EL MOMENTO DE LAS VÍCTIMAS

Eran invisibles, pero el nuevo Código del Proceso Penal quiere que las víctimas se relacionen con los fiscales y aporten pruebas. Por eso les otorgó derechos. Sin embargo, aún son pocas las que deciden seguir hasta el final. Una de ellas es la madre de Brissa González.

Treinta y cinco tragedias gritan desde una pared. Esto es una sala de emergencias. Pero aquí no hay olor a alcohol rectificado, huele a incienso. No hay camillas, sino escritorios con caramelos. No hay médicos; a este lugar lo dirige una madre que carga con la muerte de su hijo en la mirada, y dice: "Acá la gente viene y tratamos de vendarle todo lo que podemos. Acá le damos luz".

Graciela Barrera, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), posa para una foto de espaldas a la pared que sostiene los rostros de estos hijos, padres y hermanos asesinados durante un acto de violencia. Este espacio, que creó seis años atrás junto a otras dos familias que perdieron a sus hijos, se convirtió en un refugio para las víctimas de un delito. El amparo que no existía cuando a ellos les pasó lo peor. "Nadie se preocupó, nadie nos ayudó. Nos conocimos en marchas y en los pasillos del Palacio Legislativo, porque en estas situaciones buscás por todos lados".

Por eso, debajo de las 35 imágenes están escritas las fechas que cambiaron las vidas de cada una de esas familias. La de Barrera dio un vuelco el 14 de enero de 2009, cuando a su hijo Alejandro Novo lo mataron durante una rapiña. Todavía no se sabe quién es el asesino.

Las primeras fotos están impresas con cuidado, pero las últimas están agregadas a un costado, como si nadie hubiera imaginado que haría falta tanto espacio más.

—Después dijimos ya no ponemos más. No había casi lugar en la pared y además nos parecía muy triste —dice Barrera. Y queda en silencio.

En uno de los consultorios, la hermana de Brissa González charla con su psicóloga, una de los cuatro terapeutas que atienden de forma voluntaria, como todos los que se acercan a Asfavide. Se abre la puerta y la niña corre hacia su madre.

—¿Se portó bien? ¿Te dijo algo de la escuela? —pregunta su mamá. Cuenta que van a ir a visitar el hibisco que los compañeros plantaron en la escuela para Brissa.

—Cuando me entero de todo, una asistente social de la Fiscalía me habló de esta asociación. Yo ya la conocía porque había visto a Graciela varias veces en la televisión. Podés ir, me dijeron. Y mi experiencia acá es que esto es como mi segunda casa —dice.

Como los de Barrera, sus ojos también cargan un dolor que intimida. Pero estas madres siguen adelante. Barrera dice que se propuso buscar un cambio en el rol de las víctimas "para que dejaran de ser olvidadas". A la madre de Brissa la sostiene el juicio, que ocurrirá en abril o mayo, y en el que espera que el imputado reciba la pena máxima de 45 años.

—Desde el momento en que supe que tenía que ir a la morgue no vi otra cosa que el juicio. Mi proceso personal es diferente. Capaz que vos te pensás qué aguante, no siente nada. No. Solo yo sé lo que siento, y solo yo sé lo que tengo que hacer, porque sé que el juicio de mi hija va a ser muy importante para este país.

El asesinato de Brissa es de los primeros que tienen un proceso penal en el sistema acusatorio, que empezó a regir el 1° de noviembre de 2017. Uno de los cambios esenciales del nuevo código es la inclusión de las víctimas en el proceso. Luego de décadas de sentirse "usadas" por un procedimiento que "las hacía a un lado" y "no les daba información", cuenta Barrera, por fin dejaron de ser invisibles y tendrán una voz. Para el fiscal de Corte, Jorge Díaz, las víctimas deben ser "las principales aliadas del fiscal", y por eso hay que acompañarlas y protegerlas. Pero si bien los derechos están sobre la mesa, ¿cuántos conocen su potencialidad?

Los asesinatos de Alejandro y Brissa son dos caras de una misma moneda. El delito del primero ocurrió bajo el viejo Código de Proceso Penal, que excluía a las víctimas. El juez se negó a recibir a Barrera y a su marido porque no tenían abogado. Y a pesar de esperar durante horas en las salas de espera de los juzgados, no accedían a la información. El homicidio de Brissa sucedió pocas semanas después de la reforma del código. Ahora, los fiscales —que son quienes guían la investigación— tienen la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas y testigos de un delito.

Por eso la mamá de Brissa cuenta que tiene "contacto permanente" con el fiscal de Homicidios Juan Gómez.

Desde el año pasado, parte del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho atiende en Asfavide. Juan Williman, uno de los abogados titulares —y defensor de la familia de Brissa—, cuenta que en 2017 un equipo de nueve abogados trabajó en 80 casos. El próximo 8 de marzo, cuando se retome el servicio, serán 30 los estudiantes a punto de recibirse que harán allí sus prácticas penales. ¿Por qué tantos? "Porque el cambio de la situación procesal de la víctima es histórico", explica. "Vivían en una revictimización", dice.

Para Verónica Acuña, directora de la Defensoría Pública, las víctimas eran "como almas errantes". Así se siente todavía Angélica, que perdió a su hermano hace dos años y aún llora cuando recuerda lo que sucedió luego del asesinato. Angélica se enteró del homicidio porque le enviaron un link del sitio Pica TV, con el video del cadáver que había filmado y compartido un policía. Sus padres supieron por el informativo. La placa debajo de la noticia decía que el hombre de 48 años había sido asesinado en un ajuste de cuentas, información que según ella "es falsa".

Los dos homicidas identificados por los testigos pasaron dos semanas en libertad, circulando en moto frente a su casa, pero los patrulleros no podían detenerlos "porque la orden del juez estaba demorada". Desesperada, fue al juzgado. "Pero me echaron a las patadas porque me decían que yo no tenía derechos". Finalmente, se enteró de que uno de los asesinos fue detenido, pero desconoce la sentencia. "¿Sabés cómo me entero de las novedades?", cuenta, "porque la familia de uno de los asesinos me pone al tanto".

Para erradicar estas historias, el rol de las víctimas cambió. Ahora los fiscales están obligados a darles información. Les deben, según el reglamento, un trato respetuoso. Pueden formar parte del proceso penal y acceder a un abogado defensor: hasta dos si se trata de un homicidio. Pueden solicitar que se desarchive un caso y si un fiscal se niega, pedir la actuación de un fiscal subrogante. Tienen la posibilidad de presentar pruebas sin que sean rechazadas —como solía pasar— y pedir el embargo de los bienes del imputado para una reparación económica.

Si las víctimas no pueden pagar un abogado, tienen a su disposición los equipos letrados de Asfavide y de la Defensoría, donde hay tres abogados que únicamente trabajan con víctimas, es decir, "jamás va a pasar que los atienda el defensor de algún imputado", señala Acuña. Las víctimas que decidan ser parte del proceso reciben la contención y asesoramiento de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que realiza un acompañamiento etapa por etapa, hasta llegar al juicio.

Barrera dice que cuando pisó esta oficina se le puso la piel de gallina: "Fue ver esa contención que habíamos deseado".

Pero, ¿se sabe que existen estos derechos? La abogada Acuña dice que en estos tres meses de vida que tiene el nuevo código, "la demanda no ha sido la esperada y que se participa poco". Williman coincide: "Las personas todavía no saben que están". Para difundirlos, la Unidad de Víctimas y Testigos está recorriendo el país protagonizando distintas actividades junto a otras organizaciones. También incide que cada una de las fiscalías es un universo diferente. Una fuente cuenta que el área de Delitos Económicos y Complejos recibe consultas telefónicas de víctimas y sus abogados cada 10 minutos.

Cuando ocurre un delito, el fiscal avisa a la unidad y se planifica un trabajo en equipo. Otras veces puede intervenir el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid) del Ministerio del Interior, antecedente del área que creó la Fiscalía, y que todavía sigue activo. Allí reciben a víctimas que no serán parte del proceso penal —por ejemplo, porque se detuvo al culpable en el lugar de los hechos— y a otras que llegan recomendadas —cuando un delito afecta a la persona agredida pero tampoco conlleva un procedimiento—, explica Gabriela Maidana, su directora.

Primero se brinda "atención en crisis", asistiendo presencialmente o llamando a la víctima y planteándole la posibilidad de entrevistarse con los psicólogos, en el caso del Cavid, y de realizar un acompañamiento a lo largo de todo el proceso penal, en el caso de esta unidad.

Mariela Solari diseñó y dirige el funcionamiento de la unidad. Junto a ella trabajan dos psicólogos, una abogada y cinco asistentes sociales. Para las próximas semanas se espera el ingreso de otros 28 recursos para extender la presencia permanente al interior del país. Aunque recibe a las víctimas de todos los delitos penales, la oficina brinda especial atención a la población más vulnerable: niños, adolescentes, inmigrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de abuso de poder y violencia.

Así explica Solari la importancia de la contención que brinda su equipo: "Para la víctima este es un mundo incomprensible. El lenguaje puede resultarle confuso y debe tratar con operadores que están acostumbrados a la intensidad de la violencia. Por eso, este nuevo derecho genera en los funcionarios de la justicia tener otras habilidades, otros tiempos y otras escuchas que no siempre estaban".

Gómez, el fiscal de homicidios, el mismo que lleva el caso de Brissa, dice que recibió a víctimas que aportaron pruebas, otras que quieren saber los avances de la investigación y que hay quienes deciden participar en los juicios. El relacionamiento, asegura, "es directo y constante".

—¿Cómo influye esto en su trabajo?

—Yo diría que lo está humanizando.

La familia de Brissa es una de las que decidió ser parte del proceso. Hace apenas dos semanas su mamá asistió a una audiencia y estuvo "a un metro y medio" del imputado, "sin seguridad, porque no tenía esposas", cuenta.

—La unidad, el fiscal y mis abogados me prepararon para ese momento, me explicaron cómo iba a ser, quiénes iban a hablar, dónde iba a estar yo —cuenta.

—¿Por qué quiso ir?

—Porque el nuevo código te da libre tránsito para ser parte del proceso. Tenés derecho a todo. Yo diría que demasiado.

—¿Demasiado?

—En mi casa tengo el expediente de mi hija. Y vi todas las fotos. Leí los informes forenses. La gente no sabe todo lo que pasó y yo no lo quiero contar. Cuando estábamos en la audiencia el hombre no me miraba. Le hacían preguntas y él contestaba rápido, con poca información. Yo no sé si no habrá sido contraproducente ir, pero siento que tengo que estar hasta el final en el juicio, porque es lo que mi hija me pide.

Williman, su abogado, explica que para entregar el expediente se suele pedir una opinión psiquiátrica, y que participar en la audiencia de prueba anticipada, como hizo la mamá de Brissa, es "una decisión personalísima". Lejos de creer que pudo haber perjudicado las declaraciones del imputado, opina: "En todo caso presionó para hacerlo declarar mucho menos cómodo de lo que él pensaba que iba a estar".

Cecilia Cappozzoli es una de las asistentes sociales de la unidad. Explica que antes de contactar a las víctimas intenta tener "dos o tres datos de lo que sucedió". El primer paso siempre es escuchar para poder orientarlas tanto en las cuestiones más dolorosas —comunicarle a un familiar el fallecimiento de un ser querido, por ejemplo—, como en las más prácticas. La tarea de la unidad es tejer un entramado de redes.

Se trata de coordinar acciones entre la víctima y los encargados de la investigación, pero también con su prestador de salud o instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, el Instituto del Niño y del Adolescente, para evitarle burocracia. Incluso, asesora en cómo reclamar la pensión para víctimas de delitos violentos que otorga el Banco de Previsión Social (BPS). "Este es un trabajo muy demandante, exige tomar decisiones rápidas y estar cada minuto en contacto con el dolor", describe Solari.

—¿Cuál es la particularidad de trabajar con este tipo de vulnerabilidad?

—Que las víctimas a veces buscan una respuesta que no está, y es que quieren que no haya sucedido lo que sucedió. Es muy innovador pero también difícil en un ambiente jurídico poder conectar con todo esto para que sean capaces de defender sus derechos.

Es que "una víctima que fue bien tratada va a poder aportar un montón de datos para esclarecer el hecho", dice Solari. Y en esto está de acuerdo Carina, que perdió a su hijo el año pasado y durante siete meses recorrió comisarías ofreciendo pruebas de las amenazas de muerte que él había recibido por parte de su cuñado, quien terminó matándolo. Nadie la escuchó, hasta que un abogado de Asfavide logró que la recibieran. La información que aportó terminó resolviendo el caso.

Todas estas acciones apuntan a que "la víctima recupere la seguridad para poder ejercer sus derechos", explica Maidana, desde el Cavid. Por eso, este servicio del Ministerio del Interior está entrenando a la Policía en cómo asistir a una víctima, materia que desde este año forma parte de la currícula. También ofrece cursos para empresas que quieran preparar a sus empleados a manejar situaciones de violencia.

Mientras las víctimas comienzan a ser incorporadas por el sistema judicial, Solari espera que se concrete la creación de un gabinete de atención y protección a víctimas y testigos, para formalizar los protocolos que hasta ahora se llevan adelante como "buenas prácticas", por ejemplo cuando se llama a un centro de salud para pedir una hora con un especialista y se le ahorra a la víctima el tiempo de espera.

También pretende discutir allí nuevas y mejores protecciones para los testigos. "Son personas que quedan tan afectadas como las víctimas, pero muchas veces sienten temor. Si bien los fiscales les explican las medidas de protección, si no son contenidos es difícil que quieran declarar", cuenta.

Por otro lado, desde la Defensoría, Acuña apunta que le gustaría que las víctimas tuvieran su propia institucionalidad: "Que el Estado despliegue una política pública en esta temática, que permita englobar todas sus partes en un mismo sitio". El abogado Williman plantea si no habría que ampliar la pensión especial que otorga el BPS —a los familiares de los asesinados en una rapiña y a los que quedan inhabilitados para trabajar— a los homicidios simples y a las tentativas que dejaron secuelas.

Barrera, desde Asfavide, quiere llegar al interior del país, donde todos los servicios están presentes "pero a medias". Y Maidana cree que deberían tomarse medidas para evitar la revictimización en redes sociales. "Recibo a muchas personas que están igual de afectadas por las repercusiones mediáticas de su pérdida como por el hecho violento. Porque yo te pregunto, ¿alguien sabe lo que pasó con las familias de los casos que más resonaron unos meses atrás?", plantea.

Quizá esto tenga que ver con una certeza que tanto molesta a Barrera.

—Yo creo que la sociedad no quiere realmente llegar al dolor de la víctima.

—¿Por qué no?

—Porque uno ve la noticia y es algo que le pasa a otro. Y no es así. Vos te podés dar vuelta y ser una víctima. Nosotros no somos ninguna elite especial.

Mamá de Brissa

Decidida a ser parte del proceso penal.

—¿Cómo viene siendo su experiencia en el proceso penal?

—No sé si sabés, pero yo tuve una audiencia en la que el asesino de mi hija estaba a un metro y medio de mí, sin seguridad. Estaba sin las esposas, frente a mí. Y mi trabajo con los psicólogos y asistentes sociales fue prepararme para ese momento.

—¿Por qué fue a la audiencia?

—Porque la ley me lo permite.

—¿Tiene contacto con el fiscal?

—El fiscal Gómez desde un principio se portó muy bien conmigo. Desde el principio fue varias veces a mi casa. Yo veía algo en la televisión, lo llamaba y él venía enseguida. Le conté que tengo el expediente en mi casa y que vi las fotos, entonces le dije que quería saber cómo iba a ser todo.

—¿Y qué le dijo?

—Me dijo que tenía que estar preparada. Que él me iba a explicar todo. Que me iban a hacer preguntas. Me dijo que iba a tener que mostrar algunas fotos en una pantalla, supongo que para demostrar la violencia que se ejerció. Yo sé que este va a ser el primer juicio de este tipo y por eso va a llamar la atención.

—¿Le preocupa que desconocidos presencien el juicio?

—No, esto va a salir igual. Yo creo que nuestra sociedad no necesita saber todo lo que sucedió. Porque el hecho puntual ya genera mucha indignación. Y me parece que el mal uso de esa información no ayuda, sino que actúa en contra. Por eso es que en la audiencia no me tiré arriba de él y no le di con lo que tuviera a mano.

—¿Cómo se contuvo?

—Porque tengo un proceso por delante y no puedo ir presa. Yo no puedo dejar de entrar a esa sala porque si eso pasa mi hija va a perder a la última persona que puede defenderla. A mí ya me advirtió Gómez que la defensa va a ser aguerrida. De lo que sí tengo esperanzas es de que me toque una jueza mujer.

—¿Por qué mujer?

—Porque es mujer. Es una madre. Pero igual, sea quien sea, si no le dan la pena que se merece es porque algo falló, porque tenemos todas las pruebas.

—¿Cómo es su relación con la Unidad de Víctimas y Testigos?

—Me llevaron a todos lados. Yo andaba en Marindia buscando a mi hija y me llama el fiscal para decirme que iban a hacer un perfil, porque no la encontraban. Eran las 13:30 horas. Me dijo, este hombre no habla, tiene una maldad inimaginable. Me dijo eso y me acordé de sus palabras cuando lo vi. Le dije al fiscal: yo sé que mi hija está muerta, porque lo siento así, pero usted la va a encontrar y su cuerpo va a hablar. Una hora después le avisaron que habían encontrado el cuerpo. Yo estaba con él.

—¿Quién la acompañó?

—Entraron dos asistentes sociales y yo les dije: no me toquen porque rompo todos los vidrios. Y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿A dónde vamos? Mi pareja no atendía y yo quería llegar a mi casa antes de que la noticia llegara a mi casa, pero había cuatro televisores prendidos y mi hija de seis años se enteró por el informativo. Mi madre, mi prima, todos por el informativo. Todos gritaban, así que les dije a las asistentes que me llevaran a la casa de mi mejor amiga. Llegué, me bañé, me consiguieron ropa y me acompañaron a la morgue. Tenía a una asistente agarrándome cada una de las manos. Yo estaba helada.

—¿La ayudaron a saber qué pasos debía dar?

—En ningún momento me sentí sola. Yo en Asfavide me siento muy bien. Si viviera cerca vendría todos los días. Y después de que termine el juicio quiero seguir viniendo, quiero ayudar a otros que pasen por lo mismo que yo. Porque a mí me escribe mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que sufre la pérdida de un hijo. Para mí es más fácil pensar en mi hija que en todo lo que pasó.

—¿Le hace bien participar del proceso penal?

—Sí. Yo cerré el puzzle que tenía en mi cabeza. Y ahora mi cabeza está dividida en puertas. En una está ese expediente. En otra la gente de acá, que me ayuda. En otra está mi vida con Brissa. Yo abro la puerta que necesito. Y está mi hoy, cómo vivo el hoy. En Asfavide me van a ayudar a estudiar y a conseguir un trabajo.

—¿Cómo espera el juicio?

—Tengo miedo de la defensa. Yo no tengo miedo de lo que voy a escuchar porque ya sé todo. Pero no lo cuento porque no quiero desatar una furia social porque hoy creo en la justicia. Porque si mi hija no tiene justicia, ¿qué queda para los otros?