HISTORIAS DE FAMA Y OLVIDO

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José Luis Pérez Montes de Oca

espera hace días esa ansiada llamada que le confirme que sí, que por fin podrá empezar a cobrar la pensión graciable. No es mucho, pero esos 19.480 pesos pueden convertirse en un regalo invalorable para este músico uruguayo que giró por el mundo durante años y que hoy, instalado en el barrio de siempre en la apacible calle montevideana Famaillá, no tiene los ahorros suficientes para poder vivir en forma digna. Su historia es parecida a la de muchos otros artistas o deportistas uruguayos que deben tocar la puerta y pedirle ayuda al Estado.

—Ya vi ahí en internet que aprobaron la pensión pero todavía no me han dicho la palabra final —dice Pérez, de 69 años, en un alto en la jornada de grabación de su nuevo disco—. Cuanto antes venga esa platita mejor… Bien merecida tengo la ayuda. Mirá que he llevado a Uruguay al mundo, con el candombe y la batería.

De voz algo ronca y risa fácil, Pérez cuenta que tocar candombe con la batería exige coordinación y estudio. Y entonces, sin que nadie se lo pida, enumera los puntos altos de su currículum. Dice que publicó el libro Dimensiones angulares: la rítmica del candombe (“no es para principiantes, está en Berklee y en la universidad en Suecia”, aclara). Que tocó con el pianista Tommy Eyre y en la banda Ritual con Freddy Ramos. Que en 1994 hizo un disco homenaje a Eduardo Mateo donde participan “músicos de Frank Zappa”. Que también tocó con la cantante estadounidense Donna Summer y con el legendario percusionista Tito Puente en Nueva York.

—Te puedo contar mil artistas pero es cierto que tuve que gastar mucha guita porque para andar con esos personajes hay que tener independencia material —relata Pérez—. Mirá en YouTube y poné “baterista José Luis Pérez”. Vas a ver todos los trabajos que tengo.

Entonces se ríe, como con resignación.

—Gastás, gastás y en un momento quedé en cero. Vida de músico, ¿que querés que haga? No reniego de nada.

Y se ríe otra vez. Fuerte.

¿Cómo pidió la ayuda? Se enteró de las pensiones graciables, juntó todo su material y lo presentó al Ministerio de Educación y Cultura. En una carta firmada en mayo de 2019, dice que cuenta con “los méritos suficientes para aspirar a este beneficio; por tener una larga trayectoria y reconocimientos en el campo de la música y en la enseñanza del instrumento (la batería)”. También dejó 21 discos, casetes o videos. La nota estaba dirigida a la comisión permanente de tratamiento de pensiones graciables, que estudia cada solicitud e integran representantes de los ministerios de Educación y Cultura, Economía y Trabajo, además del Banco de Previsión Social (BPS) y la Secretaría Nacional del Deporte.

De eso ya pasaron más de dos años y el proceso está cerca de culminar con éxito: la suya es una de las seis pensiones graciables que el Parlamento sancionó entre julio y agosto, luego de un proceso que en algunos casos llevó largos meses y en otros varios años. Se trata de ayudas del Estado a figuras que se considera que brindaron “grandes servicios a la República”, se destacaron en áreas como el arte, el deporte o la cultura y hoy están en “situación de notoria necesidad económica”, según dice la ley 16.301 de 1992, aprobada durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Lo mismo para los cónyuges y familiares directos (hijos o padres). Aquella ley reguló un histórico beneficio que se arrastra desde los orígenes mismos del país y que, de hecho, aparece mencionado en la Constitución de 1830.

Las otras cinco pensiones aprobadas a mediados de este año (y cuyas leyes ya fueron promulgadas por el presidente Luis Lacalle Pou) son para la cantante de tango Marlene Otero, el nadador y músico Carlos Daniel Araújo, Teresa Rivero (viuda del futbolista José Walter Roque Méndez, campeón sudamericano de fútbol en la década de 1950), Jorge Raúl Díaz Figueroa (integrante del cuerpo técnico de la selección de fútbol campeona de América en 1987) y el levantador de potencia Luis Alberto Vázquez (ver detalle al final de esta nota).

Y, además, tiene media sanción el proyecto para darle una pensión graciable a Graciela Elena Barbitta, la pareja del histórico humorista Roberto Capablanca, fallecido en 2013. Ella espera desde hace seis años. En 2015 había enviado una carta a la entonces ministra de Educación María Julia Muñoz, en la que relataba que se encontraba en “extrema necesidad económica”, a lo que se le sumaba algunos problemas médicos. Pero, por cosas de la burocracia, su pensión no había sido aprobada en el período anterior y el trámite volvió a iniciarse en este.

El proyecto tendrá prioridad y será sancionado en el correr de las próximas semanas, adelanta el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, que debe analizar el asunto. “La investigación fuerte sobre ese caso ya se hizo”, explica.

La comisión permanente interministerial, presidida hoy por la subsecretaria de Educación Ana Ribeiro, recomendó en lo que va del período 11 pensiones y rechazó otras siete. Algunos casos, como el de Barbitta, se arrastraban del gobierno anterior. Cuatro de las que tuvieron el visto bueno aún no han llegado al Parlamento, que es el que en última instancia aprueba o no la pensión. Porque, tras la solicitud (que puede ser del propio interesado o de legisladores), el proceso arranca con un estudio de esa comisión, que es casi detectivesco.

Si lo considera pertinente, la comisión luego pasa el trámite al Poder Ejecutivo con un informe favorable. Y el presidente, junto a los ministros del área, envía el proyecto al Poder Legislativo, aunque también puede dar marcha atrás y desestimar la pensión reclamada.

Las seis pensiones graciables ya sancionadas implican el número más alto desde 2013, cuando el Parlamento aprobó ocho leyes. En 2019 y 2020 no se otorgaron nuevas pensiones.

El BPS gastó casi 57 millones de pesos en pensiones graciables el año pasado, según datos del organismo a los que accedió El País. Eso representa el 0,48% de las pensiones no contributivas. El monto promedio de las pensiones en 2020 era de 23.868 pesos, aunque las nuevas que se otorgan son por cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), o sea los 19.480 pesos mencionados.

Hay un fenómeno claro: la cantidad total de pensiones viene a la baja al menos desde 2000. La caída es del 50% desde aquel momento, pasando de casi 399 a 199, de acuerdo a los datos oficiales. La gran mayoría, el 77%, son mujeres.

¿Y por qué son menos? “Los cambios institucionales inciden”, dice Ribeiro a El País, “hay otras formas de reconocimiento de tareas en el BPS y una jubilación siempre es de mayor monto que una pensión”. Pero enseguida aclara: “No es porque haya menos mérito”. Los artistas y deportistas están hoy “mucho más protegidos”, explica Carlos Clavijo, director del BPS en representación de los trabajadores.

El proceso es largo pero también otorga garantías para evitar que “cualquier gobierno diga que le va a dar una pensión a un amigo”, sostiene Ribeiro. “Acá no hay favoritismo para nadie y tampoco lo hubo en los períodos anteriores. Para eso tiene que haber un complot de todo el sistema político”.

La comisión interministerial está hoy “estrictamente al día”, dice Ribeiro. Solo tiene dos casos en trámite.

Lo primero que hacen es corroborar que toda la información presentada sea cierta y piden datos a las instituciones involucradas. “Si nos viene una solicitud para un antiguo cantante, hay que pedir un informe a la dirección nacional de Cultura”, explica Ribeiro. Si es un futbolista, el informe se pide a la Secretaría Nacional del Deporte.

Lorena Díaz, asesora de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, cuenta que indaga “realmente” para que se cumpla la finalidad del mandato legal, es decir que sean personas que no tienen casi ingresos y que se hayan destacado en su rubro.

“Se revisa todo y se tiene todo en cuenta”, responde Ribeiro. “Pero con un criterio humano, que es lo más disfrutable en una tarea muy aciaga porque las situaciones que llegan siempre son de dolor”. Del otro lado eso no siempre se percibe porque los trámites son largos y a veces piensan que el caso fue encajonado, admite la subsecretaria.

¿Pero cómo se determina que el implicado no tiene recursos suficientes? La comisión ha establecido que los postulantes deben tener ingresos inferiores a siete BPC, que hoy son 34.090 pesos.

¿Hay avivados, por decirlo de alguna manera? Sí, hay. Algunas personas subdeclaran. Hace poco pasó, por ejemplo, de un postulante que decía no tener ingresos y cobraba una jubilación más una pensión, que pasaba ampliamente el límite establecido. Ganaba más de 50.000 pesos al mes.

Otra interrogante: ¿tener propiedades es incompatible con recibir una pensión? “Puede tener una casa, pero no puede tener una mansión, diez casas, campos o varios autos”, responde Clavijo, del BPS.

¿Y cómo se mide que alguien haya prestado “grandes servicios a la República” o se haya destacado en su área? “Obvio que es subjetivo”, admite Díaz, “pero si las personas de diferentes organismos se pusieron de acuerdo, está bien”. De hecho, las decisiones suelen adoptarse por unanimidad en la comisión.

Ribeiro admite que es muy difícil de medir y aclara: “No alcanza con ser un buen jugador de fútbol que no tuvo buena organización económica”.

Que la persona haya obtenido premios o distinciones suele ayudar. Y, algo bien concreto, se exige que los méritos sean de reconocimiento nacional. Eso es casi excluyente. Hace poco, por ejemplo, llegó una solicitud para un futbolista que se había destacado en su departamento, pero fuera de allí no era conocido. El pedido fue respondido en forma negativa. Igual, se hicieron gestiones con el intendente del departamento y se le consultó si tenía recursos para ayudarlo. “Y se solucionó por esa vía”, dice Ribeiro.

Tampoco se aceptan pedidos colectivos. Este año un club de fútbol solicitó pensión para un grupo de exjugadores que habían sido campeones y no se le pudo dar trámite.

Cuando los proyectos llegan al Parlamento, primero pasan por comisión. Una vez en el plenario de ambas cámaras, los legisladores votan en urnas y sin discusión. El voto es secreto. A los senadores y diputados les acercan un sobre con el nombre de la persona propuesta y dos casilleros: afirmativo o negativo. Según supo El País, en los últimos años ha habido votos en contra, aunque fueron casos puntuales.

Es el único tema que se resuelve de esa manera y así lo establece la Constitución. La verdad es que ni los propios legisladores saben por qué se vota así. Jisdonian dice que es una costumbre que viene “de otra época” y que aún hoy el voto en contra de un legislador a una pensión graciable es “políticamente incorrecto”.

Según el diputado, habría que “dar transparencia” porque en última instancia se trata “de dinero”. La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, quien integra la comisión de Asuntos Laborales, opina que en el futuro debería estudiarse si hay que revisar el marco general porque “tampoco está bien que se convierta en un mecanismo de sustitución de los caminos comunes de pensiones”.

El exdiputado nacionalista Pablo Abdala, quien hoy preside el INAU, hizo planteos allá por 2013 para ajustar la normativa y modificar los criterios. Pero los reclamos quedaron en nada. Sus críticas apuntaban a que muchas veces el Parlamento no analizaba a fondo los casos, si se configuraban o no las condiciones para otorgar las pensiones. Tampoco se citaba a los representantes del gobierno de turno para que explicaran la investigación. “Venía la propuesta del Poder Ejecutivo, muchas veces sin demasiado fundamento, y se votaba casi que sobre tablas sin mayor análisis ni antecedentes”, recuerda Abdala.

Ahora, ¿tiene sentido mantener hoy las pensiones graciables? “No tiene nada que ver que estemos en 2021”, dice el diputado cabildante Martín Sodano, quien integra la comisión de Legislación del Trabajo. “Las personas a las que se les da este beneficio son mayores, la mayoría con enfermedades terminales y por dedicarse al arte no tienen recursos”, agrega.

En la misma línea, Ribeiro afirma que tiene total sentido mantener las pensiones porque en una comunidad es relevante “que se sepa que tener méritos no es algo que sea indiferente a los ojos de los otros, cuando el tiempo llega y borra la memoria”. Y que si una vez alguien tuvo fama y destaque, el Estado lo debe reconocer “cuando está viejito”. Hay gente que “se dedicó en alma y vida a una cosa sin medir si era muy redituable o no”, insiste la subsecretaria.

Clavijo, del BPS, opina que las pensiones graciables siguen cumpliendo su rol y no deberían desaparecer. “Vamos a poner el ejemplo de los miembros del GACH, que tanto contribuyeron al país. Si mañana uno de ellos tiene una desgracia económica y no se puede jubilar... ¿vos le darías o no le darías la pensión graciable?”, pregunta el director. “Yo se la daría, ¿entendés?”.

Una vez que los proyectos de pensiones son sancionados y promulgados, vuelven a la comisión permanente, quien comunica al BPS para que ordene el pago. “Y recién ahí le demos la buena noticia a la persona”, dice Ribeiro.

Hace poco ocurrió un caso que dejó el ánimo por el piso a todos los miembros del grupo de trabajo. Cuando iban a informar al interesado, llegó la peor noticia: había fallecido un mes antes. Los tiempos del Estado habían sido demasiado largos en ese caso. “Está bien que estén todos los requisitos porque el trámite es garantista”, se defiende Ribeiro, “pero cuando pasa un caso así, es horrible”. Y lamenta: “Da desesperación”.