado. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Rehabilitación habría 2.189 personas en esta situación, de un total de 11.193 presos.

Sin embargo, en las unidades el problema es que conviven los que llevan tiempo presos y no saben cuándo saldrán (código de 1980), con los que ya entraron sabiéndolo en apenas 48 horas (CPP). “Esto está generando una falta de comprensión de las penas entre las personas recluidas”, dice Gabriela Fossati, fiscal que trabaja con el código viejo.

“La incertidumbre de los presos es causa de inestabilidad y angustia. Y esta inestabilidad se traslada a terceros: familiares, funcionarios y otros internos. Si una persona no tiene un proyecto de vida se desestructura y cae en violencia o en depresión, o en ambas cosas”, opina el comisionado Juan Miguel Petit sobre la gravedad de estas situaciones que perduran.

En África Ibermere tenía una granja en la que criaba gallinas junto a su esposa, y vendía repuestos de autos. En febrero de 2014 su esposa y su hija fueron asesinadas durante un conflicto entre etnias por cuestiones religiosas. Estaban solas en el hogar mientras él había viajado a un pueblo contiguo. Desahuciado, se trasladó a Brasil. “Necesitaba limpiar mi mente”, dice.

No tenía un plan. Llegó a Río de Janeiro y pasó dos meses encerrado en la habitación de un hotel. Estaba deprimido y algunos días se olvidaba de comer. Allí conoció a otro africano que le aconsejó trasladarse a San Pablo, porque ahí había más nigerianos activistas por la independencia de Biafra. Y entonces, cuenta, se abrazó a esa causa. “Pensé que era una manera de vengar el asesinato de mi familia”.

En San Pablo hizo amigos que lo vincularon con la ONG Caritas, que le brindó atención psicológica y psiquiátrica. Estudio portugués y administración. Consiguió trabajo como desarrollador de proyectos culturales —información que figura en una publicación del Diario Oficial de San Pablo— y enseñaba inglés. Cuando lo detuvieron, tenía en su billetera tarjetas personales que lo identificaban como docente.

En 2017, ante el recrudecimiento del enfrentamiento en Nigeria, decidió viajar a Argentina y a Uruguay para difundir la represión que estaba cometiendo el gobierno de su país.

—Quería formar una división de este grupo en Montevideo porque aquí no hay una embajada nigeriana y sabía que era un país defensor de los derechos humanos. Pero no tenía aún mi documento brasileño para ingresar, así que conocí a alguien que se ofreció a darme uno. Sé que estuve mal en aceptarlo. Tenía dinero para quedarme solo una semana y volver a Brasil. Pero apenas llegué al hotel mi contacto me pidió que le hiciera unos favores. Eso fue lo que pasó.

Una fuente judicial que investiga el caso dice que por más que parezca una maniobra ingenua, en los juzgados han visto de todo. “¿No salió un contenedor lleno de bolsos deportivos con cocaína?”, plantea. Y agrega: “No es lo mismo que te agarren vendiendo droga en la calle que preparar una encomienda para mandarla al exterior, y además usando una identidad falsa. Este no es un tipo de caso común para nosotros, es complejo y por eso requiere que llegue la prueba pedida para avanzar”.

Distintos defensores, fiscales y jueces entrevistados para este informe coinciden en que los expedientes del código de 1980 que siguen pendientes son los de delitos más graves. “La propia estructura del sistema inquisitivo hace que el proceso sea más lento”, opina el abogado Juan Williman. Pero también hay otros factores que podrían estar enlenteciendo su resolución. Entre ellos, los cambios que provocó la propia implementación del CPP sin el presupuesto requerido para hacerlo correctamente.

Por ejemplo, sucedió lo siguiente.

Eran 20 los jueces penales en Montevideo, pero para poner en marcha al CPP se destinaron 12 para el código nuevo y quedaron ocho trabajando con los casos del código viejo. Los expedientes fueron redistribuidos. Según narran varios magistrados, esto duplicó su trabajo. Aproximadamente 2.000 expedientes nuevos llegaron al despacho de cada juez, y tuvieron que revisarlos uno por uno para ponerse al día con el trabajo ajeno.

Lo mismo pasó en Fiscalía: los cuatro titulares que permanecen con el régimen antiguo tuvieron que estudiar casos que hasta ahora desconocían. La fiscal Fossati cuenta que en este período llegó a enterarse de que un caso era suyo porque su nombre salía asociado en la prensa, o porque se presentaba un abogado, o porque recibía una noticia del juzgado.

Por eso expedientes como el de Ibemere cambiaron de juez y de fiscal más de una vez.

Los defensores que siguen vinculados al código de 1980, en tanto, son cuatro. Verónica Acuña, directora de la Defensoría Penal, reconoce que es una especie de lastre que todavía no han podido sacarse de arriba. A los expedientes que siguen su curso se les suman nuevos que llegan a diario, de personas que habían sido requeridas antes del 1° de noviembre de 2017 y recién ahora aparecen, cuenta. “La perspectiva que había era que se iba a lograr un número importante de archivos, pero vemos que la tendencia no es esa; por el contrario, los casos se instruyen y se investigan”.

En el interior del país, en la mayoría de los departamentos hay juzgados diferenciados; pero esto no sucede en las fiscalías. Solo Las Piedras, Maldonado y Ciudad de la Costa tienen fiscalías abocadas al código anterior; en el resto son los mismos fiscales multimateria que además se encargan de estos expedientes. “Donde hay más atraso con el código viejo es donde no hay especialidad, porque los fiscales terminan priorizando los casos nuevos, que logran mayor publicidad debido a que el sistema es transparente y las víctimas tienen otro protagonismo y pueden consultar al fiscal para seguir su caso de cerca. En cambio, en los otros expedientes ya hay un procesado y lo que falta es la acusación, entonces se demora”, dice William Rosa, secretario de la Asociación de Fiscales del Uruguay.

Un rumor que circuló tiempo atrás sostenía que había fiscales que demoraban los trámites para evitar así pasar al sistema acusatorio, que tiene fama de sobrexigir a sus operadores, además de que el pasaje implica incorporar reglas completamente nuevas. “Se decía que algunos forzaban así llegar a su jubilación sin salir de su zona de confort”, dice una fuente.

Otra de las situaciones que contribuye a la larga espera es la oposición de fiscales a aceptar solicitudes de la defensa de recurrir a instrumentos del CPP para finalizar estos expedientes —que está previsto en la norma—, como el proceso abreviado y los acuerdos reparatorios. Consultados al respecto, el penalista Williman y el defensor Martín Fernández coinciden al explicar que algunos se oponen porque consideran que tienen prueba reunida como para avanzar en el juicio, mientras que otros no comparten el uso de estos instrumentos y por eso los rechazan.

¿Y ahora? Lo peor ya habría pasado. De acuerdo a un sondeo que el magistrado Reyes realizó para este informe, sus colegas sienten que no se vive el congestionamiento de unos meses atrás. En esto ayudó una acordada que emitió la Suprema Corte de Justicia en diciembre pasado, ordenando el archivo de expedientes en etapa de presumario con indagados sin antecedentes y delitos leves, cuya eventual sentencia no desembocaría en una pena de penitenciaría. Esto, confirmaron algunos magistrados, habría reducido un 25% del volumen atrasado.

Aunque estos funcionarios no se consideran desbordados, el despacho que sigue el caso de Ibemere tiene 400 expedientes.

Jorge Chediak, ministro de la Corte hasta hace dos meses, reconoce que existe “una lentitud para culminar los procesos en relación a los tiempos que se habían estimado como necesarios”. De acuerdo al cronograma que había elaborado la Corte, se había previsto suprimir al menos tres juzgados del código de 1980 transcurridos dos años del CPP, pero la realidad permitió que recién unas semanas atrás solo dos pudieran ser convertidos en juzgados de familia especializados en violencia doméstica. Cada uno de los seis jueces que conservan causas penales del viejo código recibieron unos 50 nuevos expedientes.

En la última semana dos abogados distintos solicitaron la libertad por excarcelación provisional de Ibemere, y las dos veces les fue negada. “No hasta tener la pericia del Instituto Técnico Forense (ITF), por lo menos”, advierte uno de los investigadores, pero asegura que este es uno de los tres expedientes que tienen prioridad absoluta.

¿Por qué demora tanto el ITF? La misma persona presume que puede haberse traspapelado el oficio entre tantas peticiones, o que se atrasó debido a la saturación que tiene este organismo, que atiende a los dos códigos en simultáneo.

Mientras tanto, en la cárcel de Juan Soler Ibemere intenta olvidar su pasaje por el Comcar y el Penal de Libertad. Los 120 hombres que están allí tienen permitido usar celulares. Trabajan y estudian. Los extranjeros pueden llamar dos veces por mes al exterior y mantener conversaciones de hasta tres minutos. Alguna que otra vez él llama a su madre.

Solicitó permiso para dedicarse al estudio online del blockchain, la tecnología que está detrás del funcionamiento de las criptomonedas. Lleva meses instruyéndose y quiere aplicarlo para crear cédulas de identidad para sus compatriotas, porque hasta ahora no las tienen, cuenta.

Todavía no lo autorizaron.

—Puedo hacer algo más importante que cortar el pasto, porque yo quiero volver a mi país, pero empoderado.

Hay otros seis africanos presos en Uruguay. “Todos cometieron delitos de narcotráfico, todos dicen ser inocentes, pero ninguno se comporta como Ibemere”, opina Luisa Cassalet, coordinadora del área étnico racial del Ministerio del Interior. Cree que en su historia “algo de verdad debe haber”, o podría ser “un piso” que necesitó construirse para sobrevivir al encierro. Por ahora, cuánto de cierto hay en sus relatos sigue siendo un enigma.